A tres años del fallo de la Corte Suprema que avaló los abortos no punibles, todavía persisten obstáculos arbitrarios para garantizarlos en distintas ciudades del país. En el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, el jefe de Ginecología –y ex decano de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral– y los cinco médicos que integran el servicio, se negaron a practicar una interrupción legal de embarazo a una joven y se declararon objetores de conciencia, un año y medio después de que cerrara el registro para inscribirse como tales. En Rosario, también hubo trabas frente al pedido de otro aborto legal de parte de una joven con un retraso mental leve, y la subdirecora del Hospital Provincial, las jefas de Ginecología y de Guardia, entre otros profesionales, fueron denunciadas en la Justicia para que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y aplicación de vejámenes (ver aparte).
El representante de la Comunidad en el Consejo de Administración del Iturraspe, Mariano Figueroa Sobrero, con el apoyo de organizaciones de mujeres, pidió la renuncia del jefe de Ginecología, Samuel Seiref. El Iturraspe es el mismo hospital de la provincia de Santa Fe en el que ocho años atrás obligaron a la joven Ana María Acevedo, de 19 años, a continuar con un embarazo que no era indicado que siguiera adelante porque tenía cáncer, y necesitaba recibir quimioterapia. Y tampoco le quisieron aplicar el tratamiento oncológico que requería su cuadro para no afectar la gestación, lo que condujo a la muerte a la muchacha, que era muy pobre y madre de tres niños. La criatura llegó a nacer y falleció a los pocos días.
“Sí, soy objetor de conciencia y otros médicos también. Las autoridades de Salud tendrán que arbitrar los medios para que otro profesional realice la práctica o eventualmente derivarlo a un nosocomio para eso. No veo cuál es el problema. Después de todo, sólo diez cuadras separan al Iturraspe del Hospital Cullén, por ejemplo, donde porían realizársela”, sostuvo Seiref, que fue decadano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. La decisión de todos los médicos del servicios de declararse objetores de conciencia, por fuera del plazo legal que estableció la provincia de Santa Fe para que pudieran hacerlo, surgió a partir del pedido de otra mujer pobre y madre de tres hijos, que “se presentó el 2 de febrero desesperada porque no tenía dinero para pagar un aborto en forma privada y no quería continuar con ese embarazo, porque con el último había sufrido una patología que casi la mata y no podía dejar de trabajar”, señaló a este diario Figueroa. La mujer fue recibida por el director del Iturraspe y escuchada por un equipo interdisciplinario, en varios encuentros. El equipo llegó a la conclusión de que encuadraba en la “causal salud”, es decir, que por tanto la práctica era legal, tal como figura en el dictamen, al que tuvo acceso Página/12. Se tuvo en cuenta además de su cuadro clínico, que la mujer contó que conocía a una vecina que realizaba interrupciones de embarazo, lo que alarmó al equipo interdisciplinario por el temor a que pusiera en riesgo su vida con una práctica abortiva insegura. En esa instancia, según contó Figueroa, se le pidió al jefe de Ginecología que la recibiera. Pero Seiref se negó, alegó que no estaba de acuerdo con el aborto, precisó el Representante de la Comunidad. “Entonces decidimos citarlo y le expresé que no podía ser jefe del Servicio de Ginecología, que se había quedado con la definición de que salud es la ausencia de enfermedad y de que tenía que leer el fallo F.A.L. de la Corte Suprema. Expresó que era objetor de conciencia y que al día siguiente todo el servicio presentaría el formulario de objeción”, indicó Figueroa. La práctica médica pudo resolverse. Pero quedó en evidencia la posición de todo el servicio frente a casos similares.
Figueroa sacó a la luz la situación en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por organizaciones sociales como la Multisectorial de Mujeres. “Es una barbaridad lo que pasa en el Iturraspe con el jefe de Ginecología. El registro de Objetores de Conciencia había cerrado hacía un año y medio. La objeción de conciencia es un derecho individual pero no puede todo un servicio declararse así”, cuestionó la activista Mabel Busaniche, de la Multisectorial. Se trata de un servicio que además es formador de futuros ginecólogos. El caso tuvo otras derivaciones: la Asociación Ojo Ciudadano, ligada a la Iglesia Católica, realizó una denuncia contra el hospital por considerar de que no se trataba de un aborto legal y otras entidades religiosas antiderechos se movilizaron frente al Iturraspe para manifestarse “a favor de la vida, en contra del aborto”. Los activistas católicos y evangélicos dijeron estar en contra del protocolo nacional implementado por Salud de la Provincia. Entre sus argumentos, sostuvieron que esa guía –que tiene status de resolución ministerial– contempla que las mujeres pueden pedir un aborto a partir de los 14 años y “sin el aval de los padres, novios o maridos” y que el médico debe practicarlo sea o no objetor.
Como quedó en evidencia en el Iturraspe, la objeción de conciencia está siendo utilizada también en otros hospitales del país como un nuevo obstáculo para garantizar los abortos legales, avalados por el histórico fallo FAL de la Corte Suprema del 13 de marzo de 2012. El protocolo de atención de estos casos que acaba de actualizar el Ministerio de Salud de la Nación y que es de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones sanitarias pública y privadas establece que la objeción de conciencia queda limitada expresamente para aquellos casos en que ha sido autorizado por la institución médica y subordinado siempre a que no afecte la disponibilidad material de la atención.
(Página 12, domingo 30 de agosto de 2015)
