La política argentina está experimentando una fundamental y positiva transformación. Denotando una extraordinaria madurez, nuestra democracia está trocando la conmemoración de las efemérides en claras y contundentes políticas de Estado, que, aunque incipientes aún, dan enormes motivos para la esperanza. Es en el campo de la política exterior de nuestro país, y más precisamente en relación con la Cuestión Malvinas, uno de los ámbitos donde se registran avances concretos en esa dirección.
Durante el 2012 la conmemoración de los 30 años de la Guerra de Malvinas dio lugar a una serie de acciones gubernamentales, parlamentarias, políticas y sociales en favor de la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y de su espacio marítimo circundante. La Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión del anuncio de la desclasificación del Informe Rattenbach en febrero del 2012, delineó lo que desde el 2003 comenzó a perfilarse con el Presidente Néstor Kirchner, la propuesta de que la Cuestión Malvinas sea considerada una política de Estado: “Creo que –sin lugar a dudas- hoy más que nunca soy la Presidenta de los 40 millones de argentinos, porque creo que también la presencia del conjunto de la sociedad argentina, expresada en los distintos partidos políticos, por las fuerzas del trabajo, expresada también por las organizaciones de derechos humanos, por los representantes de las fuerzas armadas, por los representantes de las empresas argentinas, por los representantes de cada uno de los Estados federales, más los jóvenes, más los hombres y mujeres, más los combatientes de Malvinas revela que estamos claramente ante un hecho de política de Estado, de política Nacional”. Así, ambos presidentes han retomado e impulsado con inédito vigor la tradición democrática argentina sobre la Cuestión Malvinas que había quedado trunca como consecuencia de los procesos dictatoriales, aquella tradición que expresaron, de manera digna de ser destacada durante el siglo XX, los presidentes Arturo Illia –durante su mandato Argentina obtuvo la Resolución 2065 de Naciones Unidas- y Juan Domingo Perón, -protagonista de una avanzada negociación diplomática con los británicos durante su tercera presidencia-.
El Congreso Nacional asumió el desafío de contribuir a la construcción de esa política de Estado. En ese mismo mes de febrero, en respuesta a una oportuna invitación de la Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestro parlamento aportó la Declaración de Ushuaia como un instrumento fundamental, un documento consensuado en el seno de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras por los diversos bloques legislativos, y luego aprobada por unanimidad en las respectivas sesiones de la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación.
Lograr coincidencias fue un proceso arduo pero enormemente fructífero. Podemos afirmar que la Declaración de Ushuaia es constitutiva de una política de Estado que expresa toda la riqueza que ofrece la diversidad político-ideológica de nuestro Congreso Nacional y de nuestro sistema de partidos políticos. El lugar desde el que los legisladores coinciden es el de una fuerte defensa de los intereses nacionales afectados por la presencia colonial británica en nuestro territorio, el de la reafirmación de los valores democráticos, la preservación de la paz en el mundo y en la región, y el sostenimiento del diálogo y la búsqueda de una solución negociada como únicos caminos para la resolución de la disputa de soberanía. La Declaración de Ushuaia sostiene una perspectiva integral de la Cuestión Malvinas que abarca los aspectos políticos, geopolíticos, de la integración, económicos-productivos, ambientales, la dimensión de la sustentabilidad y la preservación de nuestros recursos naturales y la correspondiente a la vinculación de la Cuestión Malvinas con la proyección antártica. Denota la coincidencia de la posición del Congreso con las posiciones asumidas y sostenidas por el Poder Ejecutivo Nacional, sin que ello implique quitar relevancia a los matices que cada partido político sostiene.
Las conmemoraciones del 2 de abril de los años 2012 y 2013, concebidas bajo la calificación de Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, expresaron el justo y merecido reconocimiento a los combatientes. Junto con ello se ha desarrollado en nuestra sociedad y sus instituciones representativas de la voluntad popular un profundo debate respecto del papel jugado por la dictadura genocida que concibió y condujo desastrosamente, y con consecuencias lamentables para los intereses nacionales, a una guerra que nos alejó del objetivo de recuperación del ejercicio de la soberanía nacional sobre el archipiélago. En ese sentido, la Declaración de Ushuaia ha resaltado el papel jugado por los gobiernos de la democracia en favor de la resolución pacífica del conflicto.
La conmemoración del 10 de junio de 2012 estuvo asociada con la presencia de la Presidenta de la Nación y de un representativo grupo de legisladores nacionales en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas –hecho ocurrido el día 14 del mismo mes-, signo claro de que Malvinas es una causa que une al Pueblo Argentino, y que nos hermana con los pueblos latinoamericanos y de las regiones que han padecido los procesos de colonialismo.
Ya en 2013, la conmemoración de los 180 años de la usurpación británica de las islas ha sido el marco en el que se ha expresado la unánime posición del Congreso Nacional para rechazar la ilegal votación que el Reino Unido de Gran Bretañapromovió en Malvinas tras un pretendido ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos que es rechazado de manera contundente por todos los gobiernos y pueblos de la América Latina y por diversos países y organizaciones regionales de otros continentes. Asimismo, el Congreso Nacional ha rechazado enérgicamente la acción del gobierno británico de denominar en su cartografía a un amplio sector antártico como Tierra de la Reina Isabel, acción provocativa que ha sido reprobada por la Argentina y por otros países de la región.
La acción del Congreso Nacional en el marco de la política de Estado respecto de la Cuestión Malvinas se integra con una multiplicidad de iniciativas que son protagonizadas por legisladores, funcionarios parlamentarios, Comisiones y Grupos Parlamentarios de Amistad, y que cuentan con una amplísima agenda de cursos, congresos, campañas de difusión, otorgamiento de premios y reconocimientos, debates parlamentarios y producción legislativa. En este contexto resulta de especial valor el aporte de legisladores, académicos de distintas disciplinas, funcionarios y especialistas que se ha volcado en este libro. Sin dudas el pluralismo y los matices que los diversos artículos expresan enriquecen lo que concebimos como una política compartida, como una verdadera política de Estado que estamos contribuyendo a cimentar. En nombre del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas de la H. Cámara de Diputados de la Nación expresamos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a tan valiosos aportes.
Esperamos que esta obra sea un instrumento que contribuya al esclarecimiento y difusión de la Cuestión Malvinas en su dimensión de causa nacional, regional y global, como causa en favor de la paz, la vigencia y el respeto del derecho internacional y la justicia en nuestro planeta.
