No hablemos del pretendido "paro general", convocado por figuras muy alejadas del prestigio que uno esperaría de quienes buscan ejercer liderazgo público, y realizado extrañamente en medio de las diversificadas negociaciones paritarias. Centrémonos en la crónica cada año anunciada de lo que hoy sucede en Mendoza en torno a la discusión paritaria anual de diversos gremios estatales.
Se cumple cada doce meses en Mendoza, desde hace más de una década, exactamente igual espectáculo; es el eterno retorno de lo mismo que algunas filosofías postulan. Desde enero las conducciones gremiales establecen sus porcentajes muy por encima de la inflación (incluso de la medida por las oposiciones políticas); el gobierno señala la imposibilidad de otorgar tamañas sumas. Comienza un conflicto que paraliza la salud y el funcionamiento estatal (incluyendo también casi siempre a judiciales), y que, para colmo, no se expresa en la calle sólo con movilizaciones -las cuales siempre corresponden a la protesta gremial- sino también con piquetes que molestan y afectan al resto de la población, que nada tiene que ver en el conflicto.
Los gobiernos siempre empiezan con ofertas irrisorias -parece ser parte del libreto- con lo cual se demora más una salida a la situación. Aunque durante largo tiempo sus ofertas finales han superado a la inflación, con lo cual el poder adquisitivo de la población se ha ido superando: eso explica por qué, en un contexto inflacionario, el poder de compra es tan alto como se muestra en turismo, restaurants, venta de ropas y supermercados, con una ligera retracción en estos últimos meses que no modifica la tendencia general.
Pero, en el camino, la negociación es desgastante. Este año, el porcentaje solicitado por las conducciones gremiales está muy por encima de la inflación; como tal, parece puesto al servicio de establecer el conflicto, más que a conseguir algún arreglo. En el medio, todo el resto de la población soportando falta de servicios esenciales, e interrupciones a la fuerza del tránsito, las que carecen de cualquier justificación cuando se está apelando al derecho consitucional de huelga sin sufrir ningún tipo de limitaciones
Hay total derecho a realizar huelga, y a hacer presión legítimamente; pero no a los piquetes, que surgieron como forma de protesta de los desocupados, de los que, al no poder hacer huelga, establecieron un modo de visibilizarse. Tampoco hay derecho a la huelga con salarios pagos (esto es una concesión obtenida en algunas negociaciones, no un derecho adquirido), o a desoir y dejar de lado las declaraciones de conciliación obligatoria.
No siempre hubo paritarias en Argentina; no necesariamente siempre las va a haber. Se escuchan voces en el horizonte de 2015 que presagian el retorno de ciertas derechas ideológicas autoritarias, que en la mano dura contra la llamada "inseguridad", prefiguran su mano dura represiva respecto de la protesta social. Ojalá seamos todos -gobierno y conducciones gremiales- cuidadosos custodios, por vía de negociación razonable, de que las paritarias no se desprestigien como derecho social, por vía de abusos que afectan a la población. Que cada año la paritaria sea una especie de Vía Crucis ciudadano, no es bueno para nadie. La pelea legítima por una redistribución social del producto y la riqueza -reconocida por la existencia de paritarias fijada por el gobierno desde 2003-, debiera mantenerse en carriles de conflicto con cauce y negociación: la pelea permanente y desmesurada hace pensar a algunos que sería un modo de pacificación social, el volver a los tiempos neoliberales en que no había ni paritarias, y ni siquiera aumentos de salarios establecidos desde arriba.
¿O es que están tan lejos los tiempos de Menem y De la Rúa? Hoy, con nombres apenas diferentes, esos tiempos aciagos se aprestan a volver por vía de algunas candidaturas que se postulan para el año 2015.-
