Para SALVAR EL PLANETA tenemos que conocer y denunciar a aquellos que desarrollan actividades que agudizan los problemas ambientales que tanto daño le hacen al planeta y para ello, un caso emblemático es la explotación minera de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
Sus antecedentes se remontan a los años 1920, cuando Abel Peirano, que vivió entre los años 1896 y 1969, se recibió de farmacéutico con medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires y decidió radicarse en Santa María, pequeña ciudad catamarqueña que data de la época incaica, ubicada en el valle del Río Santa María, a escasos kilómetros del límite con Tucumán.
Peirano, amante de la naturaleza, realizó expediciones mineras en Catamarca, Tucumán y Salta y en 1936, recorriendo las montañas catamarqueñas, llegó a la zona llamada desde antiguo; Agua de Dionisio y encontró vetas importantes de oro. Entonces ofreció el yacimiento al Instituto de Geología de la Universidad de Tucumán, en donde dictaba clases y en un gesto que lo dignifica, en lugar de declarar el yacimiento a su nombre, como hacen tantas personas, registró la propiedad del distrito minero a nombre de la Universidad Nacional de Tucumán diciendo: “Debe ser explotado para beneficio total del pueblo argentino".
Veinte años después, en 1958, durante el gobierno de Frondizi, por ley nacional 14.771 se constituyó la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), entre la Universidad Nacional de Tucumán, la Provincia de Catamarca y el Gobierno Nacional y las utilidades obtenidas serían 60% para la provincia de Catamarca; 20 % para la Universidad Nacional de Tucumán y 20 % para repartir entre todas las universidades nacionales del país. Excelente idea para distribuir el resultado de explotar los recursos mineros que son NO renovables: el principal beneficiado es la provincia en que se encuentra el yacimiento, 60%, y el resto de las utilidades se destina a la educación; comparemos con las leyes creadas por Menem, que solo dejan al país menos del 2% de lo que ellos “declaran” que se llevan. Pero esta idea, tan beneficiosa para la Argentina, fue totalmente desvirtuada en los´90 cuando, con la certeza de que realmente había allí un tesoro, crearon la empresa Bajo La Alumbrera, entre YMAD, minoritaria y Minera Alumbrera Limited con la mayoría del capital accionario, propiedad de la empresa suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orión.
Así, con una inversión de 800 millones de dólares, logrados con un crédito del Eximbank de U$S 1.200.000.000 con garantía de la Nación Argentina (o sea sin poner ni un peso) y amparados en las perniciosas leyes mineras que el mismo Menem hizo aprobar en 1997, empezaron a sacar minerales con un método creado solo para maximizar su rentabilidad.
A grandes rasgos, y en próximas entregas lo ampliaremos, digamos que, dinamitando y procesando por año 40 millones de toneladas de roca, o sea más de 4 millones de kilos de roca por hora y, usando y contaminando durante cada año 24 mil millones de litros de agua fresca, procesan y envían por un caño de 10 pulgadas un barro con los principales minerales, que llega a Tucumán luego de 300 km de recorrido; allí le sacan el agua en exceso y cargan el producto en un tren que se privatizó en los ´90, y con vagones propios, trasladan un promedio de 2.500 toneladas diarias hasta el Puerto de San Lorenzo, donde en un predio que también se privatizó en los ´90, almacenan el producto, lo cargan en barcos propios y, al llegar al destino que ellos han decidido, nos informan del contenido de oro y cobre que se llevaron y en función de ese informe, nos liquidan las regalías, que son el 3% del valor en boca de mina (o sea, no del producto terminado, sino de un valor que ellos mismos informan), previo descontarnos el 1,2% por gastos de comercialización, autorizado esto último por la modificación del artículo 22 de la Ley 24196, modificación que se hizo justo antes de que se fuera Menem. Y por el artículo 16.1 del contrato firmado el 27 de febrero de 1997, “cualquier dato de la mina será tratado como estrictamente confidencial y no será revelado a terceros sin consentimiento por escrito de la otra parte”, impidiendo así el acceso de los ciudadanos argentinos a la información pública que involucra el uso del patrimonio común, que son los recursos minerales de nuestro país. ¿Usted piensa qué esto no es posible? Síganos en la próxima entrega, porque todavía hay mucha tela para cortar.
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