ARGENTINA / La intención del Partido del Campo / Escribe: Mariano Beristain

Igual que en 2008, la Mesa de Enlace busca encabezar una ruptura del modelo socioeconómico productivo utilizando a los sectores medios antikirchneristas y conservadores como arriete de cambio.
El lockout agropecuario que finalizará el martes próximo, tras nueve días de cese de comercialización de carne y granos (que podría prolongarse más), abrió el debate respecto de cuáles son las verdaderas intenciones de la rebelión impositiva de los dueños del campo.



La decisión que tomó la Mesa de Enlace, producto de la alianza que forjaron el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, y el de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, nació a partir de una reforma fiscal decidida por Daniel Scioli, que buscaba, entre otras cosas, un revalúo de tierras que no se hacía de forma integral en la Argentina desde el año 1955.

Entonces, a diferencia de la resolución 125 que pretendió fijar retenciones móviles para los granos con alcance a los medianos y grandes productores de todo el país, la reforma tributaria se circunscribió al territorio bonaerense.
Sin embargo, la Mesa de Enlace, en lugar de sentarse a conversar con Scioli, nacionalizó el conflicto para tratar de esmerilar la imagen de la presidenta Cristina Fernández, so pretexto de reclamar por una supuesta pérdida de la competitividad del sector.

Es cierto que la sequía golpeó con fuerza a la última cosecha; por ejemplo, la producción de soja, en lugar de las 52 millones de toneladas previstas originalmente, cerró en 39,5 millones de toneladas.

Pero también es verdad que parte de esa caída se compensó con un aumento importante en los precios de la misma soja, que se ubicó por encima de los U$$ 500. ¿Por qué razón entonces la dirigencia de la Mesa de Enlace lanzó abruptamente una medida de fuerza tan agresiva destruyendo cualquier alternativa de negociación?

En principio, lo que parece quedar en evidencia es que la reforma tributaria de Daniel Scioli sólo fue la excusa perfecta para forzar un quiebre en el modelo productivo y avanzar hacia un proceso de acumulación económico que tenga como eje central una maxidevaluación.

Muchos días antes de lanzar el lockout, el 16 de abril, Eduardo Buzzi –cuando pensaba que no lo estaban grabando–, se sinceró ante un grupo de productores: “Hay un tipo de cambio que está muy retrasado y que tendría que estar en 6 ó 7 pesos”, dijo Buzzi, e inmediante después agregó con un dejo de desprecio que “por más que Cristina Kirchner tenga el 54% de los votos no podemos dejar de decir que las cosas están muy mal y vienen peor”.

El sinceramiento refleja la avieza intención de Buzzi de utilizar políticamente a los “productores” como una suerte de fuerza de choque con el fin de enrarecer el clima político para arrinconar al gobierno y forzarlo a una devaluación que le permita recuperar los elevadísimos niveles de rentabilidad con los que los beneficiaron durante los primeros dos años de la postconvertibilidad.

En este marco, también puede concluirse que la elección del momento político para lanzar la protesta también obedece a la búsqueda de un consenso social entre los sectores de la clase media-alta de las zonas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe.

Esto explica por qué los ruralistas no focalizaron sus críticas y cuestionamientos en Scioli, un gobernador que está bien visto en este segmento social, sino en la presidenta de la Nación, que ha tomado determinaciones como la estatización de las AFJP, la aprobación de la Asignación Universal por Hijo o la nacionalización de YPF, que mejoran la distribución del ingreso, pero irritan a la franja media autoritaria y antiperonista.
Además, la Mesa de Enlace aún pretende capitalizar el descontento que generó en estas franjas de la sociedad la restricción por el dólar para tratar de erigirse en una opción que permita resurgir el Partido Político del Campo como una alternativa frente al modelo K.

El intento de corrida cambiaria que se promovió desde algunos medios de comunicación, amplificando la problemática por la divisa que en los hechos sólo afecta al 3% de la población que cambio dólares en el último año, se orienta en el mismo sentido que el lockout del campo. Buscan forzar un cambio drástico en la línea económica mediante un empeoramiento institucional, o directamente quieren debilitar lo suficiente el poder del gobierno para que Cristina gire a la derecha y lleve adelante un proceso de “transición” hasta que en la próxima elección (y si fuera posible antes) asuma un hombre más amigable para el establishment económico argentino. Es decir, tanto el lockout del campo, en cabeza de la Sociedad Rural Argentina, como la psicosis por el dólar que se promovió desde algunos sectores, apuntaban en primer medida a una maxidevaluación, pero persiguen como objetivo final la caída del modelo socioeconómico o, en el mejor de los casos, un redireccionamiento paulantino hacia un modelo con lineamientos claramente ortodoxos.

Esto explica también por qué el elenco estable de “librepensadores” de la derecha y la centroderecha, como Domingo Cavallo y Roberto Lavagna, volvió a instalar la idea de la “inflación” como problema neurálgico de la política económica.

Más allá del impacto que pueden tener los aumentos de precios sobre la competitividad de algunos sectores, detrás de este discurso se esconde la clásica receta ortodoxa: menor participación de los trabajadores y del Estado en la economía vía reducción del gasto y la inversión pública, un abrupto corte en la política monetaria y menores salarios reales. Es decir, un acotamiento del ingreso real de los trabajadores, ya sea mediante una maxidevaluación o una fuerte recesión económica que discipline políticamente a los gremios.

En este contexto, los cacerolazos y los sucesivos ataques a profesionales de los medios de comunicación que transmiten una visión distinta de la realidad no aparecen como una simple protesta de la derecha salvaje sino como un intento de los sectores económicos más duros de generar un clima social apropiado para forzar este cambio de rumbo.




Frente a esta situación, el gobierno, en sintonía con los sectores progresistas, debería duplicar la apuesta y recuperar el protagonismo para seguir marcando la agenda de debate y continuar avanzando hacia un proyecto que siga mejorando la distribución del ingreso e incluya a todos aquellos que aún están marginados para ampliar su base social
(Diario Tiempo Argentino, 9 de junio de 2012)

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