La política delegó en la propia estructura policial el manejo de la fuerza y en muchos casos hizo la vista gorda frente a mecanismos de financiamiento externo siempre vinculados al delito. El caso de Córdoba es el más evidente por las revelaciones concretas de vínculos entre la conducción policial, la política y el narcotráfico. Pero no es el único.
Que la rebelión de la policía cordobesa haya estallado semanas después de la depuración obligada del Ministerio de Seguridad y la cúpula de la fuerza que rompió la “cadena de la felicidad” del financiamiento espurio no es una casualidad, es una consecuencia.
Desaparecida la recaudación del delito, se hace imperioso conseguir aquellos fondos en la única ventanilla disponible: la del Estado.
De una u otra manera, la política construyó esta policía, convalidando prácticas heredadas de la dictadura, con una fuerza militarizada, lejos del pueblo, que gestiona el delito y se financia en parte por esa vía. Desde la institución se creó el mito de que era imposible encauzar la conducción por parte de un civil, ya que sólo un uniformado podía manejar a los efectivos policiales.
Esa lógica se llevó al paroxismo en Córdoba, donde un uniformado pasó de conducir la policía a transformarse en ministro de Seguridad. Alejo Paredes tuvo que dejar su cargo tras las denuncias sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los alzamientos carapintadas marcaron el fin del partido militar. El kirchnerismo llevó adelante una profunda reforma de las Fuerzas Armadas. Algunos pasos fueron simbólicos y otros estructurales. Hace poco más de un mes, el jefe de la Fuerza Aérea, Mario Callejo, sacó a relucir de las entrañas del horror los documentos de la Junta Militar con revelaciones impactantes que aun quedan por procesar. Ese cambio copernicano que operó en las Fuerzas Armadas es una deuda en las policías provinciales, que en muchos casos hacen ver a la Federal, como una fuerza moderna.
La reforma policial es una cuestión pendiente que tornó urgente luego de la sucesión de autoacuartelamientos de los últimos días.
Los reclamos salariales son válidos, especialmente para trabajadores que aparecen relegados frente a las mejoras que pueden exhibir sus pares de otros gremios. Sin embargo, la utilización de las armas para presionar a las instituciones de la democracia es inaceptable.
Los levantamientos en las provincias reavivaron el debate sobre la sindicalización policial, con el argumento de que la movida se produjo por el retraso salarial y con el agregado de que una regulación gremial impediría la huelga, como sucede en varios países.
Las huelgas en las policías de la Argentina ya están prohibidas, pero eso no impidió la sucesión de levantamientos contra el estado de derecho de las distintas fuerzas en las provincias.
Aquellos que ingresan a la policía saben que son armados por la democracia y no tienen a la huelga como alternativa de reclamo. En ese escenario, sería sano encontrar mecanismos de ajuste salarial válidos, tanto como aplicar todo el peso de la ley a aquellos que rompieron el contrato social y violaron la ley para reclamar mejoras en sus ingresos.
v Hay que volver a Córdoba, porque la desastrosa gestión cordobecista fue la que prendió la mecha. El gobernador José Manuel de la Sota primero subestimó los reclamos y después rindió la plaza sin oposición. Entregó a los peticionantes armados lo que le pedían y desató el vendaval en el resto de las provincias.
Cuál es el mensaje para el resto de los empleados estatales que sienten, con razón, que tienen el mismo derecho para reclamar incrementos salariales similares a los de la policía. Claro que esos sectores no cuentan con armas para extorsionar al poder político.
Es a estas horas un interrogante cómo se desarrollará ese escenario.
Frente a ese panorama, los gobernadores intercambiaban información sobre la situación en cada distrito y buscaban un mecanismo común para resolver el conflicto.
Muchos optaron por imitar la decisión del gobernador bonaerense Daniel Scioli de imponer un aumento salarial sin abrir una paritaria paralela con los sediciosos. Pero la mecha estaba encendida con la pólvora cordobesa.
La sucesión de sublevaciones policiales tuvo un mensaje dispar de la política. Un gran número de dirigentes de la oposición sin responsabilidad de gestión pasearon por los estudios de televisión tratando de sacar un rédito político de la compleja situación imperante en las provincias.
Los paradigmas de esa postura fueron el ex presidente Eduardo Duhalde, un habitué de los diciembres calientes que intenta siempre presentarse como un piloto de tormentas; y el camionero Hugo Moyano, que luego de la ruptura con el oficialismo no repara en jugar todas sus fichas cada vez que puede.
El bonaerense, que anunció su retiro de la política después del último traspiés electoral en 2011, quedó colgado del pincel ayer cuando propuso que el gobierno convocara a Roberto Lavagna para afrontar la situación económica. El ex ministro le replicó vía Twitter: "No creo en hombres providenciales", señaló y dejó solo a Duhalde.
Moyano reivindicó los reclamos salariales de los policías, con el argumento de que también son trabajadores, y no tuvo reparo en medio de ese escenario caliente en convocar a una movilización de camioneros para reclamar un plus de fin de año. El secretario general de la CGT disidente está en su derecho de encauzar los reclamos gremiales, pero también debe entender la responsabilidad que le cabe como un actor de la política nacional.
En medio de semejante panorama, Mauricio Macri buscó hacer equilibrio y terminó, como parece ya ser una tradición, haciendo un papelón.
El alcalde porteño y ex presidente de Boca Juniors fue el único que no se enteró que la hinchada de su equipo iba a manifestarse frente al Obelisco. Las imágenes de simpatizantes de Boca rompiendo vidrieras y saqueando negocios, mientras el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, subía a las redes sociales una foto de él mismo jugando al fútbol en la Bombonera superan el promedio habitual del papelón PRO.
Esa contradicción se dio apenas unos días después de que la justicia porteña absolvió a los funcionarios del gobierno de la Ciudad en una causa que investigaba la responsabilidad política por la represión en el Borda.
La Metropolitana, la fuerza que creó Macri como herramienta de propaganda política y paradigma del combate a la inseguridad no tiene empachos en reprimir a locos, médicos y periodistas en un hospital psiquiátrico, pero juega a las escondidas si los simpatizantes del club del jefe de gobierno quieren arrasar con el microcentro porteño.
El PRO es la misma fuerza política que obliga a las agrupaciones sociales o partidos que pretenden hacer una movilización por la Ciudad a pedir permiso, claro que ese requisito no parece alcanzar a un grupo de boquenses que entienden que son los protagonistas del espectáculo deportivo y piensan que una camiseta de fútbol les da patente de corso para delinquir.
El bochorno de Boca no llegó a tapar la imposibilidad para gestionar la inscripción de los alumnos para el próximo ciclo lectivo. El PRO aprobó un presupuesto para 2014 que prevé una nueva reducción en los gastos en educación. Está claro que Mauricio Macri tiene otras prioridades, como disponer de una fortuna para una fenomenal campaña publicitaria que incluyó una impresentable carrera entre el triple medallista olímpico Usaín Bolt y la obra insignia del PRO: el metrobus en la misma 9 de Julio que los xeneizes habían copado.
Lejos de esas veleidades, la política se mantiene en estado de alerta. Las rebeliones policiales quedaron atrás, pero aparece en el horizonte una semana que podría presentarse como complicada.
El recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001 siempre propone jornadas complejas. Las operaciones políticas de las últimas semanas y las constantes amenazas de saqueos no aportan a la concordia.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 15 de diciembre de 2013)
