ARGENTINA / 8 de diciembre / Escribe: Gustavo López

Todas las miradas están puestas en el 8 de diciembre. La pregunta que sobrevuela es si se podrá aplicar finalmente la ley de medios en su integralidad, pero hay que ir paso a paso.
En primer lugar, recordar que la democracia argentina tardó 26 años en cambiar el decreto-ley de la dictadura. Todos sabemos por qué, aunque algunos miren para otro lado. La democracia fue débil frente a la presión de los grupos mediáticos que en los ’80 querían una ley que permitiera la conformación de los multimedios y el proyecto del ’87 lo prohibía. Luego, durante los ’90 no fue necesaria para los grupos una nueva ley, ya que con los D.N.U. alcanzaba para ir conformando un mapa de medios concentrado, de acuerdo con las necesidades de la globalización y sus beneficiarios locales.


Hay que recordar que las empresas info-comunicacionales jugaron un papel central en la reproducción del discurso globalizador y del nuevo capitalismo financiero. El investigador Denis De Moraes señala que, más allá de influir en la conformación del imaginario social, los medios monopólicos realizan un doble papel estratégico de reproducción ampliada del capital.
David Rothkopf, ex colaborador de Bill Clinton y hoy presidente de una consultora de negocios globales, afirma que, para los Estados Unidos, “el objetivo central de una política externa en la era de la información debe ser ganar la batalla de los flujos de información mundial, de la misma forma en que Gran Bretaña reinaba antiguamente sobre los mares”.
El economista egipcio Smir Amin observa que las asimetrías entre los centros hegemónicos, de los cuales las megaempresas son exponentes, y las periferias, se constituyen a partir de cinco monopolios que benefician a los centros de poder y alrededor de los cuales se articulan la eficacia de sus acciones: 1) los monopolios en el ámbito de la tecnología; 2) los monopolios en el control de flujos financieros de envergadura mundial; 3) los monopolios en el acceso a los recursos naturales del planeta; 4) los monopolios de la palabra y de la opinión en los medios; 5) los monopolios en la esfera de los armamentos de destrucción masiva.
Es decir, que cuando el gobierno argentino encaró el cambio de la ley de medios se estaba metiendo con uno de los resortes centrales por los cuales pasa la construcción del poder, aquí y en cualquier parte del mundo; y lo hacía para democratizarlo.
En los Cuadernos de la cárcel Gramsci encuadra a la prensa como la parte más dinámica de la superestructura ideológica, caracterizada por él como la “organización material volcada a mantener, defender y desarrollar el frente teórico-ideológico”, es decir, un sostén ideológico del bloque hegemónico.
Cuando Antonio Gramsci hablaba de hegemonía, presuponía la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político ideológico por una clase o bloque de clases que se impone sobre las otras, y es allí donde los medios masivos juegan un papel fundamental en la reproducción de un discurso.
En nuestro país tenemos como ejemplo lo sucedido en la década de los noventa, que fue el resultado de una política definida en la década anterior. Desde los programas de televisión se le hablaba a “Doña Rosa”, el mito que se creó del argentino medio, a quien se le decía que para agrandar la Nación en realidad había que achicar el Estado, privatizar los ferrocarriles, lo mismo con los teléfonos, es decir, desprenderse de todas aquellas cosas que eran inútiles. Entonces, íbamos a vivir mucho mejor. En consecuencia, se logró un consenso hegemónico donde el interés económico y político de una minoría se impuso por consenso al interés concreto de la mayoría. De hecho, las “Doñas Rosas” votaron ese esquema, aunque luego les congelaron la jubilación, sus hijos se quedaron sin trabajo y sus nietos fueron completamente excluidos del sistema productivo, social, económico y cultural de la Argentina de esos años.
La globalización fue planteada tanto en Argentina como en el mundo como un proceso normal producto de las nuevas tecnologías. Lo cierto es que, en verdad, este fenómeno aparentemente natural era, desde los planos político y cultural, una profunda reorganización del poder económico y del poder político a escala mundial.
Finalizada la década del 90 y pasada la crisis 2001/2003, los grandes medios dejaron de ser voceros de corporaciones para convertirse en parte de ellas. A modo de ejemplo podemos decir que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América latina (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela; Clarín de Argentina) retienen el 60 por ciento de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias (Becerra y Mastrini, 2009).
Por ese motivo, la aplicación total de la nueva ley de medios requiere de un proceso y del entendimiento de toda la sociedad de que se trata de un tema central de la democracia.
La autoridad federal en la materia (Afsca), que es un órgano del Estado y no del gobierno, ya que la ley establece la participación de las minorías parlamentarias y de la sociedad civil en su directorio, ha dictado la resolución 901/02 por la que actuará de oficio en la determinación de la adecuación a la ley (cumplimiento del art 161).
Al 8 de diciembre, como señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos los grupos deberán ajustarse a derecho. ¿Por qué? Porque la ley, basada en el Pacto de San José de Costa Rica, consagra a la comunicación como un derecho humano básico y reimplantó cláusulas antimonopólicas para que se cumpla efectivamente ese derecho.
Así, seguramente y por lo que la experiencia indica, el grupo de Radio 10 deberá adecuar sus radios que le sobran; el ex grupo Cie-Rock & Pop deberá hacer lo mismo tanto en AM como en FM; Vila y Manzano deberán adecuar sus cables con los canales de aire, Telefónica deberá desprenderse de algunos canales para llegar al 35 por ciento del total de la audiencia potencial y siempre que el organismo considere que por la reforma de 2005 puede tener canales a su nombre y Clarín, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, también deberá achicar su participación en el cable hasta el 35 por ciento del total de abonados, deberá decidir si se queda con canales de aire o cable en la misma localidad y, finalmente, ordenará la grilla como los jueces se lo indican.


Como se ve, la tarea es ardua pero vale la pena porque se trata de democratizar la palabra. De generar tantos puntos de vista como sea posible, para que el oyente y televidente se conviertan en ciudadanos.
Estamos hablando de democracia y de la forma en que nuestra sociedad la encara, con monopolios o sin ellos. En definitiva quien gobierna, el pueblo a través de sus representantes, o las corporaciones. Seguramente será un 8 de diciembre muy especial.
(Diario Página 12, sábado 11 de agosto de 2012)

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