Cada vez que Kohen patrocina a un Estado en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o ante otras instituciones del sistema multilateral, como el Tribunal del Mar de Hamburgo, su representado tiene la certeza de que está en las mejores manos. El antecedente de la controversia por el embargo de la Fragata Libertad es un buen ejemplo.
Contratado por la Cancillería para actuar en el caso, Kohen encabezó la estrategia jurídica argentina que terminó con la liberación del buque escuela de la Armada y con un éxito resonante que, además, sentó jurisprudencia para frenar la acción de los fondos buitre.
Graduado en la Universidad de Rosario, establecido desde hace años en Ginebra, Kohen sigue con mucha atención las acciones diplomáticas de la Argentina para apuntalar sus derechos en la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y el espacio marítimo circundante. A pesar de haberse establecido en el corazón de Europa, donde es profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, uno de los centros mundiales de excelencia de estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, el prestigioso abogado está involucrado en los debates que circulan entre los diplomáticos expertos en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Cuál es la mejor alternativa para que los británicos se sienten a negociar y cumplan las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a dialogar? ¿Hay que mantener la estrategia gradualista, que consiguió avances, como el creciente apoyo de un amplio arco de bloques regionales, o apostar a un cambio, a una innovación?
La discusión sobre los próximos pasos de la acción diplomática, advierte Kohen, debe asumir cierto carácter de urgencia. En pocos años –2017 o 2019 parece ser la fecha– los británicos estarán en condiciones de extraer crudo en los alrededores de Malvinas, embarcarlo en buques de transporte y trasladarlo hasta Gran Bretaña. "La explotación de los recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde 1982. Ya no se trata solamente de la negativa a resolver la controversia, sino de la explotación de los recursos naturales no renovables del territorio, que pertenecen al pueblo argentino. Esto refuerza la necesidad de adoptar una posición más firme", subraya Kohen en diálogo telefónico desde Suiza.
El estratega de la defensa argentina ante el Tribunal del Mar considera que en el conflicto por Malvinas hay que ser creativos. Propone explorar y poner en marcha nuevas iniciativas. "Hay que seguir estudiando nuevas avenidas para recorrer, no descartar ninguno de los medios pacíficos de solución de controversias y estar también preparados para lo que el Reino Unido pueda utilizar como maniobra", exhorta. A lo largo de la entrevista con Tiempo Argentino, Kohen va exponiendo una serie de ideas. Recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada en 1982 por la 3ª Conferencia de la ONU sobre Derecho del Mar) contiene algunos mecanismos legales que podrían ser utilizados en la controversia. También plantea, como modelo para intentar una resolución de la cuestión de fondo –la soberanía–, estudiar el proceso de negociación que llevaron adelante Gran Bretaña y la República Popular de China por la maravillosa Hong Kong. Aquellas tratativas avanzaron con una posición intermedia: Hong Kong –ex colonia británica– volvió a ser territorio soberano de China, aunque fue beneficiado con un régimen especial de amplia autonomía respecto del resto de las provincias chinas.
Por encima de todo, y como condición excluyente para lanzar iniciativas en el plano internacional, Kohen convoca a que la expresión "Malvinas, política de Estado" se convierta definitivamente en realidad. Su opinión es crítica con respecto al desempeño de algunos legisladores, en especial con los 39 diputados que votaron en contra de la modificación de la Ley 26.659 (hubo 11 abstenciones y muchos ausentes), cuyo objetivo era endurecer las penas para el delito de explotar hidrocarburos sin autorización en el mar territorial y la plataforma continental de la Argentina.
La ley se aprobó igual, con 143 votos afirmativos. "Lamento que, a diferencia de lo que ocurrió con la primera ley que se votó (NdR: por la versión original de la Ley 26.659), que se aprobó por unanimidad, esta reforma haya tenido votos en contra. Es de lamentar. En materia de Malvinas tiene que haber una sola posición de la Argentina en el plano internacional", remarca Kohen.
–El año próximo se cumplen 50 años de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1965 que instó a las dos partes a sentarse a negociar la disputa de soberanía por Malvinas. ¿Qué significa, para la Argentina, que hayan pasado 50 años?
