Cinco policías, entre los que habría un comisario, fueron detenidos en Tucumán por el presunto delito de sedición. Tras la sublevación de uniformados en esa provincia, que derivó en una ola de saqueos con el trágico saldo de cinco muertos, la justicia tucumana ordenó apresar a esos efectivos, más otros dos que al cierre de esta edición aún no habían sido localizados, por considerar que se alzaron en armas para extorsionar a la administración de José Alperovich. Extorsión fue la palabra la que apeló el propio gobernador cuando informó que había otorgado a los policías un 35% de aumento en sus salarios para intentar recuperar la paz social en su distrito. Según la agencia Télam, la figura legal que se les habría aplicado a los detenidos es la "autoría mediata" –o sea, la instigación y/o colaboración– de los delitos de robos, lesiones y hasta homicidios.
Si bien se excusó de suministrar precisiones por el secreto de sumario que rige en la causa, el jefe de la policía tucumana, Dante Bustamante, indicó que "hay elementos secuestrados" que incriminarían a los efectivos detenidos –cinco hombres y dos mujeres– en la investigación que llevan adelante los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni. También indicó que "se espera que en las próximas horas sean detenidas las dos personas que restan".
Fuentes consultados por el diario La Gaceta, de Tucumán, señalaron que la investigación de la fiscalía "no tiene que ver con los saqueos" que, desde el lunes pasado se produjeron en esa provincia, sino con la protesta policial, que dejó indefensa a la población al autoacuartelarse. La propia policía, siempre de acuerdo con La Gaceta, consideró que durante la protesta de uniformados "hubo una actitud de los sublevados que permitió lo que sucedió luego", por los saqueos y los hechos de violencia acontecidos entre el lunes y el martes pasados, y que se cobró la vida de cinco personas.
En Tucumán, mientras los policías permanecían autoacuartalados, bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia, lo que hizo que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques.
La administración de Alperovich (Frente para la Victoria), a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en la justicia penal de la provincia una denuncia por sedición contra los policías debido a la modalidad de protesta que adoptaron. A partir de ese momento, diferentes fiscales –coordinados por la procuradora general Alejandra Gils Carbó-– comenzaron a trabajar para lograr identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques.
Código Penal. Además de estar normado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, el artículo 229 del Código Penal instruye que "serán reprimidos con prisión de uno a seis años" los que, entre otras acciones, pretendan "deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión".
Esa sería la acusación que la justicia tucumana y el propio Alperovich habrían hecho contra los siete uniformados detenidos.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 15 de diciembre de 2013)
