En 1973, el General Juan Domingo Perón estaba convencido que el país necesitaba una tregua económica para salir adelante. Quería concretar un programa de nacionalismo económico que permitiera el desarrollo de la Argentina, sin descuidar a los trabajadores. El 8 de junio el Parlamento aprobó el llamado ‘Pacto Social’, que se había forjado con el acuerdo de los sindicatos, la industria y el gobierno en torno a una serie de medidas que ayudaban a estabilizar los precios y redistribuir el ingreso de los asalariados.
En síntesis, el Acuerdo Social consistía en un congelamiento de precios, un alza de salarios en alrededor del 20%, y la suspensión de las negociaciones colectivas de salarios por dos años. Todo esto sumado a un plan de austeridad en el sector público, un impuesto a las ganancias y a la tierra, y créditos baratos para las empresas nacionales.
El acuerdo funcionó en los primeros meses y la inflación bajo del 62 % al 17 % anual. Los salarios se recuperaron en un 14 %. No pasó mucho tiempo para que el llamado ‘Pacto Social’ comenzara a ser cuestionado por la derecha empresaria (no entregaban sus productos, con lo cual apareció el desabastecimiento y el mercado negro) y por sectores de izquierda que no aceptaban el acuerdo. Tras la muerte de Perón el pacto se derrumbó rápidamente.
En la campaña electoral del 2007, que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación, la candidata reiteró más de una vez la necesidad de un Pacto o Acuerdo Social para bajar las tensiones económicas. En su discurso pronunciado en el Teatro Argentino de La Plata afirmó que “…el Diálogo Social en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia de empresarios, trabajadores y la pata del Estado que redirecciona y garantiza las condiciones macroeconómicas de no endeudamiento, de superávit fiscal primario, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de reservas suficientes para evitar cualquier cimbronazo. Esas condiciones macroeconómicas no pueden ser solamente de un gobierno o de un presidente de turno, tienen que ser patrimonio de todos los argentinos, y tiene que ser institucionalizado”.
La idea de la presidenta de materializar un Pacto Social nunca vio la luz a partir de la crisis destituyente de los sectores del campo que obligó al gobierno nacional a concentrarse en otra agenda política.
La crisis económica mundial que golpeó a la Argentina durante el año anterior, más los síntomas claros de inflación, han llevado al gobierno nacional a retomar los elementos centrales de un pacto o acuerdo entre los trabajadores, los empresarios y el Estado.
El gobierno nacional está tomando una serie de medidas para cuidar el trabajo y el salario de los trabajadores. El acuerdo económico para que por sesenta días no haya aumentos de precios en los supermercados y en las cadenas de electrodomésticos es una medida importante. Será tarea fundamental del Guillermo Moreno controlar que los empresarios cumplan su compromiso y, en caso contrario, sancionarlos con el peso de la ley.
Paralelamente los gremios deberán ser cuidadosos cuando pidan aumentos en las paritarias. Lo primero que hacen las crisis económicas es perjudicar a los asalariados, no a los empresarios. Es importante que los trabajadores sean responsables y no olviden que es el gobierno de Cristina quien siempre defenderá a los más humildes.
El General Perón, a quien tanto citan algunos dirigentes gremiales opositores, afirmaba en 1973 que “hay un solo interés: es el interés de todos los argentinos, sin cuya realización nadie podrá soñar en realizar su propio destino”.
(7 de enero de 2013)
