Desde el 25 de julio, tras la evasión del ex teniente Gustavo de Marchi y el ex mayor Carlos Olivera, la esposa de este último, Marta Ravasi, se esfumó de los sitios que solía frecuentar. Ya se sabe que ella –quien ejerce de psicóloga en el Hospital Militar Central Cosme Argerich– tuvo un rol preponderante en la maniobra para conseguir la autorización "por razones médicas" del traslado de ambos condenados desde la cárcel cuyana de Chimbas al penal bonaerense de Marcos Paz, antes de que se escaparan, justamente, del Hospital Militar.
El trasfondo de la fuga incluye funcionarios del Poder Judicial, personal de las Fuerzas Armadas, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y hasta médicos. Esa es sólo la primera parte de la trama que el juez federal Claudio Bonadio intenta descifrar. La otra se refiere a la logística y las complicidades de los prófugos para sostener su tránsito por los pasillos de la clandestinidad. Al respecto, el gobierno congeló los fideicomisos de Olivera y su socio Jorge Appiani –un ex capitán también condenado por delitos de lesa humanidad–, en donde cedían honorarios obtenidos por ellos como abogados en juicios contra el Estado. Se trata del clásico método de sacarle el agua al pez. Pero es posible que ello no haya bastado para dejar a Olivera y De Marchi en la intemperie. La existencia de estructuras secretas para contener y solventar el ocultamiento de represores requeridos por la justicia es más que una sospecha.
Prueba de ello es el modo con el cual la Armada cubrió –con documentación falsificada, dinero y valiosos contactos– la huida a través de Paraguay, Austria y Sudáfrica del jerarca de la ESMA, Jorge Vildoza, según una carta escrita por Javier Penino Viñas, el joven apropiado por el represor. Otra punta del ovillo en este asunto son ciertas agencias de seguridad vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de estado, como la empresa Scanner SA, del ex coronel Héctor Schwab, hoy también prófugo. Allí, éste concibió la denominada Unión de Promociones, un sello para oponerse a los juicios contra sus camaradas. Y también impulsó la figura de Cecilia Pando, una criatura ideada para canalizar los reclamos públicos de los represores. La red que los apoya cuenta con una pata eclesiástica. Uno de sus referentes más activos es el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), la cual controla decenas de colegios en todo el país y una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. No le va a la zaga el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación de extrema derecha con sede central en San Rafael, Mendoza, creada en 1984 por el cura Carlos Buela. Esa organización –al igual que FASTA– suele aportar financiamiento, consuelo espiritual, recursos, financiación y hasta techo a los ex uniformados en apuros.
El reverendo padre Javier Olivera, primogénito del represor más buscado del país, pertenece a sus filas.
Hay un episodio que lo pinta por entero. En agosto de 2000, cuando el papá languidecía en la cárcel romana de Regina Coeli, tras ser capturado por pedido del juez parisino que instruía la causa por la desaparición de la modelo franco-argentina Marie-Anne Erize, el joven Olivera –quien, por entonces, era apenas un abogado recién diplomado– fatigaba estudios de TV, junto a la madre, para minimizar el carácter criminal de su progenitor. En esas circunstancias, acudió al programa de Mariano Grondona, cuyo show en aquella ocasión consistió en convocar a un sobreviviente del campo clandestino La Marquesita, de San Juan, en donde el mayor Olivera despuntaba su fervor por la tortura.
"¿Te puedo tutear? –soltó el hijo del represor– Porque yo soy también del pueblo, así como vos. Te puedo tutear, ¿no? Vos decís que trabajabas con las manos. Mostrá las manitos. ¿A ver? ¿Vos tenés las manitos de Moyano? Me parece que tenés manitos de las que le pegan al gatillito, ¿eh?"
Mamá intervino en el diálogo:
–¿Cómo fue que te soltaron?
–No sé, me soltaron.
–Habrás colaborado –dijo ella.
El hijo, entonces, acotó:
–Es porque traicionabas, ¿no?
Ese sujeto era la viva imagen de su padre.
Lo cierto es que Javier Olivera, quien a los 23 años era un católico fanático que frecuentaba los círculos integristas, viajó a Italia para asistir al “Carnicero de San Juan” –tal como la prensa europea llamaba al mayor Olivera– y su primer paso fue conchabar al abogado fascista Augusto Sinagra, un integrante de la logia P-2 que en su momento había defendido al Licio Gelli. Ahora se sabe que el retoño del represor no fue ajeno a la maniobra –urdida desde las entrañas del Ejército– que consistió en el envío de documentación falsificada a Italia para lograr su liberación, cosa que ocurrió tras 42 días de arresto.
Ordenado sacerdote a fines de 2008 en el Instituto del Verbo Encarnado, el ahora padre Javier es un cuadro de la congregación. Una congregación cuyos integrantes están acusados de conductas deshonestas, abuso de poder, abuso psicológico, sexual, y encubrimiento. Una extraña secta con 45 sedes en todo el mundo y que cuenta con recursos económicos ilimitados. Allí, en San Rafael, el hijo del represor –que se desempeña como profesor del Seminario Diocesano y es autor de cuatro libros teológicos– sigue impartiendo misa en la parroquia San Maximiliano Kolbe. No sería de extrañar que en aquella ciudad, bajo el techo de alguna inmueble de la congregación, su padre, el asesino, haya encontrado cobijo.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 4 de agosto de 2013)
