Algunas características del esquema económico vigente desde 2003 en la Argentina también están presentes en otros países de la región, lo que ubica a la política económica actual en perfecta sintonía con lo que muchas otras naciones están llevando adelante para atenuar los impactos de la crisis internacional.
La política de desendeudamiento, que quizás en el caso argentino fue la más potente por la magnitud de disminución de deuda en cantidad de años, también se verifica en países como Brasil, Venezuela o Ecuador, que han saldado compromisos con el Fondo Monetario Internacional o avanzaron en procesos de reestructuración con importante quita de su valor nominal.
Según datos de la Cepal, el stock de deuda a nivel regional pasó del 36,1 por ciento al 18,9 por ciento del PBI en el período 2001-2010.
Entre esos años, además, aumentó significativamente el nivel de reservas, de 159 mil millones de dólares a 638 mil millones.
De igual modo, las exportaciones de las naciones sudamericanas se recompusieron en grandes proporciones, ayudadas por la tendencia alcista en la cotización de sus principales productos, en especial minerales y soja.
Si bien es cierto que también se incrementó significativamente el volumen de compras al exterior, consecuencia del crecimiento industrial a un 8 por ciento anual promedio durante años, en líneas generales puede decirse que un denominador común del crecimiento sudamericano en la última década fue la combinación de mayores ventas externas con menores niveles de endeudamiento, lo que sin dudas representa toda una novedad respecto de los ’80 y ’90, cuando la provisión de divisas conducía al aumento de la deuda externa de cada país sin que ello se tradujera en inversiones productivas u obras de infraestructura relevantes.
El caso argentino fue el más emblemático en ese sentido.
Todo ello ha propiciado un mayor protagonismo de los emergentes en el crecimiento del PBI mundial, por estos días incluso mayor al de las economías del centro.
Dicha circunstancia coloca a estos países ante oportunidades y desafíos para continuar sosteniendo determinados niveles de expansión económica frente a los desequilibrios que genera la depresión de la demanda internacional y la sobreproducción de bienes industriales, que alteran el siempre complejo objetivo de revertir la inserción subordinada de la periferia en la división internacional del trabajo.
En Inserción económica de Argentina luego de diez años de crecimiento. ¿Qué hay de nuevo? (Realidad Económica, N 270), Pablo Nemiña y Diana Tussie analizan alternativas posibles para el país en el mediano plazo.
Sepultado el ALCA, los autores afirman que podría pensarse en una vinculación cada vez más profunda con la red asiática –especialmente China– o, en cambio, promover una revitalización de la integración sudamericana vía Mercosur y, en forma más ampliada, Unasur.
Advierten que el protagonismo de China en la región, con crecientes niveles de participación en el comercio exterior e incremento en los flujos de inversión en sectores estratégicos, alienta el riesgo de una primarización económica por la constante demanda de productos primarios a cambio de manufacturas, que redunda en una persistente y cada vez mayor profundización de los déficit bilaterales de cada país con el gigante asiático.
Así es como la consolidación de la integración regional sudamericana resulta clave: “La gran ventaja consiste en que otorgaría más espacio para mantener un desarrollo industrial, sostenible a través de una combinación de limitación de la competencia externa al bloque y mayor escala de producción por acceso a un mercado regional ampliado”, sostienen Nemiña y Tussie.
El desafío por delante en ese sentido, pues, radica en minimizar la incidencia de empresas extranjeras en la producción industrial que se manifiesta en toda la región e incrementar las compensaciones que equilibren el comercio entre todos los socios, dada la disparidad de estructuras productivas al interior del mismo bloque.
“La profundización de la integración en el Cono Sur aparece como la vía más deseable en vistas al potencial industrializador; no obstante, la sostenibilidad de esta alternativa requiere la compleja construcción colectiva de recursos e incentivos políticos y económicos concretos en pos de convertirla en un sendero común para Estados, empresas y trabajadores de la región”, concluyen.
