Dos reconocidos abogados que persiguen a la República Argentina con juicios multimillonarios ante el CIADI tienen previsto reunirse en los próximos días con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Julio Alak.
Máximo Bomchil, del estudio M&M Bomchil, presentará ante Lorenzetti y Alak al británico Michael Reynolds, que en enero pasado asumió la presidencia de la International Bar Association (IBA), el colegio internacional de abogados.
A priori, se trata de un encuentro protocolar, pero fuentes tribunalicias revelaron a este diario que los letrados podrían intentar influir durante las reuniones con Lorenzetti y Alak para torcer el resultado de un juicio multimillonario entre dos empresas privadas que se encuentra a resolución de la Corte Suprema y tiene hasta ahora un resultado adverso a los intereses de una multinacional extranjera. Quienes siguen de cerca el caso, sostienen que los lobistas advertirían sobre la existencia de apocalípticas consecuencias internacionales para la imagen de la justicia argentina en el caso de que el fallo confirme la sentencia negativa contra la multinacional.
Bomchil es el histórico representante ante el IBA del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Reynolds es el socio principal del estudio inglés Allen & Overy, ambos litigantes contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.
En el ámbito de la justicia penal, Máximo Bomchil es recordado por haberse salvado "milagrosamente" de ser procesado como partícipe necesario en una causa de defraudación al Estado nacional.
Se trató de la "confección a medida" de una resolución de la Secretaría de Transporte de marzo de 1998 por la que se modificaron las condiciones del contrato de privatización de los aeropuertos para favorecer al grupo Eurnekian del que precisamente Bomchil era abogado.
El año pasado, el letrado tuvo que dejar la presidencia de Aeropuertos Argentina 2000, producto de la evidente incompatibilidad de litigar contra el Estado argentino y a la vez ser el titular de una de las empresas concesionarias de servicios públicos más importantes del país.
El estudio M&M es el que más intervenciones tiene en juicios contra la República Argentina en el CIADI. De los 28 juicios que tramitan en los tribunales del organismo del Banco Mundial, patrocinó nueve demandas contra el país, lo que representa el 32% del total.
Algunas de las compañías a las que patrocinó Bomchil en demandas contra la Argentina, por unos 10 mil millones de dólares, son Azurix, Siemens, Camuzzi Internacional y Unysis.
El estudio de su colega del IBA, Allen & Overy, tiene un protagonismo similar, con otras nueve causas contra la Argentina en el CIADI, donde en varias ocasiones puede haber desarrollado una estrategia conjunta con Bomchil.
En los pasillos de Tribunales consideran que, si se tiene en cuenta la comunidad de actividades de sus estudios ante el CIADI, más los antecedentes poco éticos de Bomchil, no resultaría sorprendente el intento de presionar a favor de los intereses de sus clientes nada menos que ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
(Diario Tiempo Argentino, viernes 13 de setiembre de 2013)
