Da la sensación de que el gobierno no sabe qué hacer con los delincuentes menores más peligrosos. En antiguas instalaciones en el Departamento de Godoy Cruz funciona actualmente lo que se denomina ex-COSE, como cárcel para menores que han cometido delitos que los identifican como de gran peligrosidad. En más de una ocasión, desde hace años, se han producido fugas, como una última en que se fugaron cinco de ellos que cumplen allí penas por atentar contra la vida de personas. Pero antes, y atendiendo a denuncias de familiares de los internos, los organismos de derechos humanos de Mendoza comprobaron graves irregularidades en el trato a los menores provenientes de sus carceleros. Pudieron comprobar por sus propios medios y ojos el permanente maltrato, falta de adecuada alimentación, negativa a recreos en que se pudiera practicar deportes, como asimismo la imposibilidad de asistir normalmente a talleres y clases de educación. De tener plena posibilidad de realizar estas prácticas en un clima de normas disciplinarias en que se tenga como principal objetivo la reinserción social una vez en libertad, los jóvenes responderían, en su mayoría, a esos objetivos.
Pero desde los niveles de toma de decisiones se incurre en gruesos errores que manifiestan en realidad en la puesta en práctica de políticas represivas reiteradas y con un fuerte contenido discriminatorio en cuanto tienen que ver con el clásico mirar de reojo a los jóvenes, considerarlos según el tono de su piel, es decir, aquello de ser portador de un rostro que para el establishment es sinónimo de un potencial delincuente, "si es que ya no lo es". Y para acentuar esta discriminación, el gobierno provincial ha decidido la construcción, en tiempos perentorios, de una cárcel para esos menores, en Cacheuta, localidad a unos 50 km de la capital, al pie de la cordillera, iniciativa que los organismos humanitarios, por intermedio de una nota, le hacen saber al gobernador sus oposiciones a ese emprendimiento. Se manifiesta que ello está en contra de la ley 26.061, que recomienda la reclusión de los jóvenes delincuentes en centros correccionales situados cerca del lugar de residencia de sus familiares y que se debe poner atención en el menor y que su "opinión sea primordialmente tenida en cuenta al momento de arribar una decisión que lo afecte" y reitera la problemática de la lejanía que ha de impedir la presencia de sus familiares con cierta asiduidad, elemento que indudablemente suma en el objetivo de la disciplina y la reinserción. Y puntualizan, además, que este proyecto "significa responder a reclamos de ciertas clases acomodadas económicamente". Es decir que a la problemática social -pobreza, mendicidad, delincuencia, adicción, tabaquismo, milonga, festejos, violaciones, acoso sexual- se resuelve como siempre: la basura bajo la alfombra.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