–Que, a pesar de que las Naciones Unidas hayan establecido la manera de descolonizar esta situación especial, solución de la controversia de soberanía y respeto de los intereses de los habitantes, la cuestión sigue pendiente porque quien controla el territorio se niega a resolver la disputa. Hay una clara violación de la obligación de descolonizar y de la obligación de solución pacífica de controversias. La Asamblea General es el órgano más representativo porque están todos los Estados miembro de Naciones Unidas. Es un ámbito en el cual hay un país-un voto, y no hay derecho de veto. Además, la importancia de las resoluciones de la Asamblea General radica en el hecho de que en el ámbito de la descolonización, las resoluciones de la Asamblea General tienen una importancia especial, como lo reconoció la Corte Internacional de Justicia. La última resolución que adoptó la Asamblea General sobre Malvinas fue durante el gobierno de Alfonsín. Luego llegó Menem, y como usted sabe, se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Desde ese momento, no hubo más resoluciones de la Asamblea. Sin embargo, la cuestión sigue pendiente en su agenda. Una reflexión se impone. Los importantes éxitos obtenidos en foros regionales estos últimos años deben acompañarse por otros en ámbitos más amplios.
–Se supone que en poco tiempo el Reino Unido va a empezar a explotar la riqueza petrolera del espacio marítimo circundante a las islas. ¿Qué debería hacer la Argentina?
–Durante el gobierno de Menem, con el canciller Guido Di Tella, Argentina y el Reino Unido celebraron un acuerdo que comprendía, únicamente, recursos hidrocarburíferos. Es decir, jamás el Reino Unido habló de compartir el tema de pesca. Según la interpretación de Di Tella, a través de ese acuerdo Gran Bretaña había aceptado que la Argentina cobrara regalías, al igual que el Reino Unido. Esa interpretación fue inmediatamente refutada por el Reino Unido que dijo, al día siguiente de la declaración, que no iban a permitir que la Argentina cobrara regalías. En tanto, sobre las licencias de explotación, los británicos le dijeron a Di Tella que YPF podría presentarse y que muy posiblemente iba a obtener alguna licencia. YPF había sido privatizada. YPF se presentó y, obviamente, no obtuvo ninguna licencia.
En realidad, el objetivo de ese acuerdo, para los británicos, era que la Argentina despejara toda dificultad de orden jurídico para que hubiera licencias de exploración y explotación. Ese acuerdo fue correctamente denunciado por la Argentina. La denuncia de ese acuerdo era una medida que la Alianza había dicho que iba a aplicar, pero cuando asumió el gobierno de la Alianza, no lo hicieron. No sé si fue porque no tuvieron tiempo –aunque pasaron dos años– o porque no hubo voluntad. Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que procedió a hacer lo que habría prometido la Alianza: denunció ese acuerdo, totalmente contrario a los intereses nacionales. Lo hecho hasta ahora ha sido muy importante. Porque la Argentina denunció ese acuerdo leonino, tomó medidas en el plano interno con su legislación, que incluso se ha desarrollado y profundizado en los últimos meses, en base a las leyes que se adoptaron. Todo eso es muy importante. Y acaba de crearse una secretaría específica en el ámbito de la Cancillería para Malvinas.
–Con la designación en ese ámbito del ex senador Daniel Filmus...
–Exactamente. Lo cual muestra que el gobierno argentino es consciente de que hay que seguir avanzando. Se han hecho cosas muy positivas, pero obviamente hay que seguir avanzando. Hay que seguir estudiando nuevas avenidas, para recorrer. Yo creo que la creación de la secretaría es una muestra clara de que ese es el objetivo del gobierno. Porque Malvinas debe ser una prioridad de primer nivel. Insisto con algo: la explotación de los recursos hidrocarburíferos implicaría el agravamiento más serio del conflicto desde 1982. Y se trata de explotación de recursos no renovables.
–Al día de hoy, enero de 2014, ¿tiene ya Gran Bretaña una ecuación económica que haga rentable, y una oportunidad para hacer negocios, el extraer crudo en torno a Malvinas?
-Yo no soy (Miguel) Galluccio (presidente de YPF), y no soy especialista en petróleo. Pero no cabe duda de que hay recursos hidrocarburíferos en la zona, no cabe duda de que el costo de producción hoy puede ser más elevado que en otras partes del mundo. El Reino Unido no se propone explotar dentro de dos años: están hablando de 2017 o incluso de 2019. Independientemente de las dificultades que haya, tarde o temprano los recursos van a ser explotables, y desde el punto de vista económico, van a ser rentables.
Dentro de cuatro años o dentro de siete. Ya ha habido explotación de recursos petrolíferos en áreas muy difíciles. Inclusive en el Mar del Norte, donde el Reino Unido tiene gran experiencia. Los británicos se están preparando: ya están adecuando la estructura portuaria en las islas. Quizás una empresa holandesa no se anime a correr el riesgo de explotar recursos en un territorio en disputa.
Pero las empresas británicas serán menos temerosas, porque saben que Londres las protegerá.
–Usted sostiene que la oposición con representación legislativa tiene una gran responsabilidad en este tema, porque Malvinas debería ser una política de Estado y toda la sociedad argentina, con sus representantes, debería mostrarse unida...
