La pregunta por la estafa en el territorio de la lucha política remite a dos tradiciones. En una, su posibilidad misma depende de las virtudes del estafador y contiene el desprecio implícito por los estafados, podemos denominarla una especie de teoría del héroe (para Carlyle, los grandes hombres hacen andar las ruedas de la historia); la otra pone el peso en la situación histórica "objetiva". Un cuadro no posibilita una "solución" determinada, pero un segmento lo cree posible y por tanto la habilita. Esta última tradición podemos anclarla en la lógica analítica de Marx, y de alguna manera por el modo en que su lectura impactó el siglo XX, en la amplia franja de las denominadas ciencias sociales.
La posibilidad de la estafa política, entonces, podría pensarse, homologarse, al menos como ejercicio pedagógico, a la posibilidad de la estafa personal. Un ejemplo sirve: un varón de más de 40 años, el señor P, registra síntomas inhabituales en su comportamiento corporal y decide ir al médico. Es su médico de familia, quien tras una revisación de rutina le encarga un par de estudios, pero a diferencia de las otras oportunidades guarda discreto silencio. Nuestro hombre sabe, por ese gesto, que la cosa no es tan simple.
El médico, a quien llamaremos doctor N, se calza los anteojos, abre el sobre y con total concentración lee el estudio. Cuando se saca los anteojos, P comprende que no lo aguardan los consabidos adjetivos que dan por liquidado el asunto. La palabra tumor fue pronunciada tres veces, el facultativo le hace saber que si bien él no es un especialista, ver uno se ha vuelto inevitable.
En compañía de su mujer, el señor P entrevista al profesor K. Con sonrisa profesional y aspecto de en mí usted puede confiar, K les da la mano. Sin cambiar de tono abre la carta que le envía su colega, y tras leer parsimonioso los estudios añade: "El doctor N dio en la tecla, ahora pediremos unos estudios más específicos, que nos permitan saber si el tumor hizo o no metástasis. En los dos casos, existe en el país una droga experimental que permite atacar exitosamente el mal y obtener una sobrevida de buena calidad."
El señor P no escucha más. Toma la mano de su mujer, quien tiene cara de realmente preocupada, y pregunta tecnicismos que a P no le significan nada. Está sonámbulo, el impacto lo dejó nock out. Como en una nube sale del consultorio, y pasivamente se dispone a ejecutar las disposiciones del facultativo. Otros estudios y otra ida al consultorio, y finalmente un sombrío pronóstico clínico.
La mujer de P, señora de armas tomar, averigua quién es el experto mundial al que se debe consultar. Como una hermana suya vive en EE UU, logra que una prestigiosa universidad, con afamadísimo centro oncológico, estudie los tacos que obtuvo el anátomo patólogo local y a la carrera envíe su reputado diagnóstico final junto con el protocolo salvador. Mientras esperan, su confianza en la ciencia no sólo no decrece sino que constituye la fuente de todas sus esperanzas, esperan que un nuevo e inminente descubrimiento –"la ciencia avanza todos los días"– ponga fin a ese mal sueño. El resultado llega sombrío y confirma los peores pronósticos. Hasta la voluntariosa mujer de P baja los brazos y la desazón los gana a los dos. Un amigo que nunca falta, amigo de las soluciones alternativas, les hace saber que él conoce docenas de casos, con diagnósticos no menos apocalípticos, que alcanzaron la cura. Antes, esa posibilidad jamás habría sido considerada, tanto P como su mujer siempre observaron con total escepticismo esos caminos, pero perdido por perdido…
Retomemos el hilo: la estafa política entendida como posibilidad objetiva. La situación nacional es percibida como catastrófica y por tanto para evitarla, para dejarla atrás, para poder volver a vivir tranquilos, las soluciones "no convencionales" adquieren estatuto de verosímiles. El candidato a ser estafado está decidido a impulsar, defender, justificar los caminos que permitirán salir de la "dictadura con votos", por lo tanto está colocado en su debido lugar. Basta que un estafador cínico o un simplote ingenuo acepte su papel para que esa potencialidad busque su vía de realización. En cada caso, los instrumentos no son nunca una cuestión menor.
