ARGENTINA / Profundizar el modelo requiere un cambio cultural / Escribe: Carlos Heller

La pasión argentina por el dólar, un rasgo cultural que efectivamente existe, aunque más acentuada en las clases medias, está lejos de ser inmodificable.
De hecho, la insistencia de la mención a la cotización del dólar ilegal o blue en los distintos medios y la “falsa” relevancia adjudicada por economistas ortodoxos ha incentivado en muchos un interés que no estaba en su día a día. Porque la gran mayoría de las operaciones se hace en pesos y sólo unas pocas, entre ellas las inmobiliarias, se pactan y se pagan en dólares.



El Estado puede influir en la cultura a través de los modelos económicos aplicados, como sucedió con la Convertibilidad, que llevó al paroxismo esa conducta dolarizadora, y que además modificó el Código Civil para aceptar que la moneda extranjera tenga poder cancelatorio. Esta posibilidad aún persiste y es momento de evaluar su continuidad.

En Argentina, la crisis de 2001 significó un avance obligado en la pesificación, mientras que la bonanza posterior hizo olvidar los deseos por el dólar hasta que estalló la crisis internacional. Nuevamente, el interés por el dólar sufre los vaivenes de los cambios estructurales, tanto a nivel de la economía doméstica como de la internacional.

Ahora están dadas las condiciones para comenzar un proceso de mayor fortalecimiento de nuestra moneda, para que las operaciones se realicen en la moneda nacional. Quienes deseen ahorrar en el sistema financiero en dólares lo podrán seguir haciendo, pero la compra de nuevos dólares es lógico que esté asociada a las regulaciones cambiarias establecidas y sea consistente con las declaraciones fiscales de los inversores.

Ya se han dado pasos importantes para desdolarizar las operaciones de comercio exterior. En 2008, los bancos centrales de la Argentina y Brasil crearon un sistema bilateral de pagos, cuyo objetivo es facilitar las transacciones entre los dos países en monedas locales, aunque ha sido muy poco utilizado hasta el momento. A un acuerdo similar han llegado recientemente China y Japón.

En el sistema financiero, los depósitos en pesos alcanzan hoy al 85% de los depósitos totales, y los préstamos en dólares sólo se otorgan a las empresas que tienen ingresos en moneda extranjera, un esquema que muestra la firmeza de la moneda nacional.

Creo que las medidas que se vienen tomando desde el último semestre de 2011 apuntan a ir desarmando esa cultura dolarizadora, robusteciendo el modelo instalado en 2003, y en ese aspecto son positivas, en especial, por ser las más recientes, las medidas tomadas para la compra de inmuebles y los viajes al exterior. Todas estas operaciones pueden pactarse, y es saludable que se realicen en moneda nacional e incluso pueden tildarse de no ser novedosas, ya que es habitual el pago de paquetes turísticos en pesos, modalidad que a partir de ahora se generalizará ya que los usuarios pagarán esos consumos al tipo de cambio oficial.

La economía argentina actual tiene superávits en la cuenta comercial, un equilibrio presupuestario en la administración nacional, una capacidad de generación de divisas vía comercio exterior y de compra de las mismas por parte del Banco Central, y un bajo endeudamiento del sector público nacional con acreedores privados y organismos internacionales que llega al 18% del PBI. Si bien el PBI está creciendo a un menor ritmo, se estima un crecimiento que ronde el 4% para este año. En este contexto, las medidas que apuntan a ordenar el mercado cambiario y a fomentar las operaciones en pesos tienen una alta posibilidad de tener éxito.

Hablar de fortalecimiento de nuestra moneda significa hablar también de los orígenes de la inflación y de cómo esta afecta su valor.

Lo esencial de esta cuestión es identificar el origen de los aumentos de precios para poder ir reduciendo su impacto.

Los argumentos ortodoxos sobre los aumentos de precios se desarman en la Argentina actual. En el caso de la emisión monetaria, durante los últimos años la base monetaria siguió cautelosamente el incremento de la producción (PBI) en términos corrientes, porque de lo contrario se hubiese enfriado la economía con una restricción en el circulante, el clásico ajuste neoliberal. En cuanto al gasto, si bien este ha estado creciendo en los últimos años, generando un fuerte impulso a la demanda, los ingresos fiscales también han crecido, y el saldo fiscal está equilibrado en términos macroeconómicos.
Puede haber algunas tensiones en mercados puntuales entre la oferta y la demanda, pero el nivel alcanzado por la Inversión Bruta Interna récord en estos años, da cuenta de una expansión de la frontera productiva que permite satisfacer el mayor consumo producido.

Estas cuestiones refuerzan la idea de que los aumentos de precios están originados principalmente en la puja distributiva. A partir del aumento en los ingresos por las paritarias y los ajustes en las prestaciones previsionales, los grandes formadores de precios absorben parte de ese mayor poder adquisitivo de la población aumentando los precios y engrosando sus utilidades. Los márgenes de ganancia de las grandes empresas han aumentado significativamente en los últimos años. Por eso, cuando se habla de puja distributiva, el acento debe estar puesto en que son las ganancias empresarias las que pujan por aumentar, mientras que en este entorno los salarios recuperan la capacidad de compra perdida por la inflación, y en algunos casos, van recuperando el poder adquisitivo que perdieron tras décadas de neoliberalismo.

La regla de competitividad, que desde la Presidencia de la Nación se ha instalado para la discusión de las actuales paritarias, es un paso importante en la intervención del Estado en esta puja distributiva. Es necesario avanzar más profundamente gravando con mucho mayor rigor las ganancias excepcionales que se generan en las empresas que aumentan sus precios, un cambio que debe ser parte de una verdadera revisión del sistema tributario, hoy altamente regresivo.

Los cambios siempre generan resistencias, como puede comprobarse con el revalúo inmobiliario en la provincia de Buenos Aires; este es parte de una reforma impositiva compleja cuyo análisis nos desviaría de la cuestión de este artículo. Desde 1955 que no se hace un revalúo integral, y las alícuotas no se modifican desde hace 15 años. Ello determina que el valor de la valuación fiscal de las tierras rurales de la provincia sea la mitad del valor del parque automotor bonaerense, y que el impuesto inmobiliario rural represente en 2011 el 2% de lo recaudado por la provincia (Tiempo Argentino, 01.06.12).

Es un impuesto con progresividad, ya que la actualización de las valuaciones fiscales de campos libres de mejoras derivarán en subas de impuesto promedio del 40%, con alícuotas que van del 3,5 al 22,1% y afecta sólo al 40% de los inmuebles rurales.



Pero esta mayor valuación llevará a que muchos propietarios comiencen a pagar el Impuesto a los Bienes Personales, del cual estaban exentos por las valuaciones congeladas. Otro rasgo cultural, el de los más ricos que están acostumbrados a no pagar los impuestos que deberían, a costa de presiones que históricamente han realizado sobre los gobiernos.

De allí que para profundizar el modelo hay que cambiar muchos patrones culturales, de eso se trata, y es absolutamente posible con un gobierno decidido y que cuenta con el apoyo mayoritario de la población.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 10 de junio de 2012)

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