Fueron más de 30 disparos de los Carabineros contra los trabajadores que se manifestaban en el campamento minero de El Salvador. En pleno desierto de Atacama, Chile, los mineros enterraron a Nelson Quichillao López después de morir tras la balacera el pasado 24 de julio. "Me preocupa cómo le colocan tanta fuerza a resolver un movimiento social, en vez de una mesa de diálogo. La gente tiene rabia", se lamentó el alcalde Pedro Araya, que intentó en vano hablar con quien se hallaba al frente de los carabineros. En el parte policial quedó asentado que los trabajadores atacaron previamente.
"¿Quién ha dicho algo de la muerte de Nelson Quichillao?", se preguntó el alcalde. Tras la represión, el agregado laboral de la Embajada de Chile en España y militante comunista, Cristián Cuevas Zambrano, renunció a su cargo: "He realizado una profunda reflexión política y ética que me obliga moralmente a renunciar a esta responsabilidad que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet me ha mandatado." Mantenerse en el cargo sería incoherente con su pensamiento, dijo, "debido a que mi principal deber es proteger los derechos de los hombres y mujeres de trabajo". Su comunicado finaliza con un llamado a la unidad de los trabajadores para luchar contra las injusticias.
Dentro de la coalición gobernante se oyeron otras quejas, como las de la diputada Camila Vallejo: "Para los comunistas no tiene sentido permanecer en la Nueva Mayoría si no se cumple con el programa, no tiene sentido permanecer en una alianza en que su única preocupación sea mantener un espacio de poder porque sí". Cuestiones como la educación, el aborto y la reforma de la constitución pinochetista son parte de las deudas que la diputada dice tienen con el pueblo chileno.
Bachelet recibió a Carmen Quintana, una de las víctimas del caso "quemados", que le pidió el levantamiento del secreto de 50 años establecido para el informe sobre prisión política y tortura elaborado en 2004, conocido como "informe Valech". "La presidenta quedó muy seriamente comprometida a estudiar estos temas", afirmó Quintana. El caso "quemados" acaba de ser reabierto en sede judicial a partir de las declaraciones de un soldado que rompió el pacto de silencio, para investigar el secuestro de dos jóvenes que protestaron contra la dictadura de Pinochet. Los militares los quemaron vivos el 2 de julio de 1986. Quintana tenía 18 años al momento de los hechos. La otra víctima, Rodrigo Rojas, murió como consecuencia de las quemaduras.
Pinochet ordenó personalmente que se frenaran las investigaciones para llegar a los autores. La responsabilidad del dictador surge de unos cables del gobierno de EE UU, que permitirán robustecer lo dicho por el soldado Fernando Guzmán que denunció una operación de encubrimiento montada por el Ejército: "A cambio de nuestro silencio, la institución nos proveyó de permisos, de dinero, como una manera de continuar con esta mentira y mantenernos callados." Al respecto, dijo Bachelet el lunes pasado: "Basta de silencio. Hay personas que saben la verdad de muchos casos que aún permanecen sin resolver. Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán, que ayuden a reparar tanto dolor." Además del encubrimiento, los cables dan cuenta que la dictadura tachó públicamente de terroristas a las víctimas, a quienes acusaron de haberse ocasionado las heridas con sus propias bombas molotov. Los cables también dan cuenta que se emprendió una campaña de intimidación para presionar a los testigos del crimen, al fiscal y a los jueces de la causa para desestimar el caso por falta de pruebas. Esto sucede cuando el ex jefe de la DINA condenado por violaciones a los DDHH, Gral. Manuel Contreras, se encuentra internado de gravedad. Según el diputado de la ultraderechista UDI Jorge Ulloa, se debería rendir honores a Contreras. "Hay muchas figuras, como Salvador Allende, que dividió el país y se le hizo igual un funeral. No veo por qué debería ser lo contrario en este caso", dijo Ulloa, para quien los DDHH son sólo una cortina de humo para tapar los problemas de Chile. Para levantar el secreto del informe Valech es necesaria una mayoría calificada. Pero se incrementa el número de quienes piden terminar con el silencio.
Mientras tanto, en la Argentina se acaba de publicar en el Boletín Oficial la ley 27.156 por la que se prohíbe indultar, amnistiar o conmutar penas a autores de crímenes de lesa humanidad, y se reprimió a los trabajadores de la línea 60 que iniciaron paros para reclamar por la reincorporación de compañeros despedidos por la empresa. El secretario general del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, criticó a los huelguistas y a la izquierda por impedir trabajar a quienes querían hacerlo, y el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dio orden de desalojar y reprimir a los trabajadores con dos argumentos conocidos: fueron ellos quienes comenzaron la agresión contra los gendarmes (a quienes también llamó "trabajadores") y estaban cometiendo un delito federal cortando el tránsito. "Los trabajadores están buscando un muerto", dijo Berni, que los trató de inadaptados y violentos. El diputado Edgardo Depetri utilizó similares argumentos y el candidato a gobernador Aníbal Fernández avaló la labor de los gendarmes con sus decenas de heridos y detenidos.
¿Quién ha dicho algo de los heridos y presos por la represión? El Cels, la Comisión Provincial por la Memoria y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otros, recordaron que durante el año pasado se produjeron otras represiones contra los trabajadores de Lear y Gestamp con similares características y justificaciones. El dirigente de SMATA, Ricardo Pignanelli, culpó a los trabajadores de promover la anarquía y criticó la presencia de militantes políticos y de DD HH, y es recordada la actuación del gendarme infiltrado tirándose de palomita sobre un auto. El SIPREBA denunció que en la represión a los trabajadores de la línea 60 varios reporteros fueron heridos con gas pimienta y que la Gendarmería los desalojó golpeándolos con bastones, rompiendo cámaras para encubrir la ilegalidad y disparándoles balas de goma y gases lacrimógenos. El Cels sostuvo que se reprimió sin antes promover un canal de negociación y que los gendarmes dispararon indebidamente sus balas de goma desde arriba de la Panamericana a trabajadores que se encontraban en la ruta 197. Pero el silencio de muchos es preocupante.
Una bala termina con una vida y 30 sofocan una manifestación. Pero una sola justificación desde el gobierno hace tambalear el Estado de Derecho. Los logros se consolidan cuando hay compromiso de no reproducir metodologías repudiables.
(Tiempo Argentino, domingo 2 de agosto de 2015)
