Era el año en que iba a recomenzar “la democracia” -mentirosa y de mercado- pero democracia al fin.
Los telegramas enviados al Departamento de Estado en Washington por la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, describían a Cambiasso como un militante peronista de izquierda y a Justo Javier Correa (más tarde identificado como Pereyra Rossi) como líder montonero, aunque repetían también las acusaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que calificó a los hechos que tuvieron lugar a mediados de mayo de 1983, como un “caso de asesinato realizado por grupos parapoliciales o paramilitares”.
El sábado 14 de mayo de 1983, dos hombres, uno joven (“Carlón” Pereyra Rossi) y otro delgado con apariencia de mayor (“El viejo” Cambiasso), entran al bar Magnum, sito en la calle Córdoba al 2600 de la ciudad de Rosario. Eran las 11 de la mañana. Piden dos cafés y comienza una charla de amigos.
El documento de la embajada contiene declaraciones de testigos que aseguran que un grupo de civiles fuertemente armados ingresaron al bar Magnum del macrocentro rosarino (ubicado en Córdoba y Ovidio Lagos), aquel infausto día y secuestraron a los nombrados.
De pronto había estacionado en la puerta del bar un furgón verde Mercedes Benz, sin chapa patente, del que bajaron cinco hombres vestidos de civil y ostensiblemente armados. Éstos fueron hasta la mesa de los militantes, a los que golpearon con las culatas de las armas, mientras el resto de los parroquianos eran puestos contra la pared.
Uno de los testigos reveló que en la calle estaban esperando dos Ford Falcon, uno celeste metalizado con patente de Capital Federal, y el otro amarillo. Osvaldo y Eduardo fueron llevados al furgón, que se fue del lugar escoltado por los Falcon.
A esta altura era incontenible el reclamo popular por la aparición con vida de los militantes secuestrados, por eso se apuraron a dar un desprolijo informe.
Tres días después al anunciarse que los dirigentes “chupados” habían muerto; la versión de la policía bonaerense –entonces dirigida por el general Fernando Verplaetsen- fue decir que ambos secuestrados habían muerto luego de agredir “con disparos de armas de fuego” a una comisión del comando radioeléctrico de la unidad regional Tigre, al mando del oficial inspector Luis Abelardo Patti e integrada por el sargento Rodolfo Diéguez y el cabo Juan Amadeo Spartaro.
El supuesto "enfrentamiento" habría tenido lugar a las 17.30 del sábado 14 de mayo, a la altura del kilómetro 103 de la Ruta Panamericana, cerca de la localidad de Lima, jurisdicción de Zárate.
El juez federal de San Nicolás Luis Hilario Milesi investigaba el episodio bajo la carátula de "atentado y resistencia a la autoridad, abuso de armas, doble homicidio en riña y tenencia de armas de guerra".
Una autopsia realizada el 21 de mayo comprobó que Osvaldo había muerto tras recibir un balazo en la nuca, disparado a menos de un metro de distancia, y que había signos de golpes en los hombros, codos y rodillas.
Otro examen demostró que Pereyra Rossi había sido torturado con picana antes de morir; su rostro estaba destrozado y era irreconocible; el disparo que lo mató había sido efectuado desde un metro y medio, dato establecido a través del hallazgo de pólvora en el omóplato derecho.
Los documentos de la embajada estadounidense daban cuenta que en junio del ‘83 "existe la amplia presunción de que lo que parece haber sido una ejecución no habría ocurrido sin órdenes de la cúpula militar. Ya circulan rumores sobre la posibilidad de un alejamiento anticipado de Bignone".
En el mismo escrito se agregaba que "la Junta insistiría en remover el caso de la jurisdicción de la Justicia provincial y pasarla a una corte militar, argumentando que los policías actuaron bajo órdenes militares", para protegerlos.
El juez Juan Carlos Marchetti procesó a Patti por "homicidio calificado reiterado" y cuatro meses después, cambió de parecer, y lo sobreseyó.
Los familiares de las víctimas y los organismos de Derechos Humanos insistían en que Patti debía sea juzgado.
