“Leyes para que respeten los derechos humanos”.
El grupo de especialistas encabezado por el suizo Jean Ziegler concluyó, en su primer informe sobre los fondos buitre, que los fallos de la Justicia norteamericana favorecen conductas que llevan a la violación de los derechos humanos y dañan las políticas sociales.
Los fallos de la Justicia norteamericana en beneficio de los fondos buitre en el litigio contra la Argentina representan “un retroceso para la reestructuración de la deuda y dañan también las negociaciones actuales para establecer un mecanismo internacional de reestructuración de las deudas soberanas”. Esa es una de las conclusiones del informe elaborado por expertos encabezados por el suizo Jean Ziegler a pedido del Comité Asesor especial creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como no se trata solo de una cuestión moral sino práctica, los expertos sugieren que exista legislación dirigida claramente a conseguir el respeto de los derechos humanos por parte de los fondos buitre domiciliados en un territorio o jurisdicción.
“Los Estados deberían aplicar las leyes regulatorias que rigen para el mundo empresario a fin de persuadir a los fondos buitre de que respeten los derechos humanos”, sostiene el documento completo escrito por Ziegler y su equipo, de 27 páginas en inglés, es un registro de la actividad de los buitres y de cómo esa actividad puede violar los derechos humanos. Es un primer escrito surgido de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de septiembre pasado. La Argentina trabajó para instalar el problema a través de su embajador en los organismos internacionales con sede en Ginebra, el ex vicecanciller Alberto D’Alotto.
Ziegler, de 81 años, es un veterano dirigente político socialista que entre 2000 y 2008 fue relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación. Se hizo famoso en los últimos 30 años por investigaciones sobre el lavado de dinero en el sistema financiero de su propio país.
Según el texto, los fallos crearon un “precedente peligroso porque penalizaron a los acreedores que participaron en las negociaciones de deuda” y su cumplimiento dañaría los progresos realizados por la Argentina en políticas sociales, con un aumento de la participación en el PBI de un 9,5 por ciento en 2003 a un 15,5 por ciento en 2015 considerando salud, educación, seguridad social y vivienda.
Lo positivo de los fallos (“resultado inesperado”, define el documento) es que generaron un apoyo “sólido y amplio” a la postura argentina contra los fondos buitre.
El apartado C del documento está dedicado al juicio de NML Capital Ltd., de Paul Singer, con sede en Islas Caimán, contra la Argentina. El trabajo constata que después del “colapso catastrófico del 2001”, en 2005 y 2010 la Argentina firmó acuerdos con el 92 por ciento de sus acreedores con una quita de alrededor del 70 por ciento. Antes del colapso, el fondo buitre NML compró bonos en el mercado secundario. Pagó unos 48,7 millones para bonos por 220 millones de dólares. Incluso dentro del total de bonistas los buitres son una parte ínfima: el 1,6 por ciento.
El punto 35 se alarma por la decisión de Griesa de privilegiar el derecho de unos acreedores sobre otros interpretando de otro modo el tradicional principio equitativo del pari passu. Las consecuencias están definidas en el documento como “impactantes”, porque la Argentina recibió la indicación de pagar totalmente a los buitres antes de abonar lo que viene depositando al resto de los acreedores que ya negociaron. “No es sorprendente que esa decisión haya sido ampliamente cuestionada, incluso por el propio gobierno de los Estados Unidos”, dice el texto. También describe a Singer como el mayor donante de campaña de los republicanos George W. Bush y Mitt Romney, lo cual le dio “un enorme poder de influencia y una capacidad especial de obtener cooperación legal y política para sus operaciones”.
Uno de los problemas que detectó el equipo de Ziegler es que no existe un régimen jurídico internacional para los casos de insolvencia o bancarrota de Estados.
“Cuando un Estado entra en default en sus deudas soberanas se ve obligado a comenzar bajo su propia iniciativa un proceso de reestructuración de su deuda externa, con complejas negociaciones con una variedad enorme de tipos de acreedores, incluyendo a los acreedores privados comerciales”, dice uno de los párrafos.
