La Justicia provincial acusa a un grupo de policías locales de haberse alzado en armas contra el gobierno y dejado en estado de indefensión a la ciudadanía. Hay filmaciones de las negociaciones, cruces telefónicos, actas de reparticiones policiales y elementos secuestrados durante las detenciones que ya son los elementos con los que cuentan los fiscales Washington Navarro Davila y Adriana Gianoni para requerir la prisión preventiva. De los ocho policías detenidos, cinco estaban en actividad y tres habían sido cesanteados en 2012 por participar de un alzamiento similar, pero menos virulento que el de este diciembre.
Los cesanteados de 2012 fueron el entonces comisario Miguel Angel Toledo y los suboficiales Angel Chaile y Diego Herrera. Los tres participaron del reclamo salarial en marzo de ese año, un conflicto al cabo del cual se les hizo sumario administrativo y terminaron separados de la fuerza. Ellos sostienen que la decisión fue arbitraria porque los cabecillas del conflicto no fueron sancionados. Entre el 9 y el 11 de este diciembre, fueron Toledo, Chaile y Herrera quienes llevaron a cabo las negociaciones por mejoras salariales, sosteniendo un conflicto que, ante la falta de policías en las calles, derivó en el saqueo de cerca de 250 comercios y la muerte de seis personas.
Los otros detenidos que participaron de las negociaciones con el gobierno son los suboficiales Sergio Hogas, de Patrulla Urbana, Federico Castro y Alejandro Mamani, de la comisaría 5ª, Flavia Bedmar, de la comisaría de San Andrés, y Fanny Avila, del Programa de Integración a la Comunidad de Lastenia. Los policías están en la unidad de máxima seguridad del Penal de Villa Urquiza. Chaile fue el último en ser detenido, tras una semana prófugo. Se negó a declarar en primera instancia, pero su abogado no descarta pedir una ampliación de su indagatoria para mañana. “Mi cliente tuvo una participación pasiva, él está cesanteado y por lo tanto es un civil más. Fue un canal de diálogo y un vocero de los pedidos de sus otros compañeros”, explicó el abogado José María Molina.
El defensor de Castro y Hogas, Pablo Rivera, consideró que no hay elementos para acusarlos del delito de sedición porque los detenidos no se conocen entre sí. “Mucho tiene que ver el poder político que por omisión o incapacidad permitió que se llegue a esta instancia”, sostuvo el abogado.
Los investigadores tomaron en cuenta las actividades que los detenidos y sus familiares realizaron en las redes sociales, principalmente Facebook, durante el conflicto. Secuestraron celulares y computadoras de los policías y sus allegados más próximos que están siendo peritados. Los resultados de los cruzamientos de llamadas y datos estarían recién a comienzos de enero. También tomaron como antecedentes las filmaciones de reuniones de negociación salarial entre gobierno y huelguistas. Y las actas de diferentes comisarías que recibieron las denuncias de saqueos, pero que dejaban constancia de no poder asistir porque el personal estaba de huelga.
Los fiscales, según fuentes judiciales, no tienen aún elementos que relacionen en forma directa a estos detenidos con los saqueos. Pero consideran que hay pruebas suficientes para sostener que este alzamiento en contra del gobierno dejó las calles liberadas para que se cometan delitos de todo tipo y que los huelguistas tenían plena conciencia de lo que podía ocurrir con esta decisión. No descartan que de la investigación por los saqueos, que tramita la fiscal Adriana Reinoso Cuello, surja la conexión con los policías autoacuartelados.
La protesta
Al final del domingo 8 de diciembre, policías del 911 iniciaron una protesta en las puertas de la subjefatura, en la zona oeste de la capital tucumana, para exigir un sueldo de bolsillo de 12 mil pesos. Participaban familiares de personal en actividad, retirados y cesanteados. Con el cambio de guardia del lunes 9 se sumaron efectivos de otras reparticiones al tiempo que se hizo evidente la división entre los manifestantes. Un grupo liderado por Víctor Nacusse sostenía que había predisposición del gobierno para otorgar un aumento, pero era necesario mantener las guardias mínimas. Otro, encabezado por Diego Herrera, exigía una respuesta más rápida con medidas de protesta más extremas. Por esas horas, el gobierno de Jose Alperovich ofreció como sueldo de bolsillo 8500 pesos para un policía que recién ingresaba a la fuerza. La propuesta fue aceptada por el grupo más dialoguista, mientras los más combativos se mantenían firmes en la petición original. Por esas mismas horas, grupos de saqueadores comenzaban a ganar la calle. Recién en la tarde del martes 10 se llegó al acuerdo: los rebeldes aceptaron 8700 pesos y un básico de 4900 pesos. Fue entonces cuando trascendió que el principal punto de conflicto había sido la reincorporación de los cesanteados Herrera, Toledo y Chaile. El gobierno se comprometía a no tomar medidas con los policías que habían participado del autoacuartelamiento.
Aún así, el Ministerio Público Fiscal inició de oficio una investigación con dos carriles distintos pero conexos. Por un lado, investigar el levantamiento policial y por otro lado la pesquisa por los saqueos. Por esta última causa hay hasta ahora setenta detenidos y más de cien allanamientos, en los que se ha recuperado cerca de 1900 elementos robados. La fiscal analiza la posibilidad de cambiar la calificación a robo en banda, pero espera recolectar más pruebas para definir este punto.
(Diario Página 12, domingo 22 de diciembre de 2013)
