Que cada elector sea un brazo armado, que sepa usar de su arma convenientemente… no se puede fiar sólo en la fuerza del derecho", decía el diario La Nación el 16 de octubre de 1879. Se gestaba el alzamiento de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional en plena disputa por la designación del sucesor del Presidente Nicolás Avellaneda. El diario apoyaba al candidato de Bartolomé Mitre, el gobernador Carlos Tejedor, en lugar del favorito de los gobernadores, Julio Argentino Roca. Como actor político privilegiado, jugó sus cartas en la escalada discursiva que culminó en el enfrentamiento armado. El 17 de enero de 1880 afirmó en tono de advertencia ante lo que consideró un avance de la Nación sobre la provincia: "Estos hechos, que han sublevado la indignación patriótica, y la convicción de que las amenazas se traducirán tarde o temprano en sucesos funestos y sangrientos, ha obligado al pueblo a armarse en su defensa". Exactamente un mes después insistiría sobre "la necesidad de la resistencia armada, en defensa de los derechos agredidos y en salvaguardia de las libertades ultrajadas".
Las citas hacen referencia a uno de los tantos momentos en los que el diario abogó por los intereses que representa –agropecuarios, latifundistas, militares–. No es la violencia lo que condena, sino si se la emplea en contra de esos intereses. No es el sistema legal lo que consagra, si a esos intereses no se acomoda, como no sostiene la convivencia o el diálogo, si es que no les son funcionales al disciplinamiento que fomenta.
Entre sus editoriales en los que reclamaba orden durante los meses previos al golpe del 24 de marzo de 1976, se destaca el del 13 de octubre de 1975 "La situación en el INTA", en el que se refirió a la "infiltración ideológica" y a "la participación de elementos subversivos de filiación marxista". Luego del golpe de Estado, el 29 de octubre de 1976 en "La recuperación del INTA" calificó de "racionalización de personal" a las desapariciones y cesantías de trabajadores y profesionales, con la que se recuperaron "valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios".
Es por eso que no sorprenden sus editoriales del 16 y 21 de agosto de este año, en las que, una vez más, pretende introducir en el debate político el perdón a los imputados de crímenes de lesa humanidad. En ellos hizo alusión a un encuentro en la Universidad Católica en la que participó, entre otros, monseñor Jorge Casaretto. Se trató de una iniciativa hacia la pacificación, dijo La Nación, en similar línea discursiva que la utilizada por represores como Jorge Acosta o Alfredo Astiz, que consideran que los juicios que se les sigue son una continuación de una guerra que creen haber librado. Dijo el diario que la violencia tuvo sus primeras manifestaciones a fines de los cincuenta con un pequeño grupo guerrillero. La Nación es desmemoriada cuando se trata de acciones violentas de militares, como los bombardeos sobre la plaza de mayo en 1955 con centenares de civiles muertos o los fusilamientos de José León Suárez. Para el diario de Mitre la represión fue inevitable respuesta al accionar de organizaciones armadas y a la decisión de Juan Perón de promover la Triple A y a las de sus sucesores de incluir la participación de militares. Aunque La Nación dejó de justificar los métodos ilegales y condenó la desaparición de personas y la apropiación de niños, mantuvo la versión militar de la guerra interna. En ese marco, las leyes de obediencia debida y de punto final y los indultos fueron parte de la pacificación, luego "desautorizada" con la anulación de 2003 y el reinicio de los juicios, que La Nación considera ilegales y parciales porque no se juzga a integrantes de organizaciones armadas. En este punto, incurrió en otro olvido, que es que la represión ilegal implicó que el Estado optara, en lugar de juzgar, matar y desaparecer a quienes acusaba de terroristas.
La Nación también olvidó algunas diferencias abismales. Primero, ni siquiera en una guerra se permite la tortura, que fue el método esencial utilizado para obtener información para caer sobre futuros objetivos. Segundo, la existencia de campos clandestinos de detención, donde los cautivos padecieron condiciones inhumanas y se utilizaron métodos similares a los de otras experiencias concentracionarias. Tercero, la persecución y eliminación de opositores políticos contó con el acuerdo de otras dictaduras en lo que se conoce como la operación Cóndor y que significó la violación sistemática de convenciones internacionales como la de las Naciones Unidas sobre refugiados. Cuarto, que por los crímenes de las organizaciones armadas intervinieron jueces y se realizaron investigaciones, mientras que los crímenes cometidos desde el Estado fueron ocultados y se brindó cobertura a sus perpetradores a través de medios de difusión afines, como el mismo diario La Nación, falsificando los hechos, dando como muertos en enfrentamientos a quienes, en realidad, habían sido ultimados, en total estado de indefensión, en los centros clandestinos.
La Nación busca el fin de los juicios y la libertad de los acusados presionando para que se juzguen a civiles que protagonizaron hechos de violencia. En su segundo editorial no tuvo mejor ocurrencia que citar las convenciones de Ginebra, que los militares pisotearon. La Nación busca impunidad en forma contradictoria porque pide reconciliación, a la vez que equipar crímenes comunes a los de lesa humanidad para juzgar a sus autores.
El Cels, Familiares, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo enviaron una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina pidiéndole aclaración sobre algunas reflexiones de Casaretto acerca de la reconciliación. Dijeron los organismos que ante violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos el Estado tiene la obligación de investigar y juzgar. Recordaron que el juzgamiento de esos crímenes son una valiosa contribución a la verdad y que permitieron recuperar la identidad de niños nacidos en cautiverio; buscar y localizar restos de desaparecidos; conocer la estructura represiva y los métodos de exterminio, como los vuelos de la muerte, los mecanismos de impunidad como los Consejos de Guerra y la coordinación represiva que significó el Cóndor. Recordaron también a los sacerdotes muertos y desaparecidos y el compromiso del Papa Francisco de abrir los archivos secretos.
La Nación no quiere los juicios porque, además, permitieron conocer la cobertura mediática de la represión, su propia contribución a silenciar y estigmatizar a las víctimas, cuyas voces comenzaron a ser oídas.
(Tiempo Argentino, domingo 23 de agosto de 2015)
