El sendero para recuperar un ritmo sostenido de crecimiento para el tránsito hacia el desarrollo requiere de un fuerte dinamismo de la inversión en la economía real. El aporte para ampliar la frontera productiva debe provenir del sector privado y también del público. Aquí aparece un dilema que la próxima gestión de gobierno tendrá que enfrentar si pretende incrementar los actuales niveles de inversión, especialmente en áreas estratégicas (energía e insumos difundidos). El saber económico convencional propone generar condiciones para alentar la inversión privada. Lo resumen en el gaseoso concepto de la “confianza” para atraer capitales. La más potente restricción de esa estrategia son las exigencias detrás de ese marco general condensado en la “confianza”. El aspecto relevante de esa postulación es que las medidas del consenso ortodoxo para seducir a la inversión privada tienen como desenlace una crisis. Se va ordenando así un círculo perverso: ante la ausencia de señales “pro mercado” la inversión privada se retrae generando cuellos de botellas que provocan tensiones inflacionarias y cambiarias, y para atraer a esos capitales, el mundo de los negocios propone el ajuste económico, que termina en una caída del nivel de actividad económica y, por lo tanto, en una contracción de la inversión. Para evitar este circuito de deterioro el Estado debe asumir la doble condición de promotor de la demanda (mercado interno) para impulsar la inversión privada, pero esa política genera presiones por el lado de los precios internos y por el sector externo por la escasez de divisas. Frente a esta situación entonces tiene que asumir un segundo rol en forma más decidida: la inversión directa en sectores estratégicos de la economía para aliviar esos dos frentes de tensiones. Esto genera a la vez ruidos en las señales de “confianza” que reclama el sector privado. En esa instancia donde se bifurcan hoy los caminos de la economía argentina: un Estado activo orientando e interviniendo en la inversión como variable clave para el desarrollo, o el ajuste tradicional para ganar la efervescente confianza del sector privado.
El reciente estudio de la Cepal “La formación bruta de capital fijo en América Latina y el Caribe: hechos estilizados e implicaciones para el crecimiento de largo plazo” explica que “en general, la inversión es el componente más volátil de la demanda agregada, y en la región aún es mayor que la observada en otras partes del mundo, esencialmente por la dinámica del componente de maquinaria y equipo, que suele estar asociado a la productividad y, por ende, hace que las ganancias de productividad sean también fluctuantes y no puedan sostenerse en el tiempo, lo que incide en la brecha de productividad que registra América latina y el Caribe con relación a otras regiones”. Señala que la dinámica del ciclo de la inversión ha sido poco favorable para promover un crecimiento sostenido e inclusivo de mediano y largo plazo, y que del análisis de la dinámica de los ciclos económicos se desprende que, en las fases negativas del ciclo, la contracción de la inversión es marcadamente superior a la del PIB, en términos de su duración e intensidad. Y la inversión no logra recuperar, en la fase expansiva del ciclo, la intensidad y duración de su caída en la fase contractiva. Por ese motivo, los niveles de inversión pública en América latina se sitúan muy por debajo de los que registran regiones como Asia. Para el período entre 2007 y 2013, la inversión pública como proporción del PIB se situó en un 5,3 por ciento en América latina y en un 8,0 por ciento en el caso de Asia.
La experiencia de YPF muestra la relevancia de la participación estatal en un área estratégica para el desarrollo y cómo actúa en forma contracíclica al tradicional comportamiento de la inversión en Argentina, como el descripto por la Cepal para América latina. La petrolera nacional en manos privadas mostraba indicadores de inversión local muy pobres, con el consiguiente encadenamiento negativo de esa decisión en el nivel de actividad doméstica. Su elevada rentabilidad no era reinvertida sino que era girada en divisas al exterior. Esa política empresaria alimentó dos cuellos de botella en una economía con una estructura productiva desequilibrada como la argentina: por el lado de la producción, la pérdida del autoabastecimiento (soberanía energética) que derivó en el encarecimiento de los costos energéticos, y por el lado financiero, la reducción de las reservas internacionales del Banco Central que agudizó las tensiones cambiarias.
