VIENE DE LA EDICION DE AYER
Seguimos describiendo la vergüenza nacional que significa Bajo La Alumnbrera. Recordemos que el Congreso Nacional en 1959, durante la Presidencia de Frondizi había sancionado la Ley 14771, que en su artículo 5° indicaba taxativamente: "La empresa Yacimiento Minero Aguas del Dionisio no podrá transferir los derechos que se le otorgan, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeros". Por eso el siguiente gobierno militar, la autodenominada Revolución Argentina de Onganía, con Adalbert Krieger Vassena como su ministro de economía, lo primero que hizo fue modificar el citado artículo 5° por el siguiente texto: "YMAD podrá transferir los derechos de propiedad y posesión de la concesión minera a personas físicas o de existencia ideal nacionales o extranjeras,” invirtiendo así la decisión soberana del Congreso legítimamente elegido y, como si no fuera bastante, Krieger Vasena firmó contrato con la empresa Andina Cities Service S.A., extranjera, de capitales ingleses, concediendo esos yacimientos por un término de 50 años, a cambio de un pago de dos millones de dólares por todo concepto y con plena libertad de transferencia de remesas al exterior.
Esta traición al pueblo argentino, originó en toda Catamarca una violenta reacción popular en noviembre de 1970, con intensas jornadas de protesta que obligaron a la renuncia del interventor federal designado por Onganía, el Gral. Brizuela y a la anulación del convenio con la Cities Service. Concluído el gobierno militar y al volver la democracia en 1973, nuevamente el Congreso Nacional restituyó el texto original del artículo 5° de la Ley 14771, pero fue un triunfo efímero porque en 1976 otro golpe de estado implantó un nuevo gobierno de facto, ahora denominado Proceso de Reorganización Nacional y durante su fase más cruenta se suprimieron de un plumazo los obstáculos al capital extranjero y el nuevo ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz impulsó la reforma del Código de Minería, en sintonía con las reformas económicas promovidas desde Washington para toda la región.
Se dictaron las leyes 22059 y 22259 “alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería” y también la ley 22384, que cambió el polémico artículo 5º una vez más. O sea, las leyes sancionadas por gobiernos no democráticos son las que permitieron en la época de Menen, la formación de la UTE entre YMAD y Minera Alumbrera Ltd. abriendo así el camino al dominio del capital extranjero sobre las reservas mineras e hídricas del país y permitiendo extraer estos recursos estratégicos para abastecer las ‘necesidades industriales’ de los países poderosos del mundo.
Modificar el estratégico artículo 5° de la ley 14771 dictada por Frondizi cuando se creó YMAD, fue una imposición de la grandes empresas mineras internacionales, que contaron con un gobierno militar que obedecía sus mandatos y, con la anuencia del Banco Mundial y los restantes organismos multilaterales (FMI, BID, OMC, Cepal), implantaron las ‘reformas mineras’ neoliberales, convirtiendo a YMAD en la punta de lanza de la avanzada de las corporaciones mineras transnacionales sobre nuestro territorio.
Recordemos que en la postguerra, varios países de América Latina, entre ellos la Argentina, nacionalizaron sus reservas mineras y restringieron las inversiones extranjeras en esas áreas con el objeto de resguardar estos recursos no renovables y reorientarlos para la industrialización y su uso interno. Pero esa valiente actitud afectó el histórico control que ejercían los países industrializados del Norte, que eran los principales consumidores de estos recursos no renovables tan demandados por la industria militar.
En Estados Unidos, hay una Ley de Almacenamiento de Materiales Estratégicos, que considera el control de esos minerales como una cuestión de seguridad nacional y exige el control y abastecimiento de los mismos, controlando los flujos de aprovisionamiento mediante la asociación con las empresas privadas, la contratación de intermediarios y la firma de tratados con países productores y visto hoy retrospectivamente, la llegada a Latinoamérica y Africa de gobiernos militares alineados con la doctrina de Seguridad Nacional de los EE UU, fueron el paso imprescindible para la drástica transformación de las bases económicas, políticas y culturales a lo largo y a lo ancho de los dos continentes y eso de ninguna manera fue producto de la casualidad.
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