El viernes 28 del mes pasado estuvimos en San Rafael para una convocatoria de la Liga por los Derechos del Hombre, filial local, para dar una charla en un colegio terciario sobre Violencia Institucional. Una preocupación generalizada por medidas y acciones del accionar policial y otros estamentos represivos del Estado provincial, es decir su gobierno, siendo sus víctimas sectores humildes de la población, militantes, jóvenes políticos y sectores estudiantiles. Y ha cobrado mayor expresividad porque se han notado picos en el marco del aniversario último del genocidio del 76. Es tal la preocupación, que los organismos han elaborado -todavía en borrador- lo que sintetiza el concepto de violencia institucional.
Se puntualiza que hace unos meses se produjo una violenta incursión de la policía provincial en el asentamiento Escorihuela, en terrenos del ex ferrocarril, en la Capital. La situación se repite con cierta periodicidad por más que no aparezca en los medios como en aquella oportunidad, y es evidente que dicho accionar no está destinado a prevenir ni reprimir el delito, puesto que no consigue ese objetivo. Posteriormente, se produjo un confuso episodio de índole familiar que derivó en un desproporcionado operativo policial en un sector del Barrio La Favorita: se utilizaron gases, balas de goma y una gran cantidad de efectivos, amedrentando a todo el barrio.
En la víspera del 24 de marzo, militantes de la agrupación juvenil La Cámpora fueron detenidos por pintadas murales en repudio al genocidio del 76, en el departamento de Maipú y alojados por más de 8 horas en el D2 que había sido señalizado el mismo 24 de marzo por haber sido uno de los centros clandestinos de detención y tortura por donde pasaron la mayor parte de los detenidos – desaparecidos de Mendoza y en que perdieron la vida muchos, previamente torturados, como asimismo decenas de detenidas/dos desaparecidas/dos.
A ello cabe agregar también los incidentes en San Rafael con el rector Maluenda y el juez de faltas De Diego, con los estudiantes del Normal, a los que se ha tratado de forma autoritaria, por parte de ambos funcionarios, que terminaron recurriendo a la policía y deteniendo a alguno de los estudiantes.
También resulta preocupante el cuestionamiento al juez Ramón Pérez Pesce por otorgar hábeas corpus, en el marco de discursos que cuestionan las garantías y los derechos humanos, con una idea desviada de la seguridad que pretende confrontarla con las garantías constitucionales y la plena vigencia del estado de derecho.
Las avanzadas de este tipo de cuestionamientos es el tradicional derechoso diputado Cassia y con señales similares de elementos como Osvaldo Quiroga, padre de un joven -Matías- asesinado alevosamente en un atraco. Aquel y éste "emperrados" en que el garantismo para los reclusos sea arrasado de raíz. Por eso los periódicos exabruptos contra jueces como Pérez Pesce.
Tampoco se han realizado las investigaciones pertinentes relacionadas con la destrucción del friso con los nombres de nuestros compañeros frente a Tribunales, ni los actos de persecución contra los abogados querellantes y el fiscal de los juicios por delitos contra la humanidad que se terminaron en la sentencia condenatoria de los genocidas el día 22 de marzo.
En todos estos hechos que nos parecen graves y coincidentes en marcar un perfil autoritario y ajeno completamente al acuerdo para la Seguridad Democrática, política respaldada por el Gobierno Nacional, no existe coherencia en los funcionarios del gobierno provincial del ejecutivo tanto de la cartera de seguridad como la deseable respuesta por parte del área de derechos humanos.
Con respecto al oscurantismo religioso, especialmente el católico, también bajan desde la cima del gobierno, o sea del mismo gobernador, señales de que una especie de Espíritu Santo beatifica algunas decisiones como la de mandar a los legisladores justicialistas que voten en contra del llamado Protocolo por el aborto, promovido por el ejecutivo nacional. Y lo peor también, las incursiones en algunas aulas escolares de la educación pública, como lo que se acaba de denunciar en el diario digital MDZ, debido a la pluma de su redactor Alejandro Frías, quien relata que, por ejemplo, en una salita de 4 de una escuela que no identifica, al parecer campea el catecismo. Uno de esos chiquitos llega a su casa y al momento del almuerzo dice que hay que rezar, como dice la maestra.
Y lo mismo ocurre en otras circunstancias, llegando a la conclusión los padres, con mucha bronca, que en esa escuela se arrasa con la ley que dice que la escuela pública es gratuita, obligatoria y laica. Para colmo, reciben también un formulario en que entre otros datos requeridos es sobre "qué religión practican". Es que se ratifica nuestra denuncia ya realizada hace tiempo, de que el catolicismo apunta fundamentalmente a entrometerse en la educación pública apuntando, lógicamente, a la fácil penetración ideológica en conciencias "tiernitas", como son los alumnos primarios.
Ojo, no nos alineamos en una crítica desestabilizante, ni mucho menos.
Entendemos que la institucionalidad en manos del gobierno provincial se aproxima muy íntimamente a las políticas nacionales populares y nacionales.
Por el contrario, estamos en la misma vereda pero con exigencias para que lo bueno se profundice y lo malo se elimine.
(Fuente: LA QUINTA PATA)