La participación en esos procesos de negociación es voluntaria y entonces ciertos acreedores pueden decidir que no participarán de la renegociación porque apuesta a un repago mayor. Aquí es donde entran en juego los fondos buitre, que buscan como resultado final una ganancia mayor luego de llevar al Estado a los tribunales. Para eso, naturalmente, se aprovechan al máximo de las fallas del sistema.
El ex experto independiente en la cuestión de los efectos de la deuda Cephas Lumina, consultado por los investigadores, hizo hincapié en que los buitres ejercen presión política. Muchas veces los fondos compran títulos que se debilitan o pertenecen a países que pueden entrar en default. Por eso son buitres. No son prestamistas sino compradores en el mercado secundario. “Se los llama buitres porque son predadores”, define.
Son predadores porque atacan la deuda soberana de Estados con economías desarticuladas y una capacidad de defensa más frágil. Según el Banco Mundial, 26 fondos buitres agredieron a la tercera parte de los Estados que son destinatarios naturales de medidas de alivio de la deuda o ayuda en el combate contra la pobreza.
Los predadores “se benefician de la opacidad y la falta de control del mercado secundario”, donde hay grandes descuentos y donde no rige la obligación de informar nada al Estado deudor. La deuda es soberana pero aparece tratada de manera oculta.
Los buitres tratan de evitar los procesos de reestructuración ordenada y procuran presionar a una nación débil para que acepte un acuerdo en condiciones desventajosas. Para eso hay que convencerla de que un proceso largo será costoso y que supondrá mantener un litigio con una contraparte muy agresiva. Es lo que ocurrió con Grecia en 2012, cuando en medio de una situación política inestable arregló pagar de manera privilegiada al fondo Dart Management, con asiento en las Islas Caimán.
Los predadores no solo buscan cobrar más que los negociadores. Además quieren el valor total, más intereses y punitorios por mora. Hay registro de dinero cobrado en seis años con ganancias anualizadas del 50 al 333 por ciento, resultado que puede complicar las reservas de un país. Los buitres suelen elegir “jurisdicciones amigables para los acreedores” (creditor friendly jurisdictions, dice el texto) como los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque cada vez más también litigan en muchos de los países deudores.
Los buitres apelan a campañas de lobby y “organizan campañas de prensa para desacreditar a los Estados deudores para forzar a los gobiernos a pagar”. También pueden interceptar bienes en terceros países. En 2005 la British High Court permitió que el fondo buitre Kenington International Limited interceptara fondos de la República del Congo provenientes de las ventas de petróleo para cobrarse 39 millones de dólares de deuda.
Los predadores maximizan ganancias a niveles altísimos. Alcanzan de tres a 20 veces su inversión. Es un retorno de la inversión de un 300 al 2000 por ciento. Es el caso de Elliott Associates L. P. en Perú, en 1996, donde 11 millones se convirtieron cuatro años después en 58 millones de dólares. En algunos ejemplos, según el Fondo Monetario Internacional, los reclamos llegan a un equivalente del 12 o 13 por ciento del producto bruto de un país. Como además la mayoría de los fondos buitre funcionan en paraísos fiscales con secreto bancario, pueden incurrir en evasión fiscal y no tienen obligación de informar sobre beneficios o propietarios.
Los expertos llegaron a un diagnóstico después de estudiar los casos de las últimas décadas, que son 120 entre 1976 y 2010 contra 26 Estados, solo considerando juicios en los Estados Unidos y en el Reino Unido. “Como tienen un 72 por ciento de casos ganados, es probable que las demandas entabladas por fondos buitre proliferen en el futuro.”
La probabilidad de que haya litigio en casos de deuda soberana pasó de un 10 por ciento en los años ‘80 a un 40 por ciento en la etapa reciente y puede hacer que países como la República Democrática del Congo no puedan, después de pasar 40 años bajo una dictadura, mejorar las condiciones de una población donde el 80 por ciento vive con menos de dos dólares por día.
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