A un año de ser condenado por genocidio en un juicio histórico, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt espera tranquilo y confiado en su casa una nueva instancia judicial. Es que a pesar de la contundencia de las pruebas y los testimonios presentados en su contra, que hablan de pueblos enteros arrasados por sus fuerzas de seguridad en la década de los años ochenta, diez días después de ser condenado por la jueza Yassmín Barrios, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), haciendo lugar a los argumentos de la defensa que había denunciado vicios formales en el proceso. Aunque el dictador permanece bajo arresto domiciliario a la espera de un nuevo veredicto, la decisión de la CC fue un duro golpe para los sobrevivientes de las víctimas y defensores de derechos humanos en Guatemala y el mundo entero.
Se espera que Ríos Montt regrese a los tribunales para ser juzgado otra vez el 5 de enero de 2015, aunque la fecha puede resultar tentativa si la defensa decide aplicar una estrategia dilatoria. “La Corte anuló la sentencia no formalmente, sino de facto. Lo que dijo es que tenía que retroceder el proceso. Se le garantiza la impunidad a Ríos Montt y se ignora a las víctimas que piden justicia. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es lo opuesto a lo que debería hacer una corte, que es velar por el estado de derecho”, aseguró a Página/12 Sebastián Elgueta, investigador del equipo Centroamérica de Amnistía Internacional (AI).
El ex general Ríos Montt gobernó Guatemala entre 1982 y 1983. Barrios lo había condenado a 80 años de prisión por el asesinato de 1771 indígenas ixiles. Durante la guerra civil, que comenzó en 1960 y se prolongó hasta 1996, murieron 200 mil personas, la mayoría de ascendencia maya y a manos de las fuerzas armadas, según una Comisión de la Verdad que contó con el apoyo de Naciones Unidas. “En Guatemala hay 200 mil víctimas a causa del conflicto armado y 45 mil desaparecidos”, explicó Elgueta. “Lo que tenemos en Guatemala es un avance, pero comparado con la laguna de justicia que todavía existe en el país, es una gota en el océano”, agregó.
El experto de Amnistía señaló que hay sectores de la sociedad guatemalteca que se resisten a aceptar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la patronal más influyente del país, y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) apoyaron la decisión de la CC de anular el veredicto en contra del ex dictador. “Son dos organizaciones que comparten un mismo criterio pero que juegan papeles diferentes. Para Avemilgua todas las personas que buscan justicia son guerrilleras. Por su parte, Cacif cumplió un rol muy negativo después del 10 de mayo, argumentando que el fallo era algo malo para el país”, sostuvo Elgueta. El experto destacó que pese a la oposición de esos sectores, distintas organizaciones lucharon durante décadas para esclarecer casos de masacres y de desapariciones forzadas. “Han denunciado un caso de genocidio y lo han demostrado con pruebas evidenciales. Incluso lograron una condena por crímenes de lesa humanidad contra un ex agente del Estado”, reflexionó.
Elgueta no descartó que el caso de Ríos Montt y su jefe de inteligencia, José Rodríguez, sea llevado a instancias internacionales, aunque apuntó que la intención es que se fortalezca el sistema judicial guatemalteco. “Rigoberta Menchú, utilizando la jurisdicción internacional, presentó un caso contra Ríos Montt. España pidió su extradición y la CC, con un razonamiento que fue muy criticado, dijo que no, en parte porque España había sido garante en los acuerdos de paz.” (Esos acuerdos, que terminaron con 36 años de enfrentamientos armados en Guatemala, se firmaron entre 1991 y 1996 en México, España y Noruega.)
Sin embargo, el investigador de AI consideró que el presidente Otto Pérez Molina, general retirado del ejército, no tiene voluntad política para impulsar los casos contra represores y genocidas.
El viernes, indígenas, activistas por los derechos humanos y sobrevivientes de las masacres cometidas por las fuerzas armadas conmemoraron la sentencia contra el ex dictador. “Para Guatemala, fue todo un reto llevar adelante un juicio por genocidio. Porque no es fácil juzgar un delito de lesa humanidad en un país donde la impunidad sigue latente”, dijo a este diario Alejandra Castillo, subdirectora del programa de Justicia y Reconciliación del Centro de Acción de Derechos Humanos (Caldh), grupo que actuó como querellante en el juicio contra Ríos Montt.
Elgueta, el representante de AI, dijo que los juicios por derechos humanos empezaron a moverse a partir de la asunción de la fiscal general Claudia Paz y Paz en el 2010. “A partir de la llegada de Paz y Paz, se han abierto causas por siete casos de masacres y desapariciones forzadas. Todos ellos han resultado en soldados y oficiales de bajo rango condenados”, señaló.
Los logros de la gestión de Paz y Paz fueron reconocidos por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, instancia de la ONU que trabaja en este país desde 2007. Sin embargo, en febrero el CC recortó su período en siete meses y Paz y Paz fue eliminada de la lista de seis aspirantes que la Comisión de Postulación entregó a Pérez Molina. El presidente finalmente designó para el cargo a la abogada Thelma Esperanza Aldana Hernández, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, vinculada con Gustavo Herrera, el empresario y operador político de Pérez Molina, según el diario guatemalteco Prensa Libre. El presidente guatemalteco es un férreo defensor de la decisión de la CC que ampara a Ríos Montt.
Sin embargo, Paz y Paz prefiere ver el vaso medio lleno. “Luego de muchos años ha habido avances. No se pueden cometer asesinatos, tortura, genocidio ni desaparición forzada y con estas sentencias se previene que esto pueda ocurrir en el futuro”, declaró la fiscal general.
(Diario Página 12, domingo 11 de mayo de 2014)
