El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), arzobispo Víctor Manuel Fernández, le escribió una carta al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que cuestionó la jurisprudencia del máximo tribunal sobre el aborto no punible. Fernández es un teólogo de consulta de Jorge Bergoglio. Además de criticar el fallo de la Corte –un dictamen que aclaró que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder al aborto–, el rector de la UCA se quejó del protocolo dictado recientemente por el Ministerio de Salud destinado a los hospitales que, a su criterio, “no responde a la legislación vigente”. Especialistas y organizaciones por los derechos de las mujeres advirtieron que las críticas intentan frenar la implementación efectiva del acceso al aborto no punible.
La carta es del 4 de agosto, pero fue difundida ayer por la agencia católica AICA. Por la cercana relación del arzobispo Fernández con el Papa, tuvo una repercusión amplia e inmediata. El directivo de la UCA le reprocha en ella a Lorenzetti algunos fallos judiciales que, considera, implicaron “un avance de la Justicia por sobre la legislación”.
“¿Qué sentido tienen los debates legislativos –donde a veces se discuten y votan detalles ínfimos de la letra de una ley– si después los fallos avanzan más allá de lo legislado? ¿No se trata de un indebido avance de un poder del Estado sobre el otro?”, preguntó en este sentido.
El rector utilizó así un planteo instalado por el gobierno nacional, que viene cuestionando a sectores de la Justicia y de la política que han promovido pedidos de inconstitucionalidad de leyes para frenar su implementación, en lugar de dar el debate en el Congreso. Pero apenas se avanza en la lectura de la carta, se ve que el cuestionamiento apunta en realidad a otra cosa.
Es que Fernández puso como ejemplo “más grave” de esa intromisión de la Justicia el fallo que la Corte Suprema dictó el 13 de marzo de 2012 sobre el aborto no punible, conocido como fallo F.A.L. “Se interpretó de forma muy amplia la despenalización del aborto establecida en el Código Penal”, aseguró el rector. “De ese modo se acabó ‘legislando’ desde el Poder Judicial una ampliación de las causales de despenalización previstas originariamente en la ley.”
Sin embargo, especialistas y referentes de organizaciones por los derechos de las mujeres aclararon que el dictamen de la Corte no significó ninguna ampliación del aborto no punible.
“Lo que la Corte hizo en el fallo F.A.L fue poner en claro que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo cuando fue producto de una violación. A raíz de una redacción no muy clara del artículo 86 del Código Penal se discutió durante 90 años si el aborto no punible en caso de violación era aplicable sólo cuando se trataba de una mujer incapaz, o si una mujer violada capaz podía tener el mismo derecho. La Corte ratificó lo que muchos otros precedentes ya habían dicho: capaz o incapaz, este derecho asiste a todas”, señaló la jurista y ex diputada María Elena Barbagelata.
Fernández dedicó específicamente un párrafo de su carta a las guías de actuación que el Ministerio de Salud de la Nación redactó para los hospitales, cumpliendo con lo que ordenó aquel fallo de la Corte. Entre sus puntos, la guía de actuación recuerda que basta con que la mujer haga una declaración jurada de que ha sido violada para acceder al aborto no punible.
Para el rector de la UCA, este protocolo “pretende transformar una despenalización de un delito en un supuesto derecho a la interrupción del embarazo”, lo que “no responde a la legislación vigente”. También citó como otro ejemplo un fallo del juez del Primer Juzgado de Familia de Mendoza, que el 29 de julio dictó una sentencia avalando una práctica de maternidad subrogada.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Silvia Juliá salió al cruce de Fernández. “Es evidente que lo que le preocupa es que se empiecen a implementar los servicios. La guía de actuación que redactó el Ministerio de Salud avanzó en esa dirección, cumpliendo con la ley.” La directora ejecutiva de Católicas agregó que los pedidos de que los protocolos sean redactados por el Poder Legislativo tampoco son razonables, “porque como en cualquier otra práctica médica, son temas del Ministerio de Salud nacional y de los provinciales”.
Barbagelata coincidió en la lectura. “Siempre están tratando de frenar cualquier implementación del aborto no punible. La Corte no ha implementado ningún criterio novedoso, ni avanzó sobre la ley, sino que reafirmó cuál es el criterio que corresponde al sentido de la norma. Y lo que ha hecho el nuevo ministro de Salud (Daniel) Gollan ha sido bienvenido, porque es necesario para que el sector médico tenga homogeneidad en su actuación. Estas voces surgen porque, justamente, les molesta que haya directivas claras para hacer cumplir lo que dice la ley.”
(Página 12, viernes 14 de agosto de 2015)
