El denominado Juicio del Siglo también se juega en el campo de los tribunales argentinos. El pasado miércoles el Estado Nacional presentó una demanda en la justicia federal argentina para promover una acción que declare la inconstitucionalidad del acuerdo del 20 de marzo entre los fondos buitre y el Citibank N.A., pacto homologado por el juez Griesa y que resulta violatorio de la jurisdicción local. Además, hasta tanto se emita el pronunciamiento requerido, el gobierno solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación y los efectos del acuerdo.
Si bien el convenio de todas formas no le impide al Citi cursar los pagos de intereses que vencen el 30 de junio (al igual que ocurrió con los vencimientos de fines de marzo), surge de allí "la intención de desprenderse del negocio de custodio, sin considerar el remplazo de otro agente para cursar los pagos". Con ello resulta claro que, siguiendo al ministro de Economía Axel Kicillof, el pacto "no sólo genera daños a los clientes del banco (el Citi hasta ha resignado la posibilidad de apelar los fallos) y a la propia institución en términos de ganancias, sino que vulnera el orden público argentino porque viola e interfiere la regulación de nuestra deuda".
Las garras de los buitres parecen ser cada día más largas, afiladas con los fallos extorsivos del juez de Distrito Thomas Griesa, que dejan indefensas incluso a entidades financieras de alcance global. De hecho, Francisco Aristeguieta, CEO para América Latina del Citigroup, señaló que Griesa se encuentra fuera de jurisdicción y que el fallo que plantea "es de cumplimiento imposible" ya que "nos obliga a tomar una decisión dolorosa, que es salirnos del negocio de custodia, que nos evita tener que escoger o favorecer a la ley de Nueva York por sobre la de Argentina" (Ámbito Financiero 09/04/15). Justificaciones al margen, la firma del acuerdo muestra que el Citi optó en realidad por ponerse bajo el paraguas de Griesa, hecho que derivó en medidas de nuestro gobierno en defensa de la soberanía nacional, entre las que figura la inhabilitación del representante local de la entidad, confirmada por la justicia argentina, al rechazar una medida cautelar presentada por el banco norteamericano.
El día martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la apelación de la Argentina sobre la orden de desacato emitida por el juez Griesa, aludiendo que la misma no estableció ningún tipo de sanción, y por lo tanto la Cámara no tiene jurisdicción para tratarla. Como informó el Ministerio de Economía, esta decisión no indica una afirmación de la orden de desacato, sino que significa únicamente que deberá esperarse a que se desarrollen los procedimientos en la Corte de Distrito para que la apelación pueda ser oída.
El ministerio también aclaró que si el juez Griesa decidiera en el futuro profundizar sus medidas violatorias del derecho internacional, Argentina conserva su derecho a apelarlas por las vías legales correspondientes.
En otro veredicto que intenta erosionar las políticas soberanas que se han aplicado desde 2003, el CIADI, que es el tribunal del Banco Mundial donde se dirimen los conflictos en torno a los acuerdos bilaterales de inversión –en el cual nuestro país tiene aún unos 19 reclamos pendientes–falló por unos U$S 405 millones a favor de la francesa Suez y en contra de Argentina, por la estatización en 2006 de Aguas Argentinas. El gobierno informó que apelará el fallo, en un proceso que podría durar varios años. De esta forma se plantea la necesidad de repensar la adhesión a instituciones como el CIADI, y/o de denunciar o declarar la nulidad de los acuerdos bilaterales de inversión, que tienen cláusulas de ultraactividad que rondan los diez años, y que se han venido renovando automáticamente.
Al cierre de esta nota se estaba desarrollando la VII Cumbre de las Américas –la primera con la participación de Cuba–, precedida de gran cantidad de declaraciones políticas, como los dichos de la funcionaria del gobierno estadounidense, Roberta Jacobson, para quien la economía argentina está "en muy mala forma".