Esos dos factores de desestabilización económica en la coyuntura y de limitación estructural para promover el desarrollo quedaron neutralizados cuando el manejo de la petrolera pasó a manos del Estado. Las crecientes ganancias de la petrolera están siendo reinvertidas en el mercado doméstico para aumentar la producción con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento. Esos recursos incrementales volcados al circuito productivo local son un multiplicador de la actividad y el consumo. Las utilidades además no son convertidas a dólares para fugarlos a la casa matriz española sino que se mantienen en pesos en la economía local. YPF, con participación mayoritaria estatal, dejó de ser demandante de divisas para girarlas al exterior (2884 millones de dólares en el período 2012-2015 si hubiera seguido bajo control de la española Repsol, estimadas por un estudio del CESO –ver la nota de tapa del suplemento económico Cash de esta edición–), sino que por el contrario sumó dólares vía endeudamiento externo para financiar inversiones.
Este recorrido de YPF convoca a un necesario debate sobre la importancia de la intervención directa estatal en sectores estratégicos para el desarrollo. El dilema se plantea entre la frívola invitación a construir “confianza” del sector privado para que invierta con incierto resultado o encarar pasos más decididos en inversiones directas por parte del Estado replicando la experiencia de YPF. La industrialización y sustitución de importaciones para generar las bases para el desarrollo exige un ordenamiento productivo (planificación) desde el Estado, debido a que la profundización de ese proceso requiere montos elevados de capital (inversiones) para integrar la estructura productiva con las industrias básicas (energía, siderurgia, petroquímica). El desarrollismo tradicional lo planteaba a partir del aporte de capitales extranjeros pero dada la experiencia pasada (década del ’60) y reciente (década del ’90) la opción superadora es un Estado protagonista en industrias base (por ejemplo YPF en energía y su ramificación en la petroquímica y química).
Por este último sendero empezó a transitar YPF cuando anunció su avance en un área estratégica de la economía: la industria petroquímica. Si bien ya estaba participando en el sector en sus tres complejos industriales integrados operativamente con sus refinerías La Plata, Plaza Huincul y Luján de Cuyo, regresó a un segmento que Repsol había liquidado cuando controlaba a la petrolera: la producción y comercialización de polímeros, y particularmente de uno de ellos, el polipropileno, insumo básico en la fabricación de envases de alimentos, cañerías, tapas de envase y paragolpes de autos, entre muchas otras aplicaciones industriales. YPF estatal desembolsó 122 millones de dólares para recomprar el 50 por ciento de las acciones de Petroken y el 46 por ciento del paquete de Petrocuyo. De ese modo pasará a ocupar una posición de liderazgo en un sector estratégico para aportar a la dinámica de la industrialización y la incorporación de valor agregado a la producción petrolera, base indispensable para un proyecto de desarrollo.
¿Cuál es la ventaja entonces de la participación directa del Estado en áreas estratégicas en lugar de esperar los resultados provenientes de la “confianza” del sector privado? Los fundamentos del proyecto de ley creando la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas ofrecen elementos para responder a ese interrogante. La iniciativa presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado declara de interés público a los paquetes de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional y del Ministerio de Economía (Correo, Metrogas, BICE, Aeropuertos Argentina 2000, Administración General de Puertos, trenes, Intercargo, entre otras), y prohíbe su transferencia sin aprobación por ley de dos terceras partes del Congreso de la Nación. El objetivo detallado en el proyecto es permitir al Estado intervenir “activa y positivamente” en sectores clave de la economía, como el energético, financiero, industrial y de servicios, para que pueda.
- participar en la elaboración de los planes de inversiones de las empresas, para que sus decisiones también contemplen políticas favorables para el sector;
- influir en la política de precios de las empresas y, consecuentemente, en los sectores involucrados;
- tomar conocimiento de reestructuraciones societarias (fusiones y adquisiciones), a los fines de evitar conductas monopólicas o distorsivas de la competencia;
- fomentar e incentivar la orientación productiva de las empresas.
Incrementar la tasa de inversión en relación al Producto Interno Bruto es uno de los grandes desafíos para el desarrollo. Si el sector privado no le satisface las elevadas rentabilidades que contabiliza en la economía argentina para reinvertirlas en la expansión de la producción y en el ahorro de divisas por sustitución de importaciones, tendrá que ser entonces el Estado que encare en forma directa esta misión del desarrollo.
(Página 12, domingo 23 de agosto de 2015)
