ARGENTINA / Los negocios de Cariglino contra los periodistas / Escriben: Carlos Romero y Gimena Fuertes

La violencia política, la presencia activa de carapintadas, un ejército de becados que trabajan para el intendente y fondos millonarios para un sistema de salud que prioriza la alta complejidad, conviven en Malvinas Argentinas.


La cobarde golpiza que el martes pasado sufrieron familiares que denunciaban casos de mala praxis y un grupo de periodistas en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas abrió una verdadera Caja de Pandora municipal, con la figura del intendente Jesús Cariglino en el centro de la escena. Una trama donde se mezclan la violencia política como hecho reiterado, la presencia activa de ex carapintadas, un ejército de “becados” que trabaja para la Intendencia y fondos millonarios por coparticipación en salud. Para los vecinos del lugar, la agresión ocurrida días atrás frente al Hospital de Niños Dr. Claudio Zin, en Pablo Nogués, es un hecho tan lamentable como recurrente. La Comisión de Campo de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) llevan relevadas alrededor de 100 denuncias radicadas ante la fiscalía y la policía, si bien muchas veces las fuerzas de seguridad y la justicia son parte del problema, como sostienen los organismos de Derechos Humanos.
Luis Vivona, referente político del Frente Para la Victoria en el partido, aseguró que “el gobierno municipal pone a los actores de siempre, que reciben a los manifestantes con palos”. Actual subsecretario en la cartera de Deportes de la Nación, Vivona, que en las últimas elecciones distritales se enfrentó a Cariglino, sostuvo que detrás de la virulencia con que fueron repelidos los familiares y amigos de Celeste Morales, la niña muerta por un supuesto caso de mala praxis, lo que se esconde es un intento por preservar los enormes recursos que Malvinas Argentinas obtiene por su sistema de salud. “¿Qué quisieron acallar esos golpes? ¿Acaso una posible auditoría?”, se preguntó el funcionario, remarcando que “un distrito con 300 mil habitantes recibió en 2011 una coparticipación desde el gobierno bonaerense de $ 208 millones”, uno de los montos más altos en relación a su población. Para Vivona, “tener hospitales públicos municipales puede ser un buen negocio y más si son de alta complejidad o si la coparticipación se distribuye por camas ocupadas” (ver aparte).

Varias de las personas golpeadas no dudaron en vincular a los agresores con Cariglino y responsabilizaron a distintos funcionarios y hombres cercanos al intendente, como el ex policía y actual director de Patrullas y Protección Ciudadana, Daniel Echeverría, y también a Carlos Vargas, conocido como “el criado” del jefe comunal. Al mismo tiempo, las fuentes consultadas señalaron que la mano de obra para la patota habría que buscarla entre los miles de “becados” que trabajan para la Intendencia, otro de los puntos opacos en la administración local. Mario Morán, delegado de base del Sindicato de Trabajadores Municipales, aseguró que en Malvinas Argentinas se otorgan becas a alrededor de 5000 beneficiarios y que muchas veces son divididas y repartidas hasta entre cinco personas. Morán sostuvo que “a ninguno se les hacen los aportes previsionales ni tienen obra social”, y que si bien algunos beneficiarios realizan tareas en el municipio, “otros están sujetos a las órdenes arbitrarias de Cariglino”. En noviembre pasado, el Sindicato de Trabajadores Municipales realizó pedidos y marchas para que se regularice y transparente el sistema de becas, pero “la respuesta del intendente fue el amedrentamiento”, concluyó Morán.

“Lamentablemente, esto no es un hecho nuevo en Malvinas Argentinas”, sostuvo el abogado Jorge Cancio, quien representa a agrupaciones de Derechos Humanos de la zona que vienen denunciando los episodios de violencia. Cancio subrayó que “en muchos casos, la Bonaerense no actuó o, lo peor, justo antes de que comiencen las agresiones, se iban”. Pero la relación de Cariglino con uniformados no se agota en una policía cuestionada: también trata con los ex carapintadas reunidos en el Congreso Nacional de Suboficiales Argentinos (CoNaSubar), que hace poco celebraron un encuentro en el mismísimo palacio municipal (ver página 4).


Desde la creación de Malvinas Argentinas, en 1995, Cariglino logró conservar su cargo gracias a una elástica capacidad de adaptación en sus acuerdos políticos (ver aparte). Su mando sólo se vio interrumpido por una estadía en la cárcel. Fueron 13 días, en 2003, junto a su secretario de Gobierno, Miguel Harari. Junto a otros funcionarios, se los acusó de estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales Fernando Domínguez y Edgardo Ledesma habían señalado a la Cooperativa 2 de abril como el supuesto plafón para desviar fondos millonarios destinados a la pavimentación de calles. Cariglino recuperó la libertad pagando una fianza de 500 mil pesos y Harari, de 350 mil. En 2009, todos los acusados fueron sobreseídos y se dictó la nulidad de la causa.
En 2007, un informe del CELS consideró al hecho como un caso testigo de la presión que puede sufrir la justicia que investiga al poder político. “Se ha sancionado disciplinariamente a Fernando Domínguez, entonces fiscal general adjunto (…) de San Martín, y se le ha promovido un jurado de enjuiciamiento a Edgardo Ledesma, fiscal de investigaciones complejas del mismo departamento, quienes impulsaban la acusación”, detalló el CELS, y concluyó que “estas reprimendas pueden ser entendidas (…) como un mensaje para no investigar casos de corrupción política”.

Durante la pesquisa, el fiscal Ledesma había puesto la lupa en entramado de empresas, de estrechos vínculos con el intendente, sus funcionarios y su entorno familiar. Cariglino no perdería la costumbre y en 2008, junto a Sergio Darío Neiffert, tesorero del Concejo Escolar de Malvinas Argentinas, fundó New Consuld SA, para la “gestión y administración de bienes de todos los derechos económicos que se deriven de la actividad de jugadores de fútbol y/o cualquier otro deporte”. Más recientemente, en 2010, el intendente creó Natronsil SA, dedicada “a la comercialización, transformación, colocación y distribución de materias vidrias, policarbonatos, acrílicos, cristales y sus derivados”. En el estatuto de fundación también figuraba Héctor Hugo Schwab, secretario de Salud del municipio, que fue presidente de la firma hasta mayo de 2011.
Antes, en 1998, Cariglino había fundado la empresa de transporte El Malvinense SA –disuelta en 2004–, junto a su secretario de Gobierno, Miguel Harari, uno de los personajes centrales en el poder del partido. Harari, compañero de cárcel de Cariglino en 2003, era un comerciante de carbón de la zona y su nombre figura en varias sociedades. Una es la constructora Elneco SA, creada en el ’99 junto a un sobrino del intendente, Diego Fernando Cariglino, y el dirigente pejotista Alberto Raúl Cobreros, presidente del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas.



Como se ve, Cariglino y sus funcionarios se mueven a sus anchas en Malvinas Argentinas, el partido que gobiernan desde hace 17 años con el puño apretado.

La voz del municipio - Comunicado
La intendencia de Malvinas Argentinas rechazó tener vínculos con la patota que agredió a los familiares de Celeste Morales y a periodistas.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 10 de junio de 2012)

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