La Justicia Federal ya tramita una causa penal contra el fiscal José María Campagnoli y contra uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que supone una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA–, y quedó radicada bajo el expediente CFP 8701/2013 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo de Daniel Rafecas. El juez convocará la semana próxima al denunciante para su ratificación, y luego le dará intervención al fiscal Jorge Di Lello para que confirme si le da impulso a la investigación, que tiene como carátula provisoria, "averiguación de delito". Mientras tanto, la denuncia también fue ingresada ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó. En paralelo se abrirá un procedimiento para establecer si la irregularidad amerita un proceso disciplinario que podría derivar, incluso, en la destitución del titular de la fiscalía de Saavedra y Núñez.
Chueco ya había intentado, sin éxito, apartar a Campagnoli de la causa, acusándolo de haber direccionado la pesquisa y de actuar fuera de su competencia, ya que su investigación avanzó en paralelo a la que se tramita en el fuero federal y que está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan. En ambas oportunidades, la jueza María Gabriela Lanz había rechazado sus planteos. Chueco es amigo del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, asesoró a Austral Construcciones, y también fue quien instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.
Pero ahora, Chueco apuntó contra el abogado Hernán Miguel Frisone, asociado del estudio jurídico Sáenz Valiente y Asociados, la espada jurídica del Grupo Clarín. Y también pidió que se investiguen como "partícipes y/o instigadores" a la diputada Elisa Carrió a quien acusó de formar parte de un "entramado criminal" a través de su amiga personal y dirigente de su agrupación, Marcela Campagnoli, que a su vez es hermana del fiscal. Sostuvo que se trata de una maniobra orquestada con el fin de perjudicar por elevación al gobierno nacional en un año electoral, y para favorecer los intereses del holding.
DENUNCIA. El eje de la presentación de Chueco giró en torno a la supuesta intervención "ilegal" de Campagnoli por abuso de autoridad en el expediente en el que, según afirmó, "debió pervertir el objeto procesal de la causa transformando una investigación por el delito de administración infiel en una causa por extorsión", y a Elaskar, de acusado a víctima. Pero agregó que la prueba que confirmaría la hipótesis de que existió una "confabulación" quedó plasmada en un expediente que obra en la Justicia Civil por un amparo que promovió Edgardo Raúl Levita contra ARTEAR, empresa del multimedios que controla Canal 13, el canal de noticias TN y el resto de las señales de cable de Clarín. Levita fue acusado de formar parte de la maniobra por presunto lavado de dinero que involucra a Báez y a su entorno, pero también fue mencionado dentro de la causa Schoklender por haber tenido relación con la financiera Monetización, investigada en la trama por desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Ante el Juzgado Civil Nº 105, Levita solicitó no ser mencionado periodísticamente por ningún medio del Grupo Clarín. El que contestó la demanda por parte del holding fue Frisone que justificó las publicaciones y además adjuntó como documento probatorio la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, Secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales" en la causa por extorsión donde se lo menciona. Pero esa copia, lejos de ser el original que obra en la causa, es un borrador, sin firmas, con partes de su redacción incompletos y varios puntos con información sensible en blanco.
EL DICTAMEN. Según pudo confirmar Tiempo Argentino, el "borrador" que presentó el abogado de Clarín como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación ni las firmas de Campagnoli y de Rodríguez Varela en cada una de las páginas. También están incompletas las partes dispositivas de la investigación del fiscal que detalla un entramado empresario que vincula a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. En blanco aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación; los allanamientos; el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas; las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI; y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena. Según Chueco ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa."
CLARÍN. Pero Chueco fue más allá y postuló una hipótesis más grave: que los abogados del Estudio Sáenz Valiente o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen. "Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín", afirma el escrito. Para ello también se menciona la lectura al aire por parte del periodista Jorge Lanata del dictamen en la misma fecha en que se presentó lo que, afirman, "permite inferir que el Grupo Clarín contaba desde antes con ese dictamen". El núcleo central de la presentación se basa en pedir que se investigue "si en el curso de la brutal campaña en contra del gobierno nacional encabezada por el Grupo Clarín (que al efecto contrató a Jorge Lanata), en la que colabora activamente la diputada nacional Elisa Carrió (socia política y amiga de Marcela Campagnoli, hermana del aquí denunciado), se determinó de un modo directo la confección de un dictamen redactado por personas vinculadas al mencionado grupo, con el claro objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos e influir, falseando los hechos, en el resultado de una elección nacional."
