Después de las elecciones de medio término se desató en la Argentina una turbulencia de proporciones. Desde entonces se sucedieron por capítulos la intervención quirúrgica de la presidenta Cristina Fernández que motivó un cambio profundo en la visualización de la gestión, la extorsión policial en varias provincias con saqueos incluidos y los cortes de energía en medio de la ola de calor más fuerte en cinco décadas.
Ese cóctel que venía macerando la pretendida imagen del desgobierno y el ansiado fin de ciclo tantas veces pregonado, sumó en enero la devaluación del tipo de cambio y el consecuente estado de alerta por la posibilidad de un traslado a los precios del consumo masivo de manera directa de ese deslizamiento.
Pretender que el salto del dólar es producto únicamente de los errores de política económica es otorgarle al asunto la profundidad de un charco de lluvia. Entre el problema macroeconómico del atraso cambiario generado por la recuperación de salarios en la pelea por no perder poder adquisitivo frente a la escalada inflacionaria y la especulación de una maxidevaluación orientada a conseguir ganancias extraordinarias y con un claro intento desestabilizador hay una diferencia abismal.
El gobierno intentó sin éxito demorar la devaluación para sostener el poder de compra del salario y evitar una derrota en la batalla por la distribución del ingreso. En ese camino optó por prohibir la venta de divisas a ahorristas y por un deslizamiento progresivo del tipo de cambio que terminó siendo contraproducente porque le aseguraba a los tenedores de dólares que sólo había un camino para la cotización del billete, el ascendente.
En consecuencia, había reclamos genuinos de diversos sectores productivos que habían perdido competitividad por una combinación de tipo de cambio retrasado y suba de costos.
Pero sobre esos planteos se montaron otros sectores que pretenden jugar por la vía de la presión para, en el mejor de los casos, sonsacar modificaciones profundas en la política distributiva y, en la opción de máxima, acelerar el recambio político.
Sin argumentos válidos o elementos que los justifiquen, se multiplicaron en las últimas horas los comentarios y rumores sobre la necesidad de adelantar las elecciones presidenciales. Se apeló al fantasma de 2001 y a la crisis que empujó la salida de Raúl Alfonsín. No hay en la realidad actual ningún punto de contacto con aquel diciembre del primer año de siglo. El desempleo se mantiene en niveles muy bajos, la temporada turística refleja la capacidad de consumo, que también estará en línea en los datos de recaudación de enero; la relación entre la deuda en moneda extranjera y el PBI es de las mejores de la historia moderna del país. Como contrapartida aparece la grave dificultad de la inflación de precios y un problema serio de expectativas.
El caso del gobierno de Alfonsín sí guarda algunos puntos de contacto: particularmente las presiones del mercado que sufrió el radical de Chascomús que arrancó su administración con una política económica orientada a la redistribución del ingreso. Sus primeros meses fueron un interregno que tomó distancia de la política neoliberal de la dictadura, luego retomada con énfasis durante los años del menemismo.
En ese contexto, el gobierno retomó esta semana su histórica disputa con los sectores concentrados de la producción agropecuaria. Las cerealeras internacionales, que tienen en un puño buena parte de la liquidación de dólares que ingresan al país por la cosecha aparecen en el ojo de la tormenta, acusadas desde la Casa Rosada como responsables de retener un número variable de toneladas de soja que podrían transformarse en dólares necesarios para amortiguar la pérdida de reservas del Banco Central.
Sobre esa polémica se montaron también los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias. Las próximas horas serán seguramente cruciales para destrabar el entuerto. Se espera que mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mantenga un encuentro con los responsables de las cerealeras que controlan decenas de acopios de granos, molinos harineros y sus propios puertos de exportación. El objetivo es que vuelvan a liquidar un excedente de dólares que algunos ubican más cerca de los 4000 millones y los más optimistas lo elevan hasta los 6000.
