HISTORIA / El peronismo y la avanzada estatal sobre el sector eléctrico (parte 1) / Nota






Los cambios en materia energética

Luego del triunfo electoral del 24 de Febrero de 1946, Perón y sus colaboradores elaboraron, sobre la base de los estudios realizados por el Consejo Nacional de Posguerra, convertido desde 1946 en Secretaria Técnica de la Presidencia (34) y bajo la dirección de Jose Figuerola, el I Plan Quinquenal, que debía establecer la orientación económica del país en el periodo 1947 - 1951.

Dentro de este Plan Quinquenal se consideraba la nacionalización de diversos servicios públicos tales como el gas, los teléfonos y los ferrocarriles.

Estas acciones fueron los ejes vertebradores de la proclamada independencia económica y un aspecto sustantivo de la
lucha antiimperialista(35).




También estas nacionalizaciones generaron un importante impacto, en primer lugar porque la ampliación y mejora de los servicios públicos pasaba a depender por completo de las decisiones del gobierno, en segundo lugar por el efecto inductor o disuasor de la inversión pública sobre la inversión privada y finalmente por la influencia directa que cobraba el Estado en la evolución de los agregados macroeconómicos, en la distribución del ingreso y en la generación de empleo (36).

El rubro eléctrico no sería ajeno a estos cambios, pero allí se plantearía una diferencia significativa, la empresa privada mantendría su hegemonía en el sector.

Sin embargo se comenzaba a definir una nueva política y el Presidente Perón enunciaba medidas a desarrollar tales como la ejecución de obras necesarias para la completa satisfacción de las necesidades de energía, adoptar medidas convenientes, incluso expropiación de bienes, establecer un régimen de préstamos y subsidios a cooperativas y colonias agrícolas, con miras a propulsar la electrificación rural y prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones para la prestación de servicios públicos de energía y gas, los que quedarán a cargo del Estado, salvo razones excepcionales que aconsejen otorgarlos (37).

El objetivo del gobierno era obtener el aumento de producción de energía eléctrica y esto se reflejó en el Plan Nacional de Energía confeccionado en 1946, que apuntaba a que no debe haber en todo el país sino un solo suministrador de gas y electricidad: el Estado.

Asimismo para el suministro de energía eléctrica se establecía el siguiente orden de prioridades:
1) Organismo nacionales, provinciales y municipales,
2) Cooperativas y
3) Sociedades de economía mixta.
Este Plan Nacional de Energía contemplaba el mantenimiento de la Dirección Nacional de Energía (en adelante DNE) creada en 1943 y la creación de un Consejo Nacional de la Energía.

El primer organismo estaba integrado por cuatro profesionales y un presidente y tenía por objetivo principal regular y fiscalizar las actividades públicas y privadas vinculadas al aprovechamiento de los recursos energéticos del país.

El segundo organismo estaba integrado por el directorio de la DNE y representantes de todos los Ministerios y de los Bancos Central y de Crédito Industrial con el fin de planificar el racional aprovechamiento de los recursos hídricos y energéticos del país.

Perón mantuvo en el cargo al coronel Bartolomé Descalzo al frente de la DNE (y ocuparía ese puesto hasta 1950) y confirmó en sus puestos a los ingenieros Julio Canessa (Gas del Estado) y Juan Eugenio Maggi (Centrales Eléctricas).

Durante el primer gobierno peronista, Maggi fue asesor del Ministro de Transportes, Coronel Juan Castro y posteriormente ocupó ese cargo.

Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia - Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones.
Todas estas nuevas medidas se relacionaban con que el nuevo gobierno estaba tomando conciencia del incremento de población que se estaba dando en los ámbitos urbanos y la creciente demanda de energía eléctrica que se generaba.
En este periodo se produce una enorme migración de población hacia los centros urbanos, en especial a Buenos Aires y su periferia (38). Su número empezó a aumentar vertiginosamente a mediados de los años 30 y mucho más a partir de los 40.

Los 8.000 provincianos que recibía anualmente hasta 1936 pasaron a un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943 y ascendieron hasta 117.000 entre 1944 y 1947.

En total sumaron un millón de nuevos residentes a Buenos Aires y su cinturón urbano, que creció de los 3.457.000 de habitantes de 1936 a los 4.618.000 registrados en 1947.
Asimismo la acentuó la urbanización ya que en 1947 la población urbana llegó a ser el 62,7 % de los 15.893.827 habitantes registrados por el censo.

