VIENE DE LA EDICION DE AYER
Con la información que hemos compartido sobre Bajo La Alumbrera, vemos que a lo largo de la historia, en toda Latinoamérica se fueron dictando sabias leyes que propiciaban el dominio de nuestros recursos naturales pero, analizando hoy lo ocurrido desde 1970, observamos que esas sabias leyes fueron ELIMINADASs de cuajo, durante los gobiernos dictatoriales que sufrieron en esos años todos los países latinoamericanos.
El primer caso se dió en Chile, tras la nacionalización total del cobre por parte del Gobierno de Salvador Allende, nacionalización que fue el detonante del golpe de estado del 11 de Setiembre de 1973; Chile, que había llegado a abastecer casi la mitad del cobre que usaba todo el planeta, con Pinochet gobernando, aplicó reformas fundamentales en el sector minero, para que las grandes empresas internacionales lograran el acceso y el control de los recursos naturales chilenos, a través del Decreto 600, que regula la Inversión extranjera; de la ley 18097 de Concesiones Mineras; del nuevo Código de Aguas y del nuevo Código de Minería dictado en 1983, todas leyes pensadas para que las empresas extranjeras pudieran explorar, explotar y comercializar libremente la producción de minerales de Chile.
Una vez implementadas y afianzadas estas reformas en Chile, fueron exportadas como modelo a seguir al resto de los países de la región y, a lo largo de la década del noventa, a través de los créditos condicionados del Banco Mundial y del FMI, la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron que modificar drásticamente sus sabias leyes mineras.
Así, Perú (1991), Bolivia (1991), Ecuador (1991), México (1992), Argentina (1993), Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), adoptaron casi como un calco el modelo chileno y, en algunos casos, como en la Argentina, lo perfeccionaron a favor de las grandes Empresas Internacionales, estableciendo lo que el mercado define como entorno amigable para las inversiones privadas en minería, con leyes de apertura económica, desregulación y un marco legal para dar seguridad a los inversionistas, todo bajo la atenta mirada del Banco Mundial, que proveyó los asesores de leyes para impulsar el cumplimiento de 5 requisitos:
a) Seguridad de la tenencia, es decir, la empresa puede transferir a quién quiera la concesión, incluso endeudarse, hipotecando los minerales a extraer.
b) Claridad en las leyes para disponer de los derechos del subsuelo hasta su agotamiento.
c) Libre acceso a los recursos minerales, es decir, el Estado debe liberar toda la tierra necesaria para la explotación del mineral elegido.
d) El Estado debe asegurarle a las empresas las divisas que necesiten para sus importaciones, para devolver los préstamos y para repatriar ganancias.
e) Régimen fiscal estable, prohibiendo modificaciones en los impuestos durante toda la vida del proyecto; con bajas regalías; importando equipos sin pagar aduana; compensando el impuestos a las ganancias y devolviendo el IVA de las compras en el país.
Aunque parezca increíble, estos requisitos fueron dócilmente incluídos en nuestras leyes por el Presidente y los Legisladores de la década de los´90, dictando la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21382; la Ley de Inversiones Mineras 24196 y su modificatoria 25161; la Ley de Reorganización Minera 24224; la Ley del IVA 24402 y lo más vergonzoso, la Ley 24498 que modificó el Código de Minería, obligando a que el Estado no pueda explotar de modo directo una mina y está obligado a trasferirla a agentes privados y en un ejemplo adicional de genuflexión, la Secretaría de Minería de la Nación expresó: “Tenemos un sistema muy liberal, que favorece la inversión privada y el derecho a explotar y usar la mina, que es exclusivo, perpetuo y transferible sin importar la nacionalidad del comprador; la concesión minera implica un auténtico derecho de propiedad, permitiendo la venta, el leasing del activo, el cuál es susceptible de hipoteca sin autorización previa”.
O sea, hoy todos los recursos minerales de nuestro país están sometidos a leyes que nos convierten en un excelente negocio para las grandes empresas mineras y el Estado es un facilitador del negocio, velando por el cumplimento de leyes abusivas; las utilidades que obtienen las empresas extrayendo nuestros minerales fluyen alegremente al exterior ante un país que las observa azorado, tal cómo seguramente observaba Tupac Amaru la salida del oro incaico, mientras su pueblo padecía carencias de todo tipo.
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