ARGENTINA / El retorno de las ideas de Juan Carlos Blumberg / Escribe: Mario Yutiz

La opción entre “la calle o la academia” denuncia una pobreza conceptual no exenta de palmaria mala fe.
El planteo formulado por la señora Paola Spatola en su nota del 9 del corriente impulsa algunas reflexiones. Transitamos un ciclo económico, político, cultural y social singular. Al par de las importantes conquistas y reconquistas en orden a la independencia económica, a combatir eficientemente la pobreza extrema, mejorar sustancialmente los niveles de ocupación y atender resueltamente los problemas de los sectores más necesitados; asistimos también a una apertura sin precedentes del debate y a una profunda democratización de la palabra. En este último aspecto, celebramos la derrota del pensamiento único, que fuera instrumento de las políticas emergentes del Consenso de Washington.



Sorprende, en este escenario, que una funcionaria pública como la señora Spatola se moleste por quienes a su criterio se dedican a “desperdiciar tiempo en estériles debates sobre planteos ideológicos o posiciones teóricas”. Siempre bajo el influjo de un pragmatismo con perfume noventista (¿serán tal vez resabios menemistas?) apunta contra “quienes viven en la ilusión de alcanzar la perfección tratando de imponer alguna teoría inculcada en los claustros sobre la contraria, sin el más mínimo contacto con el mundo real”. Esta sobreactuada contraposición de la praxis sobre la “teoría” no es para nada novedosa, más bien constituye una versión maquillada de las recurrentes apelaciones a soluciones “eficientes”, “urgentes”, “enérgicas” frente a un fenómeno complejo y multicausal –como lo es la seguridad pública– que reclama una mirada más amplia y a la vez más profunda.

La siempre “oportuna” apelación al “sentido común” y a las exigencias de “la gente” se erigen en los caballitos de batalla de los sectores que abogan por el pragmatismo de la prisionización, la represión, el gatillo fácil y la desjerarquización de los principios básicos del debido proceso. Así, el “sentido común” está constituido por los preconceptos instalados por los medios masivos de comunicación, y “la gente” es una entelequia donde se confunden e interpolan los conceptos de clase y de pueblo.

A través de la irónica referencia a “salones cubiertos de boiserie” se pretende descalificar toda actividad académica o científica, confundiendo torpemente los principios de mínima intervención con el abolicionismo. Más allá de los debates existentes acerca de la naturaleza de la pena y de su ponderación, prácticamente nadie sostiene su abolición. Corresponde destacar, a partir precisamente del alcance que la funcionaria otorga al derecho penal, que este en modo alguno opera como corrector de conductas delictivas, y más precisamente la magnitud de la pena no tiene influencia ni en la prevención delictual, ni en la post delictual. Es materia de enorme preocupación las condiciones en que se cumplen esas penas, a la luz de los mandatos constitucionales.

Descuento, habida cuenta la vehemencia de sus planteos, que la funcionaria como integrante del Consejo Federal Penitenciario debe estar desarrollando una intensa tarea para ajustar el tratamiento carcelario a esas reglas mínimas, sea por su raigambre constitucional, por imperio de los Tratados Internacionales suscriptos por el país o por las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Me suena francamente agraviante como integrante del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que la señora Spatola manifieste que los jueces sentimos “culpa de condenar y, más aun, de hacer cumplir una condena”. La señora Spatola falta a la verdad, en modo alguno quien escribe siente culpa alguna, tanto cuando condena como cuando absuelve, tanto cuando dispone o deniega una excarcelación, por el contrario, lo que sí siente es una mayúscula responsabilidad. Esa responsabilidad está fundada no sólo en el cumplimiento funcional, sino también en la honestidad personal e intelectual de quien sabe que está decidiendo acerca de la libertad de un ser humano, en tanto quien juzga está tomando intervención fundamental en un drama humano que involucra al victimario, a la víctima y a la sociedad.

Obviamente que “no clasifico” en el decálogo del funcionario expeditivo, pragmático y con “sentido común” que postula la señora Spatola, lamentablemente consulto seguido los libros, recurro a las bibliotecas, tengo en cuenta la opinión de los doctrinarios, y no me guío por las campañas mediáticas. El panorama en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires que presenta la funcionaria no difiere mayormente del que ilustran los zócalos de TN. Me interesaría saber qué quiere expresar la funcionaria cuando reclama que los funcionarios judiciales “deben estar a la altura de las circunstancias para detener tanta muerte sin sentido en la provincia”.
Releyendo el escrito de marras reaparece la figura del sedicente ingeniero Blumberg y su inseparable carpeta. Todo el discurso apunta a reeditar las viejas recetas que cristalizaron en reformas inconsistentes y efectistas al Código Penal, creando una mayor dispersión normativa, y en un endurecimiento en materia procesal restringiendo excarcelaciones y libertades, cuyo efecto principal fue un incremento de prisionización selectiva que siempre recae en los sectores más postergados. No se trata de caer en vacíos debates ideológico, sino de expresar claramente que aquí no hay guerra alguna, sino que nos hallamos ante un drama social (el delito) que debe ser abordado desde distintos ángulos.



Es evidente que existen causas fundamentales que tienen su origen en la marginalidad, la desigualdad y la falta de horizontes. Pero obviamente que no concluye en ese aspecto, ya que, al par de estas cuestiones estructurales, tenemos pendiente una profunda reforma policial y una no menos amplia reforma del sistema penitenciario. El planteo binario de enemigo/amigo constituye, respecto del delito, un profundo error conceptual que deja margen a las peores acciones. Una suerte de cruzada, donde se habla de “batallas”, de miedos y culpas, de “ponernos del lado de la gente que exige soluciones”, conduce claramente a un esquema donde resolver el dilema de la delincuencia se lleva a cabo resignando los valores y principios que se han venido consolidando desde 2003.

(Mario Yutiz es Juez de la Cámara Apelaciones en lo Penal Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires).
(Diario Tiempo Argentino, 12 de julio de 2012)

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