Vemos en algunos de nuestros países de Sudamérica -muy especialmente
aquellos donde los gobiernos han afectado algunos intereses económicos
dominantes- cómo arrecian campañas mediáticas ciertamente impiadosas,
monocordes, repetitivas y sistemáticas: según ellas los gobiernos elegidos
por el voto popular serían ilegítimos en su accionar, y por ello se los
rechaza por pretendidos ataques a la libertad de prensa, cuando no incluso
por supuestas tendencias autoritarias que estarían deformando las
condiciones democráticas.
En verdad, son estas posturas propaladas desde unos pocos pero poderosos
medios de comunicación (ya sea gráficos, radiales o televisivos) las que
afectan negativamente la democracia. Es curioso que la opinión de un puñado
de dueños de medios y de periodistas afines pretenda ponerse por encima de
la voluntad popular, y dictaminar qué es lo que deba entenderse por
ejercicio democrático del poder. Por cierto que hay siempre derecho a
disentir con la opinión de las mayorías, pero habrá que hacerlo con el
cuidado y el respeto del caso. Cuando, en cambio, se pretende que el punto
de vista mayoritario de la población sería intrínsecamente ilegítimo, y de
hecho actores sociales que nadie eligió se erigen en supuestos dueños de la
verdad cívica por encima -y en contra de- la voluntad mayoritaria, es
evidente que se está lesionando las condiciones de representación que son
propias del sistema democrático.
Párrafo aparte merece la cuestión de la libertad de prensa. La misma en
ningún caso puede entenderse como impunidad para el agravio o la injuria, o
para simplemente escribir falsedades. Tampoco para exagerar las noticias
que vengan bien al interés de quienes dirigen el medio, y minimizar o
ignorar las que caigan mal al mismo. Por supuesto que la libertad de
opinión -que es una cuestión diferente- debe estar siempre garantizada. Y
es cierto que ella lo está a tal punto en el caso de nuestros países,
que gracias a su vigencia (y al abuso intencionado que algunos hacen de la
misma) se puede permanentemente hacer prédica contra los gobiernos
legítimamente elegidos. Como no nos cansamos de afirmar quienes hemos
tenido que soportar dictaduras extremas como lo fue la criminal última
dictadura en Argentina, cuando alguien puede reiteradamente afirmar por los
medios que se está ante una situación de dictadura o de enorme
autoritarismo, se demuestra en los hechos todo lo contrario; sólo donde no
hay dictadura puede alguien escribir en un diario o decir por TV que la
hay. Pues si hubiera dictadura, hablar en un medio contra el gobierno sería
simplemente imposible. En Argentina, alrededor de 100 periodistas
asesinados durante la dictadura muestran elocuentemente lo que afirmo.
No hay gobiernos perfectos, y los que tenemos no lo son. Van en buena
dirección estructural en muchos casos, lo cual no obsta para que pueda
hacérseles críticas fundadas. Pero la crítica es un ejercicio responsable,
no se parece al ataque, la invectiva o la agresión. Cuando se apela a estos
últimos se desnuda la falta de convicciones y argumentos; se deja de
cumplir la función pública que corresponde cubrir a un medio aun cuando
éste sea de propiedad privada (pues opera dentro del espacio de
constitución de opinión ciudadana y le corresponde asumir las
responsabilidades pertinentes) y se antepone el derecho de unos pocos
dueños de grandes medios a imponer su punto de vista, sobre el derecho a la
información veraz e ideológicamente plural que tiene el conjunto de la
población, derecho que es propio de millones de personas.
(Publicado en "El Telégrafo" del Ecuador, febrero de 2012)