Una negativa podría ser interpretada como la ratificación de que la movida excede largamente el segmento del planteo económico para transformarse en una cuestión política. La respuesta oficial puede ser variada. Desde hace años circulan en el oficialismo proyectos de ley para crear un organismo que replique la vieja Junta Nacional de Granos que le dé al Estado un mayor control sobre el segmento agro-exportador. Claro que alguna medida de ese tipo podría generar una nueva escalada del conflicto que el oficialismo mantiene con el campo desde la disputa por la Resolución 125. Conviene separar la paja del trigo.
En aquella pelea, posiciones extremas ubicaron en el mismo plano a pequeños productores con los grandes jugadores del mercado que, a priori, deberían tener distintos intereses. Centrar el debate en los pequeños productores, prácticamente sin espalda para afrontar el costo financiero de retener cereales, es errarle al tiro.
El revulsivo se completa con las inexplicables especulaciones en torno de un posible adelantamiento de las elecciones presidenciales. El primero en plantear el asunto fue el empresario periodístico Daniel Haddad, quien advirtió vía Twitter que el mentado "círculo rojo" comenzó a hablar del adelantamiento de las elecciones. La mecha prendió y tuvo varios capítulos posteriores. La mayoría de la oposición se mantuvo al margen de la cuestión, aunque en hubo excepciones. "Hay un modelo político que está en crisis. Espero que esta sea la crisis final", se despachó Mauricio Macri, siempre con la institucionalidad a flor de piel, luego del encuentro con el jefe de la CGT disidente, Hugo Moyano. También derrapó el gobernador de Misiones, Maurice Closs, que comparó el escenario con la crisis de 2001.
Los sectores empresarios más vinculados a los segmentos productivos se muestran más prudentes, beneficiados por la devaluación, mientras que los dirigentes gremiales hacen equilibrio entre la advertencia de que los trabajadores no deben pagar el costo del desplazamiento del tipo de cambio y el convencimiento de que una escalada de precios y salarios es el peor escenario que se puede enfrentar.
A diferencia de episodios anteriores de devaluación, el gobierno apuesta a la intervención de un Estado presente para evitar el traslado a los precios de forma directa de la devaluación. Durante la semana que pasó hubo gestos de industriales que anunciaron una marcha atrás en los incrementos de insumos. Habrá que ver si se concreta y en qué términos.
La otra pata también tuvo un capítulo inicial estos días. El gobierno nacional inició los contactos con los docentes para abrir la primera paritaria del año, mientras que los ministros de Economía de varias provincias, convocados por la bonaerense Silvina Batakis, se reunieron para coordinar una respuesta común frente a los planteos de los empleados estatales. Es una reacción positiva, luego de la extorsión policial que empezó con el desmanejo cordobés y encontró a Daniel Scioli buscando coordinar un accionar de conjunto entre los gobernadores.
Pero no toda la reacción gremial fue igual. Desde la ruptura con el kirchnerismo Moyano anda sin brújula. Primero amenazó con un partido laborista para transformarse en el Lula argentino. Después probó suerte con Francisco de Narváez y, luego del fracaso electoral, le coqueteó a Sergio Massa sin éxito. Más tarde buscó en el peronismo tradicional, pero los gobernadores tampoco se sumaron porque dudan de que tenga algo para aportar en las urnas. Ahora se acercó al PRO de Mauricio Macri. Se sabe que el camionero es un hombre de definiciones fuertes y esta vez no fue la excepción. Como quien dice agua va, soltó que el alcalde porteño había hecho más por los trabajadores que el kirchnerismo. Ahí nomás sumó otra definición y el viejo dirigente gremial combativo elogió la visita de Macri al Foro de Davos, donde los empresarios que controlan el poder económico se reúnen para marcarle la cancha al poder político mundial, y cuestionó en cambio la reunión de Cristina Fernández con los presidentes de la región en la Cuba de los hermanos Castro.
El despropósito, imposible de sostener en un debate con un párvulo, sirve de pintura para comprender el momento político que se vive por estas horas. El valor más preciado parece ser la responsabilidad de la dirigencia política, empresaria y gremial. De ellos depende.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 2 de febrero de 2014)
