ARGENTINA / Son 292 los condenados por delitos de lesa humanidad / Escribe: Daniel Enzetti

El informe revela que desde el retorno de la democracia son 880 los procesados por delitos aberrantes, de los cuales casi 300 recibieron sentencia. Más de 600 civiles y militares fueron mencionados en causas orales. Próximos pasos.




Un informe redactado para Tiempo Argentino por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado sostiene que, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, 880 personas entre civiles y militares fueron procesadas por delitos aberrantes. Los que recibieron sentencia llegan a 292, y de ese total, 49 tienen condena firme. El resto, 243 acusados, espera que los tribunales resuelvan su proceso, por haber interpuesto recursos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en salas de Casación Penal. Siempre tomando la totalidad de los procesados, 605 son mencionados en alguna causa elevada a juicio oral.

La unidad, creada en 2007 y encabezada por Jorge Auat y Pablo Parenti, controla el desarrollo de las causas en todo el territorio nacional, y fue clave para agilizar audiencias y enfrentar las maniobras de impunidad surgidas a partir de trabas burocráticas y complicidades entre funcionarios judiciales y genocidas.

El trabajo entregado a Tiempo se divide en dos partes. Por un lado, el esquema completo de juicios en curso, la gran mayoría orales, pero también escritos según el viejo procedimiento. Y por otro, una grilla de procesos que ya tienen fijada fecha de inicio, a partir de este mes de junio.

Los juicios orales en pleno desarrollo involucran las jurisdicciones de Capital Federal, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Juan, Paraná, Posadas, General Roca (Sección Judicial Neuquén), Tucumán (Sección Judicial Catamarca y Sección Judicial Santiago del Estero), Comodoro Rivadavia y Salta. A eso se suman los escritos, en la Ciudad de Buenos Aires y Paraná.
Tratan distintos hechos aberrantes (secuestros, homicidios, torturas, abuso sexual, robo de bebés, desapariciones), en perjuicio de 1075 víctimas.
En cuanto a los juicios programados, describirán lo ocurrido durante la dictadura en las jurisdicciones de Córdoba, San Martín, Rosario (Sección Judicial San Nicolás), Salta (Sección Judicial Jujuy) y Capital Federal, en perjuicio de otras 1060 víctimas.

Con respecto a las demoras que se venían registrando hasta mediados de la década pasada, en la unidad destacan lo ideológico como una de las razones más importantes. “Si un juez o un fiscal analizan actos que implican a la misma estructura de la que forman parte –sostiene Auat a este diario–, el accionar se condiciona. Ante los procesos de lesa humanidad hubo una reacción corporativa, y el sistema funcionó como cuerpo, porque ese sistema fue cómplice. Aún hoy el fenómeno continúa en varias jurisdicciones. Como forma de cambiar esa realidad, para agilizar los juicios diseñamos un proyecto estratégico de concentración, como forma de evitar la dispersión. Ni bien lo presentamos aparecieron las trabas, y advertimos que algunos tenían poca voluntad en apurarse. Pero era necesario cambiar el paradigma.”

“El sistema acomodó el objeto a su metodología, dispersando causas –explica Parenti–, y por eso la cosa estaba mal. Lo que ocurrió en Córdoba fue una muestra. En los años ochenta, a Luciano Benjamín Menéndez se lo imputaba por 400 casos ocurridos en el centro clandestino La Perla. De repente vimos que en La Perla existían 19 causas distintas. Y encima, la administración de justicia desprendía tema por tema, había más de 1000. No sólo se perdía tiempo, sino que además los juzgados se convertían en fábricas de papeles. Todo lo contrario a lo correcto, es decir, el agrupamiento de casos según denominadores comunes.” Y agrega: “Entonces organizamos las causas en tres grupos. Las que estaban avanzando aun con esa metodología inadecuada; las que ya tenían prueba desde los ochenta que justificaban juicios más sólidos; y un grupo de casos que faltaba esclarecer. Y decidimos impulsar juicios en varias zonas, porque el primer juzgamiento en un lugar es muy importante, abre el camino y cambia totalmente la jurisdicción. Como seguramente pasará en Jujuy en los próximos días.”