PRUEBAS. Chueco solicitó –además de ser tenido como querellante– una batería de medidas para confirmar el vínculo entre el fiscal y el multimedios, muchas de las cuales, según fuentes judiciales, difícilmente serán autorizadas. Entre ellas el entrecruzamiento de llamados entre Campagnoli, su hermana Marcela, el abogado Frisone y ARTEAR, así como los mensajes de texto u otro tipo de mensajería instantánea y correos electrónicos. También allanamientos simultáneos en las fiscalías donde se desempeña Campagnoli, en Canal 13 y en el Estudio Sáenz Valiente, además del secuestro de documentos y computadoras. «
Vínculos políticos y denuncias periodísticas
La jueza María Gabriela Lanz desestimó sin mayor trámite los planteos de la defensa del Directorio de SGI y rechazó apartar al fiscal José María Campagnoli de la causa por supuesta extorsión. Reafirmó su competencia pero no hizo referencia a la denuncia revelada por Tiempo Argentino sobre el vínculo entre la principal denunciante del clan Báez, la diputada Elisa Carrió y el fiscal, a través de su hermana Marcela, dirigente bonaerense de la Coalición Cívica y amiga íntima de la candidata de UNEN.
La ex concejal de la CC en la localidad de Pilar reconoció el vínculo en una entrevista radial que fue incorporada al expediente que, apelaciones mediante, fue remitido nuevamente a la Sala V de la Cámara del Crimen a la espera de una resolución. El tribunal tendrá que tomar una definición sobre la continuidad de Campagnoli al frente de la investigación pese a los nexos que fueron puestos en evidencia y sobre la validez de su actuación, que tiene muchos puntos en común con la que se tramita en el fuero federal. Aquella denuncia mencionaba una presunta motivación política de Campagnoli para llevar adelante la causa contra Báez, apoyada en el beneficio de una facción política que su hermana y Carrió compartían y con el objetivo de perjudicar electoralmente al gobierno nacional. En aquel momento se había insinuado como parte de la maniobra al Grupo Clarín a través del periodista Jorge Lanata, que basó la mayoría de los informes periodísticos que presentó al aire con entrevistas a Campagnoli. El periodista, a su vez, fue uno de los primeros citados por el fiscal para ratificar el rumbo de su investigación.
G. M.
Secretario con historia
El abogado del Grupo Clarín Hernán Frisone mencionó en la documentación aportada en el amparo solicitado por Edgardo Levita la "copia del dictamen emitido por el fiscal Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Cámara de la Secretaría de Investigaciones Penales". Rodríguez Varela es, en rigor, secretario de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, y es quien firma, junto a Campagnoli, cada una de las páginas del voluminoso dictamen emitido el 22 de mayo contra Lázaro Báez y su entorno. Pero el funcionario, además, mantiene un enfrentamiento desde hace años con el Poder Ejecutivo a quien acusa de haberlo relegado en 27 ternas para concursos de magistrados, sin que se lo designe para un ascenso a pesar de obtener buenas puntuaciones en seis concursos múltiples. Señaló al gobierno por haber realizado una constante "discriminación" en su contra, ya que nunca se lo eligió para ocupar una vacante en la Cámara del Crimen, una de sus aspiraciones. A su favor, hasta se presentó un amicus curiae que suscribió el propio Campagnoli. Casualmente ayer, el diario La Nación le dedicó su editorial y afirmó que su caso "obedece a una única circunstancia, jurídica y éticamente inaceptable: portación de apellido". Su padre es Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia del extinto dictador Jorge Rafael Videla, de quien fue abogado defensor en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, por la que fue condenado. Su hijo afirma que el motivo por el que su pliego nunca es seleccionado es "arbitrario", e incluso recurrió ante la Corte Suprema. El 7 de agosto de 2012, el máximo tribunal se expidió y consideró "inadmisible" su planteo para que la Corte terciara sobre los concursos del Consejo de la Magistratura y lo calificó de improcedente.
(Diario Tiempo Argentino, viernes 13 de setiembre de 2013)
