Impune, pero finalmente detenido el último 20 de diciembre, 37 años después de que comenzara a desempeñar su papel como máximo ideólogo de la dictadura militar, el ex general Carlos Alberto Martínez murió el domingo pasado en su casa, donde gozaba de prisión domiciliaria. Increíblemente, en casi cuatro décadas pudo lograr eludir a los jueces no por la cintura de algún abogado defensor bicho, sino debido a que absolutamente a nadie se le había ocurrido acusarlo por nada. Dato que sorprendía, teniendo en cuenta que Martínez fue la principal autoridad de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (J II), responsable del Batallón de Inteligencia 601 con injerencia en varios centros clandestinos de detención de la Capital Federal, mentor de la Directiva del Comandante General del Ejército Nro. 404/75 (de "Lucha contra la Subversión"), y redactor del Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional.
Esos documentos, que Tiempo Argentino reprodujo el pasado 24 de marzo a partir de una recopilación inédita del Archivo Nacional de la Memoria, fueron la base de la "aniquilación subversiva" iniciada antes del golpe de Estado, y marcaron el lineamiento general del genocidio a partir de 1976.
Más allá de su historia personal, descripta en esta edición por Ricardo Ragendorfer, Martínez tuvo una particularidad: por el lugar que ocupó, temporal y estratégicamente, es el único militar, junto con Jorge Rafael Videla, al que se le hubiera podido imputar la totalidad de hechos delictivos perpetrados por la dictadura en aquellos años en todo el país. En realidad, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, acompañada por distintos referentes de organismos de Derechos Humanos, lo estaba haciendo en los últimos tiempos, con una acusación de 3596 fojas presentada en el 2012 ante el Juzgado Federal Nº 3 de Daniel Rafecas, y por la que el magistrado decidió la detención del genocida.
Sin embargo, la verdadera intención de la querella no se limitaba a buscar una condena personal para el militar –imputación que, de hecho, caduca con su muerte–, sino que analiza (en tiempo presente, sin importar ese fallecimiento), por primera vez desde el comienzo de los juicios por causas de lesa humanidad, el rol de la Inteligencia como diseñadora de la metodología represiva, y organizadora de su puesta en práctica. Como ocurrió con el Plan Sistemático, que detuvo el interés específicamente en el robo de recién nacidos a las embarazadas secuestradas en campos de exterminio, el caso Martínez es la puerta abierta para que los juzgados de todo el país investiguen esa línea, desarrollada por muchos subordinados al ex general que todavía respiran.
Los números inteligentes. La causa 14.216 que en su momento había dispuesto la detención de Martínez impacta por sus cifras. Tiene 3596 fojas, y recopila casos de secuestros, desapariciones, asesinatos y operativos de exterminio diagramados y llevados adelante por efectivos de Inteligencia mientras el ex general ocupó la máxima autoridad en la J II, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978.
"En tal contexto –dice el escrito–, se le han imputado al nombrado su participación necesaria en la privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas a mil ciento noventa y tres (1193) personas, la aplicación de tormentos a setecientas (700) de ellas, como asimismo el homicidio de ciento cincuenta y un (151) personas; hechos que se habrían cometido con intervención de personal del Primer Cuerpo del Ejército, o sometido operacionalmente a él."
La investigación cita varios capítulos y anexos de la Directiva 404 de 1975 de "lucha contra la subversión", y sobre todo un principal concepto estratégico: "La actitud ofensiva a asumir por la Fuerza, más los elementos puestos a su disposición, debe materializarse a través de la ejecución de operaciones que permitan ejercer una presión constante, en tiempo y espacio, sobre las organizaciones subversivas. No se debe actuar por reacción sino asumir la iniciativa en la acción, inicialmente con actividades de inteligencia, sin las cuales no se podrán ejecutar operaciones, y mediante operaciones sicológicas."
El cerco sobre Martínez, a partir del cual pudo armarse la investigación que ahora analiza la Inteligencia del genocidio, se (le) comenzó a cerrar en junio del año pasado, cuando Rafecas dispuso el allanamiento de sus dos casas en el partido de San Miguel, ubicadas en Pardo 2112 y España 865, 5º piso. Martínez trató de impresionar a la policía queriendo dar imagen de fragilidad, cercano a cumplir 90 años. Pero la debilidad de la biología se contrapuso con la dureza de varios documentos redactados por él mismo cuando era el hombre fuerte de Videla, que el juzgado encontró ese día escondidos en un armario. Uno se llama "Doctrina de Inteligencia Nacional", y estipulaba que "Sobre la base de los resultados en la producción de Inteligencia Estratégica Nacional y de las decisiones que se adopten, el Sistema debe realimentarse y reorientarse para que mantenga su dinámica y su cohesión".
También marcaba la línea a utilizar en sesiones de tortura a detenidos: "El interrogatorio de personal militar y civil amigo y enemigo, ejecutado convenientemente y por especialistas, podrá proporcionar valiosa información. Deberá efectuarse inmediatamente después de la captura y/o presentación del personal que será interrogado." En su Reglamento R-C 16-4 agregaba que "La reunión de informaciones de carácter militar por medio del interrogatorio del personal y del examen de la documentación y del material capturado, será una función del comando". Y que "La realización de estas tareas estará a cargo del personal con aptitud especial de inteligencia que actuará bajo el control del jefe de inteligencia de la gran unidad a la que se encuentre agregado o asignado".