El 12 de julio, Jujuy vivirá un hecho histórico: por primera vez en 36 años, la provincia escuchará en audiencias orales detalles de la manera en que la dictadura reprimió, secuestró y asesinó a estudiantes, militantes políticos, representantes rurales de base y trabajadores mineros y zafreros. Por una cuestión procesal y de aceleramiento de tiempos, se trabajarán causas acumuladas: Álvarez García, Aredez, Bazán, Aragón y Galeán. Con una particularidad: las audiencias avanzarán sobre la complicidad civil y empresaria dentro del engranaje genocida, sobre todo lo ocurrido en la minera El Aguilar y en el Ingenio Ledesma.

“Los crímenes de la dictadura tienen autores de avanzada edad –dice Auat–, y eso debía ser tomado en cuenta. De otra manera, a corto plazo caíamos en otro tipo de impunidad, por una cuestión biológica. Se morían imputados, y se morían víctimas. Como Olga Aredez en Jujuy, por ejemplo. Lo peor que puede ocurrirle a una persona que sufrió lo padecido por Olga es llegar al final de la vida sin ver la solución a su conflicto, sin poder repararlo. Por otro lado, la muerte de testigos origina otro perjuicio, que es restar potencial probatorio a la propia causa. Y eso también genera impunidad.”

Otro paquete cercano al juicio oral corresponde a delitos de lesa humanidad registrados en Junín. Se trata del proceso contra siete ex policías y militares por secuestro y torturas a 30 personas, como parte de la mega causa Primer Cuerpo del Ejército. Entre los imputados figuran el coronel retirado Ángel José Gómez Pola y los ex policías Miguel Ángel Almirón, Edgardo Antonio Mastrandrea y Julio Ángel Esterlich.

En cuanto a los procesos a punto de finalizar, la Unidad incluyó el de Mar del Plata, donde en estos días se pronuncian alegatos referidos a secuestros y torturas en el centro clandestino de detención La Cueva (dentro de la Base Aérea), las comisarías Primera y Cuarta de la Ciudad, y la subcomisaría de Necochea.

También se escuchan alegatos en Bahía Blanca. Sobre todo el de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Mónica Fernández Avello, que arrancó pidiendo prisión perpetua para los represores involucrados. La causa bahiense fue una de las más importantes de los últimos meses (comenzó en 2011), reconstruida gracias a la palabra de casi 400 testigos.
Al igual que Jujuy, Tucumán es otro de los distritos donde se unificarán causas para hacer más rápidas las audiencias y el tratamiento de casos. Son casi 50 los imputados por la represión en la provincia, vinculados con lo ocurrido en la Jefatura II y el Arsenal II.

Para los representantes de la Unidad Fiscal, el tema clave de ahora en adelante será la decisión política. “Podríamos hablar de que falta gente, que hay poca infraestructura –explica Auat–, pero ese no es el verdadero problema. Lo realmente importante es que los tribunales fijen agenda. Para que no ocurra lo de Rosario, que acaba de comunicar la programación de un juicio para mayo de 2013. De esa manera es imposible terminar con los procesos que faltan. ¿Quién controla, por ejemplo, las audiencias que se hacen por día? La lógica del sistema judicial se basa en que cada juez federal maneja su juzgado como le parece, y lo mismo hacen los tribunales orales. Y si te atrevés a cuestionar algo, o a recomendar un camino, salen con que eso afecta la independencia de la justicia.”

Parenti lo reafirma: “En realidad, eso de la independencia aparece como una muletilla para frenar cualquier tipo de control de la gestión. Y la independencia judicial no tiene que ver con eso, sino con que el juez pueda decidir libremente si una persona es culpable o no. En tanto funcionario público, la gestión de un juez puede y debe ser controlada por la sociedad. Obviamente no es correcto que esa sociedad influya en su manera de inclinarse ante un conflicto. Pero sí está habilitada a interpelarlo, y a enterarse de la forma en que actúa, y finalmente arriba a su sentencia.” <


La clave
AGENDA

Para Jorge Auat y Pablo Parenti, responsables de la unidad, lo importante es que “los tribunales fijen agenda, y que el paso del tiempo no se convierta en una muestra más de impunidad”. La muerte de testigos actúa restando potencial probatorio.



(Diario Tiempo Argentino, domingo 24 de junio de 2012)

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