Eran las 2:20 del 18 de julio cuando los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi ingresaron al Pabellón 4 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, provenientes de San Juan. Poco les importaba el frío que se filtraba desde el exterior en las celdas 4433 y 4418. Sabían que la primera fase del plan de fuga se había concretado con éxito. Así se evidenció siete días después, el 25 de julio, cuando ambos condenados por crímenes de lesa humanidad se fugaron del Hospital Militar Central Cosme Argerich al que fueron trasladados para tratarse supuestos problemas de salud. La investigación del caso desnudó una logística económica y judicial impensada: se encontró un mapa que habría servido para la huida, se detectó un fideicomiso vinculado a Olivera con casi 9.457.803 pesos y se reveló que había otros diez genocidas internados en el mismo lugar castrense sin justificativo médico pero con el aval de la justicia. Anoche, intentaban trasladar a tres de ellos a una prisión común.
A las 21, el Servicio Penitenciario Federal organizaba el envío al penal de Marcos Paz de la mayoría de los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad que permanecían todavía en el Hospital Militar. La decisión fue consecuencia del escape de Olivera y De Marchi. Por este motivo, ayer se realizaron dos allanamientos en Corrientes y en Misiones con resultados negativos. "Tenemos pistas", le dijo a este diario una fuente gubernamental y agregó que sospecha que estarían en el país. El centro de salud ubicado en Luis María Campos al 700 cobró una enorme importancia en la causa a medida que fueron pasando las horas. La evidencia de que la fuga estuvo planificada tiene detalles cinematográficos: hallaron un plano del tercer piso del Hospital Militar que habría sido confeccionado por la mujer de Olivera, Marta Noemí Ravasi, que trabajaba como asistente psicológica allí. Ese lugar es clave porque funcionan las salas de espera 333, 334 y 335 donde fueron vistos por última vez los represores, pasadas las 13 del 25 de julio. En aquella sala el SPF entrega a los represores detenidos a las Fuerzas Armadas.
Olivera no es un improvisado: se desempeñó como teniente en el área de Inteligencia durante la última dictadura en San Juan. Era un especialista en la fabricación de documentos falsos. De hecho, cuando lo detuvieron por última vez, en el 2008, estaba a punto de dejar el país y llevaba pasaportes falsos de varios países. El 4 de julio pasado, veintiún días antes de la fuga había sido condenado a prisión perpetua.
"Tenían un plan A, un plan B y un plan C", informaron a Tiempo Argentino los investigadores. En esa estructura criminal, Ravasi cumplió un rol protagónico: fue quien solicitó los turnos para que su marido se tratase en el Hospital Militar, evadiendo los trámites habituales.
El Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de la tutela de los represores, también fue funcional a la fuga. De allí partió la resolución para que Olivera y De Marchi viajasen a la Capital a tratarse un problema dermatológico y psiquiátrico, respectivamente. Los jueces intervinientes fueron Leopoldo Rago Gallo y su subrogante en la feria judicial, Miguel Gálvez.
"Rago Gallo fue uno de los tres primeros jueces que citamos en la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos que tenía en las causas de lesa humanidad", explicó a este diario Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. También recordó que fue uno de los magistrados que se excusó de instruir el expediente en el que se investigaba la complicidad del ex camarista Otilio Romano con la dictadura por su "amistad íntima" con el acusado.
La solicitud del traslado fue gestionada y firmada por la secretaria del juzgado, María Paula Carena. La nuera del ex fiscal Juan Carlos Yannello, señalado como "el Romano de San Juan".
El 24 de julio Carena de Yannello, a cargo de la Secretaría Penal 4, recibió un llamado de la dirección de traslados del SPF para informarle que Olivera y De Marchi debían viajar el 26 de julio a la noche a San Juan "para la continuación de las jornadas de Debate Oral y Público" ante el "Tribunal Oral en lo Criminal Federal". La respuesta de la secretaria fue contundente: "Que no se proceda el traslado hasta que no se cumplimenten los turnos médicos ordenados mediante oficio de fecha 18 de julio, ya que el último turno es el día 8 de agosto". Al día siguiente, Olivera y De Marchi se escaparon.
PLATA DULCE. "Una persona prófuga no puede subsistir más de dos días sin apoyo económico o financiamiento de terceros", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el 1 de agosto. Por eso, el hallazgo del fideicomiso SJ2 con 9.457.803 pesos vinculado a Olivera es determinante. De allí habría salido el dinero para financiar su vida clandestina.
Olivera ejerció como abogado hasta el día de su detención y junto con el capitán auditor Jorge Humberto Appiani, también detenido por delitos de lesa humanidad, generaba acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas. El dinero del fideicomiso se gestó con la liquidación de los honorarios percibidos en esas acciones.
Ante este escenario, el gobierno decidió el congelamiento de las cuentas de Olivera concentradas en los fondos fiduciarios, los depósitos bancarias, tarjetas de crédito, y el CUIT. Además de las viviendas y autos del prófugo y su mujer. Lo mismo se decidió con el dinero de De Marchi. No obstante, Olivera habría vendido el fideicomiso antes de fugarse para hacerse de fondos frescos.
LA ORGA DE LAS CAUTELARES. La compulsión por juntar dinero a raudales a costa del Estado comenzó con la década menemista cuando el Ministerio de Defensa estaba a cargo de Jorge Domínguez. Por entonces, el estudio de abogados de Olivera y Appiani –quien ofició como "asesor legal" en los Consejos de Guerra para perseguir a militantes políticos y hoy está preso en Entre Ríos–, acaparó miles de reclamos de efectivos de las Fuerzas Armadas, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías federales, bonaerenses, y empleados civiles de las fuerzas de seguridad. Ese reclamo variopinto que podría haber sido solucionado por Domínguez a través de la burocracia del Ejército, abrió la puerta de la fortuna de Olivera.
Tal es así, que las causas del estudio de los represores tenían casillero propio en cada uno de los juzgados donde tramitaban. La red de cómplices abarcó a jueces y secretarios de juzgados de Jujuy a Tierra del Fuego. Un caso emblemático fue el del juez correntino Humberto De Biase Echeverría, que en un rapto de agilidad jurídica dictó 17.060 medidas cautelares por reajuste salarial para efectivos de Prefectura y Gendarmería en 2010. El solícito De Biase Echeverría resultó destituido en diciembre de ese año. Este magistrado y la ex jueza federal de Santa Cruz Ana Cecilia Álvarez fueron denunciados por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, como parte de una "asociación ilícita" junto a un grupo de abogados que litigan contra el Estado. El ideólogo de ese plan de enriquecimiento para financiar a los represores fugados es el mismísimo Olivera. Appiani pasa los días en la Unidad 1 de Paraná y manda a decir a través de su apoderada legal que "ya no tiene nada que ver con Olivera con quien rompió la sociedad en 2007". Algo que no coincide con la fecha de constitución del fideicomiso: el 26 de agosto de 2008. También participaron en entidades financieras y diversificaron las ganancias a través de empresas de la industria agropecuaria. Según fuentes judiciales, el patrimonio de Olivera supera holgadamente los 20 millones de dólares y además tendría cuentas en paraísos fiscales.
El otro estudio beneficiado por la industria del litigio de los zumbos que estalló en octubre de 2012, es el de la abogada Villegas. Ella y Olivera representaron a casi todos los demandantes. La mujer es la hija del golpista del '55, Osiris Villegas. Todo queda en familia.
La cifra
17.060 cautelares fueron las que firmó en beneficio de gendarmes y prefectos el ex juez correntino Humberto De Biase Echeverría.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 4 de agosto de 2013)