Otra vez Clarín. La Corte rechazó el per saltum planteado por el gobierno, el Ejecutivo le pedía resolver si la Ley de Medios Audiovisuales es o no constitucional. Era "lógico" en términos de procedimiento. A juicio de los expertos ese recurso sólo se justifica cuando lo plantea quien perdió en Primera Instancia, y en esa instancia ganó el Estado. Por eso, en los pasillos de tribunales nadie pensaba posible que la Corte "salteara" a la Cámara, y menos, que dictara sentencia en unos pocos días.
En consecuencia la tan cuestionada Cámara –la de los jueces comprensivos– tiene que fallar en el menor plazo posible, ya que así lo volvió a pedir la Corte en su resolución, y no es presumible que el lapso atraviese este complejo verano. Eso no es todo. La Corte también resolvió el recurso extraordinario planteado contra el dictamen de la Cámara, validez o invalidez de la medida cautelar que impide el cumplimiento de la ley con relación al grupo Clarín.
Acá hay que distinguir, sostiene el especialista Alejandro Drucaroff Aguiar, dos planos del mismo problema: la medida cautelar y el plazo de aplicación.
1) El Estado pedía a la Corte que la medida cautelar se dejara sin efecto de inmediato, diciendo que los supremos habían fijado un límite que venció el 7D. Convine recordar que esto se planteó antes de que hubiera sentencia de Primera Instancia. La Corte rechazó esa posibilidad y, en consecuencia, se mantuvo la cautelar. No faltan quienes sostienen, como el propio Drucaroff Aguiar, que la resolución carece de "argumento fuerte", ya que si la sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda no existe "verosimilitud del derecho" (en buen romance, la constitucionalidad de una ley se presume hasta que no se demuestra lo contrario) y, por tanto, no correspondería mantener en suspenso su cumplimiento. Sin embargo, ese ha sido en rigor el talante de los supremos, ya que aceptaron para desinvertir el plazo ascendiera 36 meses. Un lapso que no guarda la debida proporción con la "cuestión a resolver". Esto es, la venta de activos rentables socialmente codiciados.
2) ¿El año para la desinversión corre desde la sentencia o ya está vencido? No se trata de una pregunta menor. Como recordarán, la Cámara dijo en su resolución que el plazo recién correría desde la sentencia, lo cual postergaba otra vez la aplicación de la Ley. En cambio, la Corte dejó definitivamente aclarado que el plazo de desinversión ya venció, lo que significa que en cuanto haya sentencia, Clarín debe adecuarse a la Ley inmediatamente.
Volvamos a empezar, si la Cámara confirma la sentencia dejaría sin efecto la cautelar (si no lo hace, el Estado podría pedir que lo haga) y a partir de allí se aplicaría la Ley. Si la Cámara en cambio declarase inconstitucional la Ley por percepción extrajurídica –repercusiones públicas de la decisión, un imaginario ataque a la libertad de expresión– estaríamos en presencia de una suerte de estafa legal. Una solución "política" que bloquea el funcionamiento del Congreso, al impedir la autorregulación del juego mediante la intervención del Estado.
Ese camino "no convencional", esa solución desesperada, no sólo violenta el orden político formal (la división de poderes), sino que pone en crisis la relación entre los tres poderes. Vale la pena explicarse: la legalidad imperante supone la autolimitación de cada poder, para salvaguardar el funcionamiento del otro y por tanto del sistema. Si así no fuera, si uno de los poderes avanzara sobre los demás –en este caso la judicatura–, el camino para contenerlo corre el riesgo de abandonar el terreno fijado por la Constitución nacional. Esa estafa, esa degradación política, difícilmente prospere, pero sería gravísimo siquiera que ese recurso fuera puesto en práctica.
(Diario Tiempo Argentino, 31 de diciembre de 2012)
