Cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no ocuparse del juicio de los fondos buitre contra la Argentina, dejando firme la sentencia del juez Thomas Griesa, hubo una comunión de dirigentes políticos y economistas del establishment que recomendó pagar sin protestar. Era un consejo desacertado. En el momento de mayor debilidad relativa del país frente a ese conflicto, en el segundo semestre del año pasado, esa propuesta hubiese tenido graves consecuencias. Significaba acatar la orden del juzgado de Nueva York comandado por Griesa y desembolsar 1330 millones de dólares más intereses (ahora es un monto de unos 1800 millones). El costo financiero para la Argentina hoy sería elevadísimo si el Gobierno hubiera aceptado esa propuesta. Con el rústico argumento de que la suma no era elevada, que era un grupo reducido de querellantes y que el desembolso aliviaría el frente externo, aconsejaban aceptar una sentencia desproporcionada en relación al capital original de los bonos demandado. Más allá de lo que decía este frente local que actuó voluntaria o involuntariamente como aliado de los fondos buitre liderados por Paul Singer, pagar no solucionaba el conflicto con los buitres sino que, por el contrario, lo hubiese agravado. Resistir esa sentencia no fue sólo una cuestión de defensa de soberanía económica, aspecto que para muchos de los miembros del Club Singer & Griesa es un tema menor. Fue además una acertada decisión en materia financiera vinculada a la sustentabilidad de las cuentas públicas.
El error que hubiese implicado convalidar la propuesta de pagar la sentencia Griesa quedó en evidencia con la presentación realizada por los denominados me too (yo también, en inglés) en ese mismo juzgado de Nueva York. Los me too son fondos buitre que reclamaron ser incorporados con el mismo derecho que tienen los liderados por Singer en relación a la sentencia Griesa. Esos inversores representan 37 demandas colectivas de 526 fondos e individuos (498 cuentan con fallos a favor de otros juzgados), entre los que se encuentra también Singer.
Como era previsible teniendo en cuenta los antecedentes del juicio, Griesa aceptó ese pedido hace diez días. Entonces, ya no son los 1800 millones de dólares reclamados por Singer & Cía. sino que el monto se eleva, por lo menos, en otros 5400 millones y si se extiende al total del 7,6 por ciento que no ingresaron al canje de deuda, la suma alcanza de 17.000 a 20.000 millones de dólares.
Ante la evolución que tuvo el juicio de los buitres, ¿quiénes fueron los líderes políticos y economistas locales que aconsejaron pagar? y ¿qué argumentos utilizaron entonces para justificar el cumplimiento de la sentencia Griesa?
- Mauricio Macri: “El tiempo se acabó. Lo que corresponde para no seguir agravando las cosas, lo que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, ir a la instancia que propone Thomas Griesa, no hay otro alternativa.” (La Nación, 17 de junio de 2014.) Dos días después reiteró el consejo en Radio Mitre: “Si hay que pagar al contado, habrá que pagar el contado. Si regularizamos este tipo de situación y generamos confianza, estos números van a ser insignificantes”.
- Sergio Massa: “Querer buscar culpables por el fallo de Estados Unidos es un error. Pagar es la oportunidad de dar un gesto como país”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
- Julio Cobos: “La voluntad de pago del Gobierno tiene que manifestarse también en el cumplimiento de la sentencia”. (Declaraciones en Radio Del Plata, 23 de julio de 2014, publicadas por la agencia Télam.)
- Ernesto Sanz: “No creo en una salida de negarse a acatar el fallo, sería malo”. (La Nación, 17 de junio de 2014.)
- Francisco de Narváez: “El rumbo no es el correcto. Es mejor un mal arreglo (con los fondos buitre) que ir a un default”. (Declaraciones a Radio Mitre, 14 de agosto de 2014, publicadas por El Cronista.)
- Elisa Carrió: “Lo que no se puede hacer es desacatar un fallo porque si no nadie nos dará un crédito. Lo que quiere Cristina es irse con el país destruido”. (En la presentación de su libro Humanismo y libertad, 5 de septiembre de 2014.)
Cualquier pago que hubiera realizado Argentina sin respetar lo acordado con los bonistas que aceptaron el canje 2005 y 2010 de títulos en default habría terminado en una insoportable carga de endeudamiento sobre los gobiernos que sucederán al de Cristina Fernández de Kirchner. Además, hubiera puesto en riesgo la exitosa reestructuración de deuda que implicó una fuerte quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los vencimientos. Cumplir sin chistar la sentencia Griesa (Argentina no desconoció el fallo Griesa, aunque lo cuestionó por incluir una interpretación extravagante de la cláusula pari passu) significaría una carga muy pesada para las cuentas públicas: equivale al 60 por ciento de las actuales reservas del Banco Central. El aspecto extravagante del reclamo buitre es que, invocando el pari passu, quieren cobrar más que los acreedores que aceptaron el canje, porque pretenden el ciento por ciento del capital más intereses sin la quita, extensión del plazo y disminución de la tasa. Griesa les concedió ese pedido aplicando además una tasa judicial de hasta el 9 por ciento anual sobre el monto de los bonos. La aceptación del criterio de los buitres ha violado, precisamente, el pari passu, puesto que colocó a esos fondos en una situación de preferencia sobre el resto.