En la misma exposición, Jacobson aclaró que "la Argentina no es un país del ALBA", aunque lo asoció a ese bloque que, a su juicio, no exhibe resultados lo suficientemente buenos. Las citas de sus declaraciones indican que existe un interés real de los Estados Unidos por desacreditar a los gobiernos populares de la región, y coinciden con las distintas ofensivas que están sufriendo los mandatarios "que se parecen a sus pueblos".
La respuesta de la Cancillería argentina fue muy rica en conceptos y desde una postura soberana: "es necesario señalar que la actual crisis financiera internacional, que generó que gran parte del mundo se encuentre 'en muy mala forma', se originó pura y exclusivamente en el corazón del sistema financiero estadounidense". Además indica que "tampoco se olvida el pueblo argentino que la última vez que los funcionarios de EE UU vieron a Argentina en 'muy buena forma', durante la década de 1990, el país terminó en la peor crisis política, económica y social de su historia". Contundente.
ACTIVIDAD LEGISLATIVA. La Cámara de Diputados dio media sanción con 223 votos afirmativos, cuatro negativos y siete abstenciones, al proyecto de ley por el cual se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, se crea Ferrocarriles Argentinos como sociedad del Estado, y se establece la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros, entre otros cambios. Esta iniciativa configura un gran avance en la administración de los recursos ferroviarios, ya que, tal como lo expresó este año la presidenta Cristina Fernández, se parte de la idea central de que el Estado puede gestionar de una manera más eficiente que los privados, un recurso vital para el desarrollo del país.
Un tema a resaltar es el ingreso a la dirección de Ferrocarriles Argentinos SE de los representantes de los trabajadores, ya contemplado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo; y a partir de las discusiones en el plenario de comisiones, la incorporación de un miembro en representación de los usuarios. Este es un avance de gran magnitud, que indica una nueva concepción de la empresa estatal, con un mayor contralor y colaboración de participantes esenciales de los servicios brindados, como son los trabajadores y los usuarios.
La propiedad estatal de las empresas de servicios públicos es una cuestión esencial, y con este proyecto que tiene media sanción se da un paso muy importante en ese sentido. Como siempre, queda la posibilidad de profundizar los cambios en la medida que estén dadas las relaciones de fuerza para imponer nuevas regulaciones.
Por su parte, la Comisión Bicameral que estudia la evasión y fuga de divisas por mecanismos financieros decidió citar a las diez primeras empresas con cuenta en el HSCB de Ginebra, según el orden por el cual figuran en la lista enviada por el gobierno de Francia, a saber: Cablevisión, Central Térmica Güemes, Telecom, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco y Taltech International. Además, se ha convocado al presidente del BCRA y al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. La comisión no tiene por objeto investigar la situación de quienes enviaron dinero al exterior dentro de los procedimientos legales, sino detectar la posible existencia de comportamientos sistémicos para promover la evasión impositiva y la salida de capitales producidos por esa conducta. En este sentido se dispuso también invitar a Hervé Falciani por las cuentas en Suiza y, dado que este caso es sólo el disparador de un tema mucho más amplio, se decidió además citar a Hernán Arbizu, quien ha denunciado la fuga de más de U$S 70 mil millones a través de seis grandes bancos extranjeros que operan en el país, y de gran parte de la banca privada, según denunció ante el juzgado de Sebastián Casanello.
Respecto del desarrollo del caso HSBC en el mundo, la justicia de Francia decidió procesar al holding por búsqueda ilegal de clientes en ese país y blanqueo de fraude fiscal entre 2006 y 2007, imponiéndole una fianza de € 1000 millones, a la vez que le reprocha a la matriz la falta de vigilancia de la filial suiza.
Los temas tratados en esta columna muestran, una vez más, a un gobierno nacional que sigue trabajando intensamente con el acompañamiento de las bancadas legislativas que comparten el proyecto, actitud que reafirma que el mentado "fin de ciclo" no es más que un "relato" de los sectores de derecha para deslegitimar al gobierno.
(Tiempo Argentino, domingo 12 de abril de 2015)