Esos documentos que hoy analiza Rafecas son los que marcan su línea de investigación. Otro se denomina "Instrucción de lucha contra elementos subversivos", y también fue secuestrado en aquel allanamiento. Describe al "oponente" con distintas categorías: "Subversivos" (es necesario, dice, saber "su ubicación, actividades, composición de las bandas de delincuentes, sus jefes, fuentes de abastecimiento, sostenedores, ideología a que pertenecen, armas y municiones con que cuentan y sitios que frecuentan"); "Sostenedores de la violencia", "Activistas, agitadores, terroristas"; "Comerciantes en armas y municiones"; y "Movimientos subversivos", sobre los cuales se hacía imprescindible saber "su identificación, organización, entidad política que los dirige, ideología, lugares de reunión, y sistemas de infiltración en organismos públicos y gubernamentales".
La "Rama Inteligencia", como la denomina Gómez Alcorta, en la actualidad es analizada por el Juzgado Federal Nº 3 en lo referido a secuestros, desapariciones y homicidios ocurridos en los CCD Atlético, Banco, Olimpo, El Vesubio, Automotores Orletti, Hospital Posadas, Sheraton, Protobanco, la Comisaría de Monte Grande, la Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, y el circuito represivo integrado por la Comisaría 1ª de Junín, la Unidad 13 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Regional 8 de Junín y el Destacamento de Morse.
"Sistemática venganza". La llamada Unión de Promociones (UP), grupo que reivindica el genocidio y se lamenta cada vez que algún militar acusado de violación a los Derechos Humanos muere, sostuvo en un comunicado que Martínez era un "Preso Político en cautiverio, que se hallaba bajo proceso judicial". Y que "Con él, son ya 193 (ciento noventa y tres) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza".
En el texto, el coronel retirado Guillermo César Viola habla en plural: "Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, amigos, compañeros de Promoción y Camaradas de Armas, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación".
La UP se formó en el 2005, movida por la "preocupación derivada de la probable evolución jurídica de los detenidos por la Guerra Contra el Terrorismo Subversivo", que "obliga una directa acción solidaria sobre el personal de la Fuerza". Intenta establecer la "verdad histórica completa", y actúa con otros grupos resabios de las épocas golpistas como Aunar, el Movimiento por la Verdadera Historia, la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, y el Grupo por la Pacificación Nacional Definitiva. «
"Martínez murió, pero esto recién empieza"
Gómez Alcorta integra la Unidad de Coordinación de Áreas en el Instituto Espacio para la Memoria, es querellante en procesos vinculados al Primer Cuerpo del Ejército y abogada de la familia de Bernardo Alberte, primer asesinado por la dictadura en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Redactó la acusación contra Carlos Alberto Martínez por la que el ex general fue detenido el año pasado.
–¿En qué cambia la situación a partir de la muerte de Martínez?
–Prácticamente, en nada. Obviamente, se archiva la causa contra su figura, pero el objetivo de investigar cómo se diseñó y cumplió el plan represivo va más allá de una persona, aunque esa persona haya sido el verdadero cerebro de la represión. La que yo llamo "rama de Inteligencia" estaba conformada por un órgano del Estado Mayor del Ejército que asesoraba a los comandantes, y principalmente al que ocupó la presidencia de la Nación, Jorge Rafael Videla. La jefatura de Inteligencia del Ejército centralizaba toda la información obtenida fruto de los secuestros, clasificaba y archivaba los interrogatorios y ordenaba infiltraciones. Pero, por sobre todas las cosas, designaba los blancos, en un período que se extendió desde el golpe de Estado hasta enero de 1978. Martínez era la principal autoridad del organismo en ese lapso, y lo increíble de su caso es que hasta el 20 de diciembre del año pasado, cuando el juez (Daniel) Rafecas dictó su procesamiento, nunca había sido llamado a un juicio. Fue el cerebro de la Inteligencia en la época más terrible de la dictadura, y durante casi 40 años zafó de todo.
–¿Por qué ese sector de Inteligencia nunca antes había sido tomado para iniciar causas, como sí ocurrió con el plan sistemático de robo de bebés?
–En todos estos años, también los juicios, y la manera de encararlos, fueron un constante aprendizaje. Es cierto que recién ahora puede afirmarse que el tema se empieza a analizar en forma particular. Martínez murió, y con eso cae su imputación, pero esto recién empieza. Lo que nace ahora es la posibilidad de juzgar a todos los responsables que, desde la Inteligencia de la dictadura, pensaron, diseñaron y llevaron a la práctica los secuestros y desapariciones.
–En la querella, lo que impresiona es el desglose de la verdadera influencia del Batallón de Inteligencia 601.
–El tema del 601 es importante, porque aclara todavía más la importancia que Martínez tenía a nivel nacional en el diseño de la represión. De su cabeza partían las instrucciones pero además, era amo y señor de ese batallón. Tenía un poder ilimitado. Como principal responsable, se le podrían haber imputado todos los hechos delictivos producidos en el país durante aquellos años. Al igual que a Videla.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 14 de abril de 2013)
