Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por dictaduras forman parte del pasado común de los países del Cono Sur. Cada una por su cuenta y también en coordinación con las fuerzas de seguridad de las naciones vecinas llevaron a cabo una violenta represión que afectó a toda la región. En simultáneo, a su vez, prepararon su salida dictando autoamnistías y/o destruyendo las pruebas de sus delitos. No pudieron, sin embargo, imponer el olvido y sus sociedades se hermanaron en la lucha para conocer la verdad de lo que había ocurrido. Recolectaron información y no dejaron de exigir justicia mientras el contexto político era adverso, hasta que sus gobernantes se hicieron cargo de la demanda. Hoy, mientras los juicios contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad avanzan en América Latina, con ciertas dificultades dependiendo del país, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur lanza una guía de archivos y fondos documentales que reúne información sobre esos delitos. Para que la justicia actúe, para que la memoria avance.
La guía (que puede ser consultada online en www.ippdh.mercosur.int/ArchivoCondor) releva 115 fondos documentales de 71 instituciones de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Archivos que permiten indagar sobre la articulación de las tareas de inteligencia a través de las fronteras, la realización de reuniones de altos mandos castrenses y la organización de cursos y congresos internacionales que se produjeron desde principios de los años sesenta hasta la actualidad.
"Quizás no hay una prueba directa de un crimen pero sí acerca de cómo se organiza un aparato represivo, un aparato jerárquico militar. Por eso para todo lo que es la reconstrucción de patrones sistemáticos y de estructuras administrativas en los juicios, el rol de los archivos es importantísimo", explica a Tiempo Argentino el secretario ejecutivo del IPPDH, Víctor Abramovich. El organismo que dirige fue creado en 2009 por el Consejo del Mercado Común del Mercosur con el fin de apoyar a la coordinación de políticas regionales en Derechos Humanos. "La guía está en construcción", agrega, "y no alcanza sólo con describir los archivos, hay que acompañar iniciativas para crear unidades de búsqueda y de ordenamiento".
"El terrorismo de Estado en el Cono Sur fue un sistema clandestino. Así era el secuestro, el lugar de detención y hasta la muerte. En Argentina, por ejemplo, tenían una estructura formal de mando y otra paralela. Entonces si no tenés documentación es muy difícil de reconstruir. En ese sentido, es interesante el trabajo de relevamiento de archivos que se hace en el Ministerio de Defensa y de Seguridad, o en el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia Buenos Aires (DIPBA), o el de la provincia de Córdoba (D–2). Es entrar a un territorio como el de los represores, pero desde la mirada del que va a buscar información para la protección de los Derechos Humanos. Das vuelta esos archivos."
–¿Con qué dificultades de accesibilidad se encontraron a la hora de realizar el relevamiento?
–Un primer punto fue la falta de certeza con las reglas de acceso. A nivel internacional hay un principio de amplia publicidad de todos los archivos y documentos estatales vinculados a violaciones graves de Derechos Humanos. O sea que la regla debería ser la publicidad y el secreto la excepción. Sin embargo, al bajarlo a los casos concretos hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, la información sobre el Plan Cóndor es políticamente e históricamente sensible. Porque está en archivos de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Relaciones Exteriores. Ahí lo que vemos en la guía es que gran parte de la información es reservada con distintos criterios de reserva. Y hay obstáculos, como el tema de protección de datos personales, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre publicidad de información sobre violaciones a los Derechos Humanos y datos personales? Otra cosa es que no hay protocolos que establezcan un mecanismo claro para definir cómo se clasifica y desclasifica. Queda en el ámbito de decisión de cada organismo público. Y, por último, otra dificultad tiene que ver con el ordenamiento de los archivos. Hay todo un camino que tiene que ver con acceso material en lo que todavía hay mucho por recorrer.
–El reclamo por la apertura de los archivos fue una de las históricas exigencias de los organismos de Derechos Humanos desde su surgimiento. ¿Cómo cambió esta situación con los últimos gobiernos regionales?
–Es distinto construir memoria enfrentado al Estado que con el Estado de aliado. Era imposible pensar en la sistematización de esta información sin instituciones que desde adentro del Estado se pusieran a buscarla. En ese sentido, que se produzca esa institucionalidad a nivel regional, que no sea sólo dentro de un Estado, es una forma de garantizar la irreversibilidad de ciertos procesos.
–¿Qué significa, en este marco, la creación de un Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos dentro de la órbita del Mercosur?
–Creo que vale destacar que el tema de los Derechos Humanos se ha puesto en la agenda política de la integración. Entonces así como hay un Mercosur económico, hay un Mercosur de los Derechos Humanos que incluso se construye como contracara de lo que fue la coordinación de acciones represivas en el Cono Sur. Entonces se crea una reunión de autoridades de Derechos Humanos, se crea un instituto para apoyar las iniciativas en los países, se crea un grupo para generar información y apuntalar los procesos de verdad y justicia. Ese es un paso importante. Porque además las violaciones a los Derechos Humanos no se dieron en un solo país, sino que forman parte de una memoria compartida. Entonces también tiene sentido recuperar esa memoria común en el armado de una comunidad política. El Mercosur no sólo como un mercado, sino como una comunidad política regional. Hay pasado común, identidad política compartida. Y otros temas vinculados a ese pasado, como por ejemplo: qué hacer con las víctimas, cómo enfrentar las violaciones, como construir memoria, como trasladarla a otras generaciones que no vivieron ese proceso histórico. Y hay cosas que los países deciden trabajarlas en el ámbito local y otros que deciden llevarlas a la esfera regional. Me parece que es un dato político relevante que los temas de Derechos Humanos se decidan llevarlos al ámbito regional.
Claroscuros en brasil
Víctor Abramovich destaca que Brasil es uno de los países que más ha trabajado en términos de la accesibilidad de los archivos y hasta tiene una ley que especifica la publicidad como regla de toda la información en manos del Estado que trate sobre graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, allí los juicios contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no pudieron avanzar dado que la ley de autoamnistía dictada por los militares antes de dejar el poder que sigue vigente. En ese marco, la conformación de la Comisión de la Verdad hadado una nueva esperanza a los organismos de Derechos Humanos que desde su conformación aspiran a que el conocimiento de los hechos haga inevitable la necesidad de justicia.
"No se puede anticipar el escenario brasileño, pero es indudable que la Comisión de la Verdad ya está teniendo un impacto aún antes del informe final", evalúa Abramovich. "Porque aparecen documentos que generan debate público. Eso hace que el tema no sea histórico, sino que esté en la agenda política ahora. Cuán fuerte va a ser el informe como para derribar el esquema de impunidad, es imposible de predecir. Pero yo coincidiría en que la verdad no es neutral en términos del proceso de justicia. Más verdad genera más presión por justicia y hace más difícil sostener la impunidad."
Tortura
Una reparación
Dilma Rousseff firmó la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. "Tenemos que admitir tristemente que la tortura no quedó restricta al período de la dictadura militar", dijo la secretaria de DD HH, María do Rosario.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 4 de agosto de 2013)
