En su editorial del 7 de abril pasado "La utilización política de los niños", el diario La Nación se refirió a los actos de conmemoración del día de la memoria y criticó que se olvidara "a las víctimas que cayeron en manos de los gángsters de grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros durante la década del setenta". Sostuvo que desde el Estado se condena lo que hizo "uno de los bandos que tomaron parte" en una "guerra sucia y despiadada", en lo que llamó "cultura de la estigmatización" de las acciones emprendidas a partir de las palabras de Juan Domingo Perón que llamó a "exterminar a los terroristas", luego del ataque al regimiento de Azul por parte de miembros del ERP en 1974. Se refirió también a la participación de chicos en las marcha y la comparó a los desfiles de falanges juveniles con el propósito de adoctrinar desde temprana edad. El diario de los Mitre se ofusca por la participación masiva en los actos conmemorativos del golpe de Estado, al que tanto reclamó y aplaudió desde sus páginas, y le molesta la participación de niños, a los que quiere ver alejados de la historia y la vida política del país, sin pensar siquiera que muchos de ellos son nietos de exiliados, torturados, muertos y desaparecidos. Pero a La Nación no le interesa la utilización política de los niños, sino la existencia de los juicios de lesa humanidad y la memoria viva.
Tres días después de esa editorial apareció otra en el mismo matutino, titulada "Un caso de reconstrucción histórica". En ella se mencionó la declaración que dio como testigo Carlos Ruckauf en el caso de la muerte del militar Argentino Larrabure sucedida en agosto de 1975. En esa época, Ruckauf era Ministro de Trabajo de María Estela Martínez de Perón y en tal carácter firmó los tristemente célebres decretos de aniquilamiento, que tanto han dado que hablar y al que tanto han echado mano los militares para justificar sus crímenes. Apenas sucedido el secuestro se inició una causa penal y al aparecer el cuerpo del militar se inició una causa por la muerte, que se cerró provisoriamente en octubre de 1977. En 2007 su hijo Arturo pidió que se declarara la muerte de su padre como crimen de lesa humanidad, aunque jamás se confirmó si fue un homicidio. Varias fueron las idas y vueltas en la tramitación de ese proceso y distintas las opiniones, hasta que el entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que no correspondía calificar de lesa humanidad la muerte de Larrabure. Mientras tanto, la justicia federal en Santa Fe realiza algunas medidas solicitadas por Larrabure hijo, como la declaración de Ruckauf. Esta causa, junto a la de la muerte del sindicalista José Ignacio Rucci, son las más utilizadas por quienes presionan para obtener la impunidad de los represores por los crímenes masivos cometidos durante la dictadura. Pretenden lograr la declaración de lesa humanidad, puesto que si todo crimen puede serlo, nada lo es. Tanto los doctrinarios como los distintos pronunciamientos judiciales sostienen que para que un crimen sea de lesa humanidad debe darse en un contexto determinado, como un ataque, generalizado o sistemático, contra la población civil, y que ese ataque sea realizado como política de Estado. Quienes reclaman el fin de los juicios contra los represores utilizan estas causas para debilitar la noción de lesa humanidad, aunque se trate de un concepto por demás restrictivo, y lograr un escenario de paridad que permita juzgar a todos por igual o arribar a uno de consenso para cerrar definitivamente todos los procesos con la consigna de reconciliación, dejando de lado la justicia. Por esa vía circulan las editoriales de La Nación, aunque cabe reconocer que la opinión de varios de sus columnistas –como Nicolás Isola o Hinde Pomeraniec– son bastante distintas, al igual que la información que brinda sobre el avance de los juicios.
Con los casos de Rucci y Larrabure pretenden diluir la existencia de centenares de campos de exterminio en los que se sustrajeron niños, se torturó, se violó, se desapareció y mató a miles de cautivos como consecuencia de la persecución política desatada y que tanto reclamaron sectores fielmente representados por medios como La Nación. Lo que tampoco reconoce La Nación es que la dictadura que apoyó con vehemencia decidió dejar de lado toda herramienta legal y exterminar a quienes consideró opositores y responsables de los crímenes que hoy pretenden que se declaren de lesa humanidad. Si estas tardías ansias de justicia que arremetieron sobre quienes escriben las editoriales de La Nación, hubieran aparecido en ese entonces, tal vez algo podría haber cambiado.
Otra diferencia entre los crímenes masivos cometidos como política estatal y los de organizaciones armadas no estatales es que ante los primeros no hay juez, ni fiscal, ni abogado que puedan investigar o hacer cesar el crimen, y todos los órganos de información –estatales y medios de comunicación– no sólo ocultan los actos criminales sino que los justifican y les otorgan visos de legalidad. Por el contrario, cuando son cometidos por particulares inmediatamente se inician investigaciones judiciales y se denuncian públicamente, como sucedió con los casos de Rucci y Larrabure. Pero las editoriales de La Nación ocultan ese pequeño detalle, al que considerarán seguramente un asunto baladí.
Es La Nación la que se contradice cuando, por un lado, evoca las palabras de Ruckauf al describir la violencia política de los 70, y, por el otro, rememora los decretos de aniquilamiento, que el mismo Ruckauf suscribió, y la constitución y desenvolvimiento de la Triple A durante el gobierno peronista, a la que denominó "siniestra organización parapolicial próxima al ministro José López Rega". La contradicción no es inocente, porque se pretende interpelar al justicialismo por haber sido parte del problema –como lo confirman la causa por los crímenes de la Triple A y la extradición de María Estela Martínez de Perón solicitada por dos jueces por crímenes de lesa humanidad– y por haber apoyado la autoamnistía de la dictadura. Lo que La Nación no ve –o no comprende– es que el proceso de justicia no tiene vuelta atrás, que no es negociable y que no hay fuerza política que pueda obstaculizarlo. Tal vez esa incomprensión radica en que la vida democrática y el funcionamiento de las instituciones están directamente imbricadas a la construcción histórica y la realización de justicia. Y para algunos, no hay nada mejor que la amnesia, la falta de compromiso y la impunidad.
La Nación finalmente se lamenta de que no se haya declarado la muerte de Larrabure como un crimen de lesa humanidad "¿No lo fue, acaso?" se pregunta. Y, no, no lo fue. Tanto el de Larrabure como el de Rucci, son casos que, confrontados con cada uno de los megaprocesos en marcha, con centenares de víctimas y multiplicidad de crímenes, dejan al desnudo las abismales diferencias.
(Tiempo Argentino, domingo 12 de abril de 2015)
