La dictadura genocida arremetió contra las ideas por temor a ser ella la víctima. Y en esa arremetida involucró al periodismo, mejor dicho, a cierto periodismo, como aquel de Rodolfo Walsh. De acuerdo a lo que han logrado comprobar los organismos de derechos humanos, por numerosos testimonios, los desparecidos y asesinados fueron algo más de 100, además los que fueron echados de sus trabajos por el compromiso de las patronales con los represores, más los excluidos y exiliados, que fueron varias decenas.
Rafael MoránEn Mendoza la violencia de los represores fue muy fuerte, y para muestra lo que se produjo en el Diario Los Andes, inmediatamente de aquel nefasto 24 de marzo. En nuestro EL TERRORISMO DE ESTADO EN MENDOZA, (1a. edición 1976/77) hicimos una exhaustiva investigación al respecto, que transcribimos parcialmente: "Desde el primer instante en que se hicieron presentes los uniformados en la redacción de Los Andes esa noche del 24, el terror fue permanente en mi vida profesional cotidiana y que padecí durante años". Así nos daba testimonios un ex-cronista de ese diario, y en gran parte constituye el cuarto de situación que se vivió en las filas del periodismo local. Recuerda que el golpe estaba "cantado", pues a las 22 horas del día 23 de marzo, ya Horacio Tato, director de la agencia "Noticias Argentinas", anunciaba que a las 2 de la madrugada de ese día 24, se iba a producir la ruptura institucional: "Se preparó entonces una segunda edición de lo que se iba a publicar, sin embargo llegó un capitán del Ejército y lo impidió. A partir de entonces, la censura sería permanente y ninguno estábamos seguros de escribir de acuerdo con el criterio uniformado y omniprepotente de los censores. Pero lo peor, de acuerdo a las vivencias primeras, eran las consecuencias, pues ya habían sido detenidos en Los Andes: Rafael Morán, Alberto Atienza, Antonio Di Benedetto, subdirector del diario, Norma Sibila, redactora y esposa de Morán. Posteriormente se supo que se había allanado el domicilio de Pedro Tránsito Lucero, jefe de redacción de El Andino, versión vespertina de Los Andes, y detenido junto con su esposa, la abogada Dora Goldfar. También fue detenido el cronista Ricardo Visso. Según una versión, para los genocidas la detención de Lucero respondía a una oscura y acendrada discriminación racial e ideológica de los represores, que se inculcaba en los centros de "deformación de la formación". En efecto, para los uniformados "no podían aceptar que un hijo de un general estuviera casado con una comunista y, para colmo, judía". Es que Lucero era hijo del general (R) Pedro León, también interventor federal de la provincia
Sigue recordando el ex cronista Ricardo Dunne: "A Di Benedetto se lo llevaron uno o dos días después del 24... al llegar al Casino, donde iba a quedar detenido por pocos días (después pasaría al Liceo Militar) y al ser reconocido por un oficial superior, lo invitó a su mesa a comer. Con toda dignidad rechazó el convite. A la noche lo llevaron a la peluquería, lo pelaron, lo maltrataron, le sacaron los anteojos y se los rompieron. A partir de ahí fue un largo calvario hasta que tiempo después le dieron la opción del exilio, pero ya estaba muy quebrado".
EL CASO BONARDEL
En noviembre del 75 ya había sido secuestrado Jorge Bonardel, redactor también de Los Andes. Los primeros días no se supo nada de su paradero hasta que la presión de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo y del Sindicato de Prensa, obligó a que el Comando de la VIII por intermedio de su jefe el Gral. Maradona, admitiera que lo tenían detenido. Hasta ese momento, Los Andes y los demás medios habían hecho un gran despliegue del caso, los grandes destrozos producidos por los secuestradores quienes también se llevaron valiosas pertenencias y dineros. Quedó así en claro que los numerosos allanamientos, secuestros y asesinatos que se venían produciendo con métodos similares y "mano de obra" de encapuchados, lo eran por efectivos de militares y policiales. Es lícito suponer este despliegue informativo del caso Bonardel, como asimismo de las crónicas por las decenas de personas -hombres y mujeres, militantes políticos, proxenetas y prostitutas- que aparecían a diario asesinados en la zona de Papagallos, en los llamados "pozos de Santuccione", brigadier y jefe de Policía, responsable directo de la mayoría de esas muertes. Los Andes, con Di Benedetto como subdirector, Bonardel como redactor y los demás detenidos, provocaron las iras de aquella "mano de obra". Sería, entonces, entre otras, la causa que desencadenó las detenciones.
PONCIOS PILATOS Y JUDAS
Fue el caso de Norma Sibila, por el cual quedó patentizada la reacción cómplice de la empresa. En efecto Sibila, durante cinco días después del golpe no se presentó a trabajar a sabiendas de lo que podía ocurrirle. Sin embargo, al cabo de esos días de ausencia, un telegrama colacionado de la empresa la conminaba a presentarse, de lo contrario sería despedida. Se hizo presente y de inmediato fue llevada a prisión. De esa forma la conducción empresarial puede ser acusada, por lo menos, de complicidad del calvario que fue la prisión de Norma. Los otros detenidos fueron despedidos "por ausencia injustificada" cuando era resabido lo que les había ocurrido. La excepción fue Visso, quien quedó en libertad a los pocos días y fue reincorporado al trabajo.
