Tales manifestaciones guardan más relación con la interna del PJ que con los mismos juicios y tienden a generar consensos por derecha bajo una bandera –el asesinato de Rucci– que ya levantaron otros como Hugo Moyano y Francisco De Narváez. La utilización de los juicios y del proceso de memoria, verdad y justicia para cuestiones coyunturales y de internas políticas significa un peligroso retroceso. Sin embargo, De la Sota no fue el único. Cuando meses atrás el oficialismo propició un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación equiparando los crímenes de la dictadura con el ataque a un regimiento en Formosa en 1975 por parte de Montoneros, se encolumnó detrás de Gildo Insfrán (dejemos de lado, por ahora, su responsabilidad en la grave situación que afronta la comunidad Qom) y de una política que insiste en reivindicar un episodio a requerimiento de las Fuerzas Armadas, que a la época del ataque ya estaban llevando adelante el plan ilegal de represión, tortura y muerte. Cuando funcionarios del gobierno ponen fecha de vencimiento a los juicios de lesa humanidad se abusa, una vez más, de una de las banderas que –con justa razón– este gobierno supo y pudo levantar, que es la decisión política de llevarlos a cabo.
Las críticas a De la Sota (algunas de ellas también realizadas dentro de la misma interna del PJ) se centraron en su propuesta de reducción de penas, pero nada dijeron de lo peor de sus dichos, que fue la equiparación de responsabilidades entre quienes cometieron crímenes desde el Estado para atacar a la población civil, y aquellos que llevaron a cabo crímenes políticos, porque el debilitamiento del concepto de lesa humanidad es la prenda añorada por los sectores más reaccionarios de la sociedad. El silencio en este punto quizás se motive en la misma interna del PJ.
Proponer reducción de penas no implica automáticamente ir contra la justicia. Es una herramienta que se utiliza en otros procesos y no se opone a la realización de los juicios ni a las eventuales condenas. En todo caso, la oposición será a negociar con el acusado porque implica desistir de aplicar penas máximas. Cabe recordar que, durante sus testimonios, algunos sobrevivientes y familiares dijeron que era tan importante la condena como la información que pudiera obtenerse. Varios han sido los intentos dentro de los juicios para que los represores brinden datos. Un claro ejemplo es el caso de Federico Talavera, que confesó haber participado en vuelos de la muerte pero al dar información un fiscal le confirió indebidamente la categoría de testigo. Esta solución es peor que la reducción de penas, porque se lo exime de responsabilidad y de ser juzgado. Más allá de los dichos de De la Sota, se debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de buscar mecanismos que permitan obtener justicia pero también conocer la verdad sobre el destino final de los desaparecidos y el paradero de los niños nacidos en cautiverio.
Que los juicios de lesa humanidad sean definitivamente una victoria del conjunto de la sociedad democrática y no una pieza de trofeo o la excusa para dirimir otros intereses.
(Diario Tiempo Argentino, sábado 1 de junio de 2013)
