Antes de entrar en tema, un recordatorio y una pequeña reflexión que muestra claramente que no todo es lo que parece. ¿El recordatorio? El periodista Jorge Lanata fue denunciado por "incitación a la violencia antisemita” ante el INADI por su colega formoseño, Alejandro Crivisqui, quien semanas atrás acusó de censura a la empresa Cablevisión. ¿La reflexión? Que Lanata haya recurrido a ese tipo de agresión innecesaria y gratuita es una falta que atenta directamente contra la moral y causa sufrimiento a millones de personas. Estigmatizar es una clara demostración de impotencia. Y no vale la pena mencionar los términos en los que Lanata se refirió a Crivisqui. Son cuestiones en las que no se debería, a esta altura de la historia, perder el tiempo. Recordemos, entonces, al periodista Lanata y a todo su equipo, que el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y que el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo, recuerda la responsabilidad colectiva de promover y proteger este ideal.
Ahora bien. ¿Qué le preocupa a la Iglesia Católica? El documento "El Código Civil y nuestro estilo de vida" lo explica: "El modelo de familia proyectado por estas normas expresa una tendencia individualista que se opone a los criterios evangélicos y a valores sociales fundamentales, como la estabilidad, el compromiso por el otro, el don sincero de sí, la fidelidad, el respeto a la vida propia y ajena, los deberes de los padres y los derechos de los niños."
La preocupación parece tornarse en temor. Tanto que monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, asistió en persona a la audiencia pública de discusión para la reforma del Código Civil y Comercial junto a otros 49 disertantes.
Si bien la Iglesia, a través de la voz de Arancedo, tomó como eje el modelo de familia, no puso especial énfasis en pedir que el nuevo código reconozca la diversidad de opiniones de fe y la consiguiente derogación de la Ley 21.745 de Registro de Culto, sancionada en 1977 durante la última dictadura militar, como sí lo hicieron otros religiosos: Néstor Miguez, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, y Guillermo Prein, representante del Centro Cristiano Nueva Vida. Miguez, en audiencia pública, señaló que el proyecto de reforma "debe incluir el reconocimiento a la diversidad de las expresiones y comunidades de fe". Y Arancedo sabe que existe una voluntad política de dejar atrás esa norma impuesta por la dictadura, y también sabe que los proyectos presentados hasta el momento duermen en sueño de los justos en el Congreso de la Nación. Hasta el momento, el único avance fue la flexibilización del Registro Nacional de Cultos.
"Los esposos se comprometen a la fidelidad, la cohabitación, la asistencia recíproca y el bien de sus hijos. Si el Código Civil dejara de prever esos deberes, el matrimonio se vaciaría de contenido", continuó Arancedo en su exposición en la audiencia. "Preocupa la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y las uniones de hecho."
Parecería ser que el motivo del rechazo por parte de la Iglesia se centra en que el proyecto no distingue entre sexos para contraer matrimonio, que da la posibilidad a la pareja de hacer un contrato prenupcial que contemple un régimen de comunidad de ganancias y de separación de bienes. A Arancedo esa parte no le gustó, insiste en que la nueva ley sólo contemplará la regulación de lo que él llama "familias débiles". Tampoco los cambios respecto de la adopción, y mucho menos la posibilidad de legalizar una práctica ya en uso como el alquiler de vientres. "No se privilegia el interés superior de los niños, que consiste en tener un padre y una madre unidos en matrimonio", explicó.
Suena casi ridículo, aunque soberbio, que el matrimonio se haya concebido como una institución y que así permanezca a esta altura de la historia. Quizás es tiempo de reconocer que es el amor, o la falta de amor, la que debe regir las relaciones humanas, más allá de las formas contractuales.
Inmediatamente, y gracias a que la idiosincracia es la que es, aparecieron más voces. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, salió al cruce en un reportaje concedido a Página/12: "No debemos guiarnos por fundamentalistas ni lobbies de intereses. El Episcopado representa una visión legítima pero el Derecho debe comprender a todos." Para el magistrado, si bien el documento de la Conferencia Episcopal refleja la posición de la Iglesia, "más allá de la institución, hay muchísimas personas. Yo creo en un Derecho con inclusión social."
¿Por qué es necesaria la reforma constitucional? Porque la Carta Magna de 1994 es la Constitución de la minoría liberal y conservadora. Dieciocho años después de la última reforma, que fue hecha a la sombra de un acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, se hace necesario que la norma jurídica sea del todo coherente con el proyecto de país.
No tiene lógica alguna que si, como dice la Constitución, es el Poder Legislativo el que sanciona las leyes, las mismas pueden ser amparadas por cualquier ciudadano en Tribunales de primera instancia y así bloquear durante largos lustros su implementación.
Si bien la oposición acusa al oficialismo de fogonear la reforma con el objetivo de eternizar a Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, lo cierto es que desde principios de año, un grupo de legisladores se encuentran trabajando en las modificaciones que incluyen mucho más que la reelección. La enorme tarea es recuperar los fundamentos del modelo político por sobre el económico que hoy domina las leyes y avanzar así hacia un nuevo pacto de convivencia, logros institucionales que, sin dudas, mejorarán y profundizarán la calidad de la democracia.
El camino es simple: llegar a una reforma de los códigos Civil y Comercial que culmine en una Constitución adaptada del todo a los cambios y a los tiempos que corren, aplicable a la sociedad actual, a su desarrollo y a sus objetivos. Una Constitución igualitaria y no discriminatoria como la actual, que sólo contempla a la Iglesia Católica Apostólica Romana como la única institución religiosa que recibe dinero del Estado a pesar de ser un Estado laico.
¿Cómo imaginar que la inmensa mayoría de los argentinos no pueda elegir, por democrático consenso, aquellas herramientas que garanticen el rumbo del proyecto nacional?
Así como la Memoria, la Verdad y la Justicia fueron casi un reclamo de todos los argentinos que el gobierno de Néstor Kirchner recogió y puso como primer tema de la agenda nacional, las reformas que se discuten ayudarán, sin dudas, a la consolidación de un modelo soberano, igualitario y, por sobre todo, inclusivo.
Falta mucho por hacer. Pero el camino está claro.
(Diario Tiempo Argentino, 2 de setiembre de 2012)