Como en las viñas del señor, entre los periodistas también hay de todo. Por ejemplo, Ricardo Galante que siendo jefe de deportes un día ordenó a Carlos Owens, cronista de dicha sección, hacer una nota en la sede la IV Briga Aérea, sobre un tema preparatorio al mundial de fútbol del 78. Galante sabía muy bien a lo que exponía a Owens al mandarlo allí, pues era indudable que estaba "marcado" por los esbirros como una de sus futuras presas. Ya había sufrido un par de atentados.
En el campo de los adictos quedó en evidencias Enrique Coll, que había sido jefe de noticias y que un par de años después del golpe falleció en Chile. Dunne dice sobre esta cuestión: "...junto con un jefe me tocó desocupar los cajones de su escritorio, y allí encontramos material y listas del personal de redacción, con claros indicios de que informaba a los "servicios" sobre la calidad política-ideológica de los escribas. En este plano también se recuerda a Domínguez Palazzini, quien en ese entonces se había hecho cargo del noticiero de canal 9, y desde allí se convertiría en uno de los más exaltados propagandistas del golpismo militar. En 1983 dejó Mendoza y se "refugió" en la Capital Federal. Apostando a la mala memoria colectiva, posteriormente regresó a Mendoza y volvió a ser un expectante periodista con el privilegio de opinar sobre todo.
Pero quien marcó un puntaje alto en la tabla de los incondicionales fue Raúl Bragadín, mediocre escriba y que rumiaba su resentimiento anti cívico en un rincón del Comando. Su gran orgullo era esgrimir el título de "corresponsal de guerra", para lo cual hasta había logrado que sus mandantes le permitieran el uso del uniforme. Así se presentaba en las redacciones cuando el Golpe, intimidando con la impunidad de la fuerza bruta, aunque en verdad sólo era el portador de unas pocas migajas de ese poder. Como muchos de su calaña, era un alérgico a la democracia y después se fue de Mendoza. En algún territorio ignoto estará rumiando su resentimiento y si aquí se lo menciona es tan sólo para señalarlo como sinónimo de lo peor de la condición humana.
ASALTO AL SINDICATO
Al momento del golpe también tenía presencia periodística local el Diario Mendoza. Fue Ventura Pérez, administrativo en dicho diario y secretario general del Sindicato de Prensa, el principal detenido en ese matutino. También lo fue otro administrativo, Rolando Morán, domiciliado en Buenos Aires. Otros compañeros periodistas de dicho matutino, como el recordado Beto Gatás, pudieron poner distancias y exiliarse en Ecuador. El Sindicato, que tenía su local en calle Salta y Corrientes, donde también funcionaba la mutual, fue asaltado por la patota militar y se llevaron todo, es decir un jugoso botín.
EL CASO SALOMON
El periódico "La Provincia", con 40 años de actividad especialmente dedicada a la vitivinicultura, sin obviar otros temas de interés general. Todo su contenido era de tono crítico y más de una vez rozaba la "sensible piel" de algunos poderosos, y su director-propietario era Juan Ramón Salomón, un hombre de espíritu amplio, democrático y corajudo, y por eso fue que en una edición de abril del 77 publicó una información de lo que se suponía era un negociado de un grupo de sindicalistas proclives a la dictadura, con los auspicios de la CGT, en ese entonces intervenida y cuyo titular era el coronel Landa Morón. Dicho negociado era producto de un par de barrios para trabajadores que se estaban construyendo. La suposición, con visos de realidad, que traslucía ese informe periodístico no fue del agrado del coronel, quien no dudó en detener a Salomón y mandarlo a prisión. Gracias a su calidad de empresario periodístico reconocido en todo el país, meses después pudo recuperar su libertad. Salomón tuvo un destacado papel, posteriormente, siendo miembro de la conducción de ADEPA, en gestiones para lograr la libertad o la opción al exilio, de Antonio Di Benedetto, lo que finalmente se logró.
OTROS CASOS
Los ataques, las presiones y las amenazas a los medios periodísticos y a periodistas en nuestra provincia fueron voluminosos. Así como el periódico "La Provincia", había otras pequeñas y medianas empresas que tuvieron su propio via crusis, como la Revista "Claves", que durante varios años -desde 1968, aproximadamente- hasta el filo del golpe fue una alta expresión de opinión. Sus análisis de la realidad mendocina y nacional contenían un fuerte tono crítico, señalando las purulencias del sistema y de los mandatarios y mandantes. No cabían dudas de la animadversión que suscitaba en los sectores áulicos y las iras de los autoritarios, por lo que ante el avance de la violencia iba a ser blanco tarde o temprano, de las furias desatadas. Uno de sus redactores, Miguel Longo, tuvo que optar por el camino del exilio ante amenazas y allanamiento de su vivienda. La señal era clara. Otro medio, el Diario La Tarde, un modesto papel impreso pero que subsistía desde comienzos de siglo, época de su fundación, también fue pasto de la intolerancia. En sus talleres, ubicados en calle Montecaseros, frente a plaza Sarmiento, se imprimían para terceros otros periódicos y revistas como el caso de Claves. Una bomba en 1975 destrozó su local y su dueño y director, Carlos Ibarra, no tuvo más remedio que rendirse ante los vándalos. Con casi cien años y siendo hasta entonces el subdecano de la prensa en Cuyo, tuvo que cerrar. Mejor dicho, desaparecer.
Expresión de opinión y de ideas, para los genocidas el periodismo y los periodistas, fueron objetivos fundamentales a controlar. Y si no, a exterminar.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