-Lamento que algunos legisladores opositores, algunos, no todos, hayan votado en contra de la modificación de ley que establece sanciones penales para aquellas empresas o dirigentes de empresas que exploten recursos en la plataforma continental argentina. Esos legisladores estimaron que la ley no era factible de implementar. Plantearon una serie de argumentos que, la verdad, no son positivos para la posición de Argentina en el exterior. Y que aparte son juridícamente errados, porque la Argentina tiene todo el derecho a adoptar ese tipo de legislación y a aplicarla. En la medida en que pueda, lógicamente.
Porque sanciones penales pueden aplicarse únicamente en el ámbito territorial propio. La Argentina no puede ir a perseguir a un gerente de esas empresas en el Reino Unido. Pero toda legislación que endurezca las sanciones contra esas empresas es bienvenida. En materia de Malvinas tiene que haber una sola posición que Argentina adopte en el plano internacional. El avance de la estrategia diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía es responsabilidad del conjunto de los sectores políticos representados en el Parlamento. Y, como política de Estado, requiere continuidad y responsabilidad compartida. Tomemos el ejemplo de Chile y la controversia que tiene con Perú por los espacios marítimos. Perú llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. En ese momento gobernaba Bachelet. Bachelet llamó a todos los sectores para adoptar una política común: ¿qué hacer frente a la demanda de Perú? Todos los sectores estuvieron de acuerdo en seguir una política común ¿Después, qué pasó? Cambió el gobierno, llegó Piñera. Y Piñera hizo lo mismo. Y ahora estamos nuevamente ante un cambio de gobierno. Los chilenos, con esta cuestión asumieron una política de Estado: ni quien hoy está en el gobierno, que dentro de poco estará en la oposición, ni tampoco sus adversarios, utilizan esta controversia con fines electorales. Perú y Bolivia también enfocaron sus disputas judiciales con Chile con un amplio consenso nacional. En nuestro caso, la política de Estado requiere que las decisiones fundamentales sobre la cuestión, en particular las nuevas avenidas que sean necesarias recorrer, sean objeto de consenso entre las fuerzas políticas representativas, y que se asuma conjuntamente la responsabilidad de las decisiones.
–En los últimos años, en los que creció la actividad industrial y el consumo, la Argentina pasó de autoabastecerse en materia energética a ser un importador de combustible. ¿Esto puede influir en la disputa con Gran Bretaña por el uso de los recursos energéticos?
–El hecho de encontrarnos en una situación distinta, de habernos convertido en importadores de energía cuando en un momento dado éramos autosuficientes, al ver que la potencia colonial explota nuestros recursos naturales, nuestra energía, es un elemento más que prueba la necesidad de adoptar una posición más firme. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptó en 1982 la Convención sobre el Derecho del Mar. Es la misma convención que nos permitió ir a Hamburgo para recuperar la Fragata Libertad. Esa convención rige todas las cuestiones relativas al Derecho del Mar: la navegación de los buques de guerra es sólo uno, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y los recursos en los espacios marítimos son otros.
Aquella conferencia de la que yo hablaba, que luego adoptó la convención, adoptó una resolución en la que dice que en los casos de territorios no autónomos –territorios sujetos a descolonización, como se los llama en la Carta de las Naciones Unidas– en los cuales existe una controversia de soberanía "deberán adoptarse acuerdos prácticos que no interfieran con la solución del conflicto". Eso es muy importante. Esa resolución, además, hace referencia a que esos acuerdos prácticos deben ser en beneficio del pueblo del territorio en cuestión. El Reino Unido interpreta esto de una manera y la Argentina de otra. Los británicos consideran que en las Malvinas existe un pueblo, separado, con derecho de libre determinación, cosa que la Asamblea General de las Naciones Unidas nunca reconoció, y que nosotros –por supuesto– tampoco reconocemos. El "pueblo del territorio" es el pueblo argentino, no los intereses económicos británicos escudados detrás de los residentes británicos.
El antecedente de la fragata libertad
–Usted fue pieza clave en la defensa de los derechos argentinos cuando se retuvo la Fragata Libertad. ¿Qué balance hace de aquel conflicto y de su resolución?
–Gracias a la decisión que obtuvimos en Hamburgo, la situación de la Fragata hoy es realmente mucho más segura.
Si la Fragata Libertad toca puertos de países que son parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Argentina puede confiar en que, si a algún juez díscolo como el que intervino en Ghana se le ocurriera embargarla, el Estado sabrá por adelantado cuál va a ser la posición del Tribunal de Derecho del Mar.
