En la víspera del 31º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, una antigua investigación sobre crímenes de guerra cometidos por británicos sobre el final del conflicto bélico vuelve a ser impulsada por ex combatientes. El 13 de marzo pasado, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, por homicidios y mutilaciones de soldados argentinos que habían sido tomados prisioneros en el campo de batalla, en junio de 1982. De acuerdo con la presentación, las tropas británicas incurrieron en la violación del Convenio de Ginebra, que regula el trato digno que deben tener las tropas apturadas. “Presentamos la denuncia ahora porque tenemos documentación más consistente de la que teníamos hace algunos años”, explicó Mario Volpe, presidente del CECIM-La Plata a Veintitrés.
En la querella se solicita que se investiguen “los hechos que vinculan al corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturge”; “el accionar del sargento inglés John Pettinger, quien perpetró el intento de homicidio del cabo argentino José Carrizo”; “el trato inhumano sufrido por los soldados en relación con el accionar criminal del corporal Stewart McLaughlin”, y “la presunta comisión de homicidio cometida por el cabo Conney”. Entre las pruebas se citan cinco testigos de los hechos (Carlos Amato, Carlos Connell, Fernando Magno, Mario Volpe y José Carrizo) y los libros de autores británicos que relataron la guerra: Viaje al infierno; A dos lados del infierno; Green Eyed Boys y Al filo de la navaja, donde aparecen testimonios de los propios soldados británicos denunciando las atrocidades cometidas por sus camaradas.
Por caso, en Green Eyed Boys, escrito por Adrian Weale, ex oficial de inteligencia militar, y Christian Jennings, integrante del regimiento de paracaidistas que peleó en Malvinas, se narró que en la madrugada del 12 de junio de 1982 Gary “Louis” Sturge estaba enterrando los cuerpos de compatriotas y enemigos caídos en batalla cuando se encontró con un soldado argentino herido en una pierna. “Sturge arrastró al soldado y desenfundó una pistola. El soldado argentino comenzó a gritar mientras exhibía un crucifijo que pendía de su cuello. Los gritos del prisionero alertaron al capitán Tony Mason, quien se encontraba a metros del lugar. Mason asegura que vio cómo el soldado argentino fue herido en la cabeza, y cayó de inmediato en lo que constituía una tumba abierta”.
Según consta en la denuncia, el mismo 12 de junio fueron fusilados tres soldados argentinos. El cabo José Carrizo sobrevivió de milagro a la balacera: a pesar de haberse rendido recibió “una corta ráfaga de ametralladora que le arrancó parte de masa encefálica y un ojo, lo dieron por muerto y lo abandonaron”. Estaba vivo y hoy es uno de los testigos directos con los que podría contar la causa. Un párrafo aparte merece la acusación contra el corporal Stewart McLaughlin, quien “fue privado de honores póstumos (murió en Malvinas) por coleccionar una gran cantidad de orejas que había arrancado de los enemigos”, según registraron Weale y Jennings.
A raíz de las diferentes denuncias, en 1993 y 1994 una delegación de Scotland Yard –la policía metropolitana londinense– viajó a Buenos Aires para iniciar una investigación sobre los hechos denunciados en los libros ingleses. “Se entrevistaron con muchos ex combatientes pero las declaraciones fueron desestimadas por el Reino Unido. Argumentaron que la mayoría de los soldados eran testigos indirectos, no presenciales. Es decir que les había llegado el relato de lo sucedido pero no lo habían visto”, comentó a Veintitrés el abogado patrocinante, Jerónimo Guerrero Iraola.
–¿Cree que Scotland Yard buscó cerrar cualquier causa que pudiera abrirse? –le preguntó este periodista al letrado.
–Es posible. Aunque hay que tener en cuenta que los crímenes de guerra no sólo hacen responsables a quienes los cometieron de forma de directa sino también al Estado británico. Esto jugó su rol en la trama política del Reino Unido a la hora de ponderar las pruebas que se recolectaron.
–¿Qué puede suceder si prospera la denuncia?
–Un posible paso a seguir puede ser la extradición de las personas sindicadas como autores materiales de los hechos. De los cuatro puntualizados sólo habría muerto uno, McLaughlin. No obstante, antes de procesarlos habría que tomarles declaración indagatoria. La denuncia es la punta de un ovillo.
Las investigaciones que se realizaron en la década del ’90 en ambos países condujeron a una vía muerta. No obstante, gran parte del sustento de la nueva denuncia se basa en la recopilación de aquellos datos. “No se puede pensar lo jurídico por fuera de las coyunturas –afirmó Guerrero Iraola–. En su momento no existió la voluntad política para que este caso derivara en acciones concretas. Hoy estamos en una curva de la historia argentina que nos permite repensar esos hechos olvidados y configurar un relato jurídico que coadyuve a la búsqueda de memoria, verdad y justicia”.
Según Volpe, para comprender las razones de la actual denuncia hay que remontarse a agosto de 2011. Entonces, familiares de los caídos y el CECIM-La Plata presentaron un recurso de amparo en la justicia federal con el fin de que se arbitrasen los mecanismos necesarios para restituirles la identidad a los soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin –se estima que hay 123 cuerpos en esas condiciones–. Arguyeron un derecho básico: el derecho a la identidad. En la presentación también se pidió que se determinase la causa de la muerte de los combatientes. El dato no es menor. Para Volpe, “eso puede servir de prueba para demostrar los crímenes de guerra. La no identificación de los cuerpos retrasó la investigación que involucra a los ingleses. Nosotros queremos saber la verdad de lo que ocurrió en Malvinas”, aseveró. En noviembre del año pasado, la Justicia declaró admisible el recurso. En la misma sintonía, el 2 de abril del 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le solicitó a la Cruz Roja Internacional, a través de una carta, “que interceda para la identificación de los soldados caídos e inhumados” en el archipiélago.
Tras la presentación de la denuncia contra los ingleses, la expectativa se multiplica: “Creemos que se irán sumando más testimonios de ex combatientes”, afirmó Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de ex combatientes de Malvinas e integrante del CECIM-La Plata. El optimismo se basa en la experiencia previa. El CECIM (junto al abogado Pablo Vassel) fue el que impulsó en 2007 la denuncia contra los oficiales argentinos por aplicar torturas, tormentos, vejámenes y hasta un homicidio a su propia tropa durante la guerra. Al principio, la presentación contó con 25 testimonios. “Los ex combatientes, al ver progresar la causa, se animaron a declarar”, explicó Alonso. En la actualidad esa causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que debe determinar si cataloga los hechos como crímenes de lesa humanidad– y espera una pronta resolución. Cuenta con más de 120 testimonios.
Pasaron más de tres décadas del conflicto bélico y veinte años del cierre de las investigaciones por los crímenes de guerra denunciados. Los ex combatientes piden no olvidar.
(Diario Tiempo Argentino, viernes 29 de marzo de 2013)