El conocido grupo de economistas del establishment también había irrumpido en el debate público con el consejo de pagar a los buitres cuando quedó firme la sentencia Griesa.
- Carlos Melconian: “Los holdouts son tipos de buena voluntad. Compraron títulos para ahorrar. No hay ninguno en la oposición que tenga pelotas para explicarlo así. Es que si un amigo te debe guita y no te paga es un garca”. (Declaraciones a Radio América, 26 de agosto de 2013, publicadas en El Cronista.)
- Miguel Angel Broda: “Decidimos calzarnos los guantes e ir a la pelea. La verdad es que tuvimos el peor asesoramiento legal imaginable”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Mario Blejer: “Hay que comenzar la negociación con la premisa de que hay que pagar todo. Pero una buena negociación sería que paguemos con bonos, a tasa baja y cantidad mucho menor a precio nominal de lo que exigen”. (Declaraciones a Radio La Red, 26 de junio de 2014, publicadas en La Nación.)
- Miguel Kiguel: “Esto deja al Gobierno entre la espada y la pared; es difícil negociar cuando el otro tiene el ancho de espadas en la mano. No pagar y cambiar la jurisdicción sería entrar en desacato con la Justicia de Nueva York, algo inédito”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Federico Sturzenegger: “La soberbia y la impericia del gobierno se pagan con estos problemas y desgraciadamente todo va a repercutir sobre el bolsillo de los argentinos”. (Iprofesional.com, 8 de agosto de 2014.)
- Domingo Cavallo: “La mejor solución es sentarse a negociar con los acreedores que han obtenido este fallo a su favor. Argentina debería pagar con bonos a largo plazo y tratar de negociar una tasa de interés lo más baja posible”. (Declaraciones a Radio La Red, 16 de junio de 2014, publicadas en Perfil.)
- Daniel Artana: “Si no se llega a un acuerdo hay riesgos de agravar la recesión”. (Declaraciones a Radio Mitre, 28 de julio de 2014, publicadas por El Cronista.)
Cuando salieron a la luz los me too, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que la sentencia Griesa “fue una trampa muy bien armada en la que cayó la mayoría de los economistas de la oposición diciendo que había que ir a conseguir un descuentito y pagar”. Para agregar que “se está cumpliendo paso a paso lo que dijimos que iba a suceder. No eran solamente Paul Singer de NML y sus 1800 millones de dólares. Sino que era en buena medida de nuevo Paul Singer y por muchísima plata más que le reclamaban a la Argentina”.
Las afirmaciones aquí detalladas de esos políticos y economistas exhiben desconocimiento en materia legal e irresponsabilidad financiera en relación a las cuentas públicas. Además exponen la idea de que la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros en la emisión de deuda obliga a la Argentina a aceptar la sentencia sin protestar ni escudarse en el concepto de soberanía. No es así. Existe un cuestión que algunos ocultan y otros ignoran: la diferencia entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución.
Aceptar tribunales extranjeros para dirimir litigios, como el abierto por los buitres por bonos del default 2002, no significa que un país deba someterse a cualquier sentencia que viole su propio ordenamiento legal o que atente contra decisiones soberanas en materia financiera. La prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros no anula la noción de que la actuación de los órganos políticos del Estado argentino se encuentra únicamente sometida a la soberanía popular y a los principios de la Constitución Nacional y no puede ser cuestionada por ningún órgano de un estado extranjero, como el Poder Judicial de Estados Unidos. La investigadora Julieta Rossi lo explica en “Derechos humanos, desarrollo nacional y deudas sobernas” (Informe 2015 Derechos Humanos en Argentina, del CELS): “El Poder Judicial de Estados Unidos ha obviado por completo que la Argentina está imposibilitada de pagar el 100 por ciento de sus acreencias a los fondos buitre porque implicaría un proceder ilegal que incumpliría sus leyes internas de reestructuración de deuda pública, aprobadas por el Congreso Nacional”.
El Gobierno no ha desconocido el derecho de los fondos buitre a cobrar por sus bonos, sino que ha reiterado en más de una oportunidad que no puede pagarlos tal como lo dispuso Griesa. Como muestra de voluntad de pago ha presentado una oferta pública y oficial a los buitres que les significa una ganancia de más del 300 por ciento del capital que habían invertido. Oferta que fue rechazada una y otra vez.
¿Por qué esos mismos políticos y economistas que han sido tan enfáticos en aconsejar el pago a los buitres según la sentencia Griesa, no han sido igualmente enérgicos en aconsejar a Singer & cía. la aceptación de la oferta argentina?
(Página 12, domingo 14 de junio de 2015)
