MENDOZA / Seguridad: respecto del proyecto presentado por Luis Petri / Documento

Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos abajo firmantes rechazamos el Proyecto de Ley de Luis Petri que pretende apartarse de una ley nacional, la 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad, porque es inconstitucional y contradice las garantías reconocidas tanto en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que ha suscripto nuestro país, y se aparta diametralmente, además, de la política del gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo “Verbitsky” de 2005, la necesidad de que la provincia de Buenos Aires adecue su legislación de ejecución penal a los estándares fijados en la reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, plasmadas, precisamente en la ley 24.660, a la que Petri piensa renunciar alegremente. Este retroceso violenta además el principio PRO HOMINE consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados de la materia, principio que significa que no se puede retroceder en los estándares mínimos de derechos establecidos en la legislación nacional, que configuran un piso que no puede ser perforado por el capricho de los legisladores y exponen al país a la condena internacional.



Fundamentalmente, proyectos como éste se encuentran animados por el oportunismo político, que no repara en la utilización del dolor y el miedo de las víctimas para sacar rédito con ideas que han demostrado reiteradamente su total fracaso.

Despojar a las personas privadas de libertad de sus derechos no es una medida que se traduzca en mejorar la seguridad y permita bajar la delincuencia. Tales derechos han sido construidos a través de una larga y dolorosa experiencia que lleva a reconocer en todos los seres humanos su condición de tales y sostener la resocialización y reinserción sociales como horizonte del sistema penal para construir una sociedad menos violenta. Por el contrario, proyectos como el Petri al estilo de las reformas propugnadas por Blumberg, llevan implícito un mensaje incrementa la violencia al profundizar la exclusión.

Esto no significa que no existan ciertas mafias enquistadas en la policía, la penitenciaría, la justicia y la política que hacen posible que quienes no están en condiciones de acceder a los beneficios de la libertad condicional o las salidas transitorias lo hayan hecho y esto en razón de que utilizan a estas personas como mano de obra esclava para que roben y participen de los grandes negocios que implican los desarmaderos, la venta de armas y la trata de personas, que crecen a la par de la violencia institucional y la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad. Los proyectos como el de Petri vienen a encubrir a estas mafias y a otorgarles aún mayor poder sobre los detenidos.

La irracionalidad del proyecto es palpable, además, porque conjuntamente se propugna a través de otras medidas y leyes sancionadas en gobiernos anteriores, limitar las excarcelaciones de las personas procesadas, en la práctica ello se traduce en cárceles superpobladas, en condiciones deplorables que han hecho a nuestra provincia acreedora de sanciones internacionales y llevado a ser motivo de mención, incluso en series norteamericanas, hasta allí llega el escarnio.

La seguridad depende de un conjunto de políticas que se aúnan en proyectos que generen mayor inclusión, recuperación de los espacios públicos, educación, trabajo, salud, vivienda, democratización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, acceso a la justicia rápido y efectivo, centros de tratamiento para las adicciones, en especial para los jóvenes, formas de prevención comunitaria del delito, tareas de inteligencia que estén legislativamente controladas, avance sobre los sitios de venta de objetos robados, etc., medidas que obviamente no tienen el sesgo represivo que añoran los cultores de la mano dura, que nunca dan cuenta de sus fracasos, tal como ya se los tuvo con Aldo Rico y con Ruckauf en Buenos Aires.

Agravar la situación de inhumanidad e indignidad sin límites de nuestras cárceles no genera el ámbito propicio para la resocialización efectiva, condición necesaria para implementar cualquier política de seguridad que asegure a todos los habitantes de la Nación los beneficios de la libertad, como dice el preámbulo de la Constitución, en razón de ello nuestros constituyentes establecieron taxativamente que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. Nunca imaginaron nuestros constituyentes que los legisladores, presos de un oportunismo infinito y acicateados por un discurso mediático antidemocrático, harían caso omiso de las demandas constitucionales para beneficio de los negocios de la seguridad privada.

Quienes adherimos a las ideas del Acuerdo de Seguridad Democrática formulamos nuestro rechazo al proyecto Petri y solicitamos que los legisladores lo archiven y expresamos nuestra voluntad de recurrir a las medidas que nuestro sistema democrático prevé para evitar su turbación.




Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, Asociación de Ex – Presas y Presos Políticos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Casa por la Memoria y la Cultura Popular, Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, Corriente Causa Popular – Mendoza, Kolina Mendoza, Frente Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Corriente Peronista Descamisados, CTA de los Trabajadores – Mendoza, Federación de Tierra y Vivienda FTV, MILES, Foro Nuevo Cuyo, Movimiento Peronista Néstor Kirchner, Asociación Bulla y Barro, Fundación El Prosumidor, Carta Abierta.

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