El rasgo a resaltar es que la localización del mayor crecimiento de población urbana se produjo en las aglomeraciones de mayor tamaño.

En 1914 se contaban, además de Buenos Aires, dos ciudades con más de 100.000 habitantes, Córdoba y Rosario.

Hacia 1947 en esta categoría figuraban cinco más, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, La Plata y Tucumán que, sumadas, albergaban el 66,2 % de la población urbana (39).
Este aumento de población generó que la demanda del consumo ascendiera vertiginosamente y la posibilidad de abastecimiento fue superada.

Es importante remarcar que en este primer periodo las compras de electrodomésticos crecieron rápidamente, tales como la heladera eléctrica que reemplazaba a la refrigeradora de hielo y las radios, que conocían su época de esplendor(40).

También el aumento en el uso de productos eléctricos se reflejó en el vertiginoso aumento de producción de acumuladores, lámparas eléctricas, motores eléctricos, pilas, baterías y discos fonográficos. (ver tabla 1).

Los protagonistas: Estado, empresas privadas y cooperativas

Al asumir el nuevo gobierno el papel de las grandes empresas privadas en la producción de energía eléctrica era predominante. Entre 1946 y 1949 estas empresas privadas controlaban casi la totalidad de la producción con un porcentaje promedio de 94 %. (ver tabla 2).
Los principales grupos eran EBASCO (ANSEC), SOFINA (CADE), Motor Colombus (CIADE) y la Intercontinents Power Company (SUDAM) (41) que atendían el servicio eléctrico en los principales centros urbanos y numerosas ciudades de nuestro país.

Sin embargo el servicio que prestaban era criticado por numerosas deficiencias y por la poca inversión en el sector.

Con respecto a las cooperativas eléctricas su desarrollo era notorio y extendían su accionar en todo el país, principalmente en zonas de baja densidad de población.

Sin embargo su producción de energía eléctrica era mínima y representaba en 1946 un 0,7 % del total de la producción, y apenas se incrementa en 1951 con un 1,2 %.

A pesar de su escaso porcentaje en la producción de energía eléctrica el gobierno alentó su desarrollo y expansión fuera de los grandes centros urbanos y esto se reflejó en el Plan Nacional de Energía que especificaba que para el suministro de energía eléctrica aparte de los organismos estatales eran reconocidas las cooperativas.

Dentro del movimiento cooperativo, su número era destacado en relación a otras cooperativas.

A falta de datos en la mayoría de los años, tomamos como ejemplo la clasificación de cooperativas de 1945, en la cual las cooperativas eléctricas representan un 11 % y figuran en tercer lugar luego de las tamberas y cerealistas.

Ante este escenario, de mínima participación del Estado, que en 1946 representaba tan solo un 2 % de la producción total de energía eléctrica producida, el gobierno peronista decidió crear un nuevo organismo, Agua y Energía Eléctrica (en adelante AyEE) con el fin aumentar su presencia en este sector a través de nuevas obras en el ámbito nacional. (ver tabla 2).
A diferencia de otros servicios públicos, la política de ampliar el papel del Estado no paso por nacionalizar o absorber a las grandes empresas.
Esta unificación de agua y electricidad estaba relacionada con el objeto de explotar mejor diversas fuentes naturales de energía (entre ellas las caídas de agua), que hasta ese momento permanecían desaprovechadas.

Como se explicará más adelante, esta decisión estaba motivaba por el aprovechamiento de un espacio prioritario para la hidroelectricidad a bajo costo.
AyEE debería realizar en todo el país estudios generales de energía hidroeléctrica y térmica, estudios de redes, construcción de 11 centrales térmicas y 45 hidroeléctricas.


También para las aguas se consideraba la construcción de 29 embalses, 59 diques, desagües y obras varias (42).
El nuevo organismo, AyEE se creó oficialmente en 1947, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (43), y surgía de la fusión de Centrales Eléctricas del Estado con la Dirección General de Irrigación.
Maggi ocupó el cargo de Director General y se dispuso a comenzar la implementación de estos programas aprobados en el Primer Plan Quinquenal.

Sin embargo su implementación fue lenta, por lo difícil de traducir los proyectos en propuestas concretas y hubo que empezar rápidamente a recopilar datos e informes.

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