Indicó que se trata de una embarcación militar y así respaldó los argumentos de la Argentina en relación al Derecho del Mar. "Goza de la más total inmunidad", remarcó la embajadora Alicia Castro.
La embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, informó ayer que la Organización Marítima Internacional (OMI) –ante la cual es representante–– certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto no puede ser embargada. Ese elemento será parte de la fase pública del proceso contencioso que se abrirá hoy en el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo.
La prueba exhibida por la diplomática demostró que la embarcación no posee el número de registro definido para los navíos dedicados a actividades comerciales por ser, justamente, un buque de guerra.
La OMI, organismo dependiente de Naciones Unidas (ONU) y con sede en Londres, confirmó que su registro Nº 6125398 "no ha sido nunca asignado a este buque de guerra, ni a ningún otro buque". Con este argumento, la embajadora Castro afirmó que se respalda "la legalidad de los argumentos argentinos en el sentido de que, en aplicación del derecho internacional del mar, el buque Escuela Libertad goza de la más absoluta inmunidad y por lo tanto, no puede ser embargado".
En ese sentido, Castro también señaló que "resulta preocupante que algunos legisladores y medios de prensa argentinos difundan falsas informaciones que podrían perjudicar la situación argentina frente a las ávidas demandas de los fondos buitre y en contra del interés nacional".
El buque militar está retenido desde el 2 de octubre pasado por orden de un tribunal de Ghana, que aceptó el reclamo del fondo especulativo NML Capital, con sede en las Islas Caimán, una filial del fondo Eliott, por 370 millones de dólares por bonos de la deuda impagos desde el default declarado por la Argentina en 2001. Se trata de un fondo buitre que se negó a aceptar los recortes propuestos en dos oportunidades por el gobierno nacional para canjear esa deuda.
Para resolver esta situación, la Cancillería argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que convocó a audiencias entre las partes para hoy y mañana. Una declaración ante el tribunal del juez ghanés Thomas A. Mensah, jurando cumplir su cometido "con imparcialidad", sirvió ayer de antesala a las dos sesiones públicas, programadas para el jueves y viernes, en que ambas partes defenderán sus posiciones. Mientras tanto, la embarcación sigue frenada en el puerto de Tema, con una tripulación de 45 hombres. Días atrás, el ministro Héctor Timerman negó que la nave hubiera sido cambiada de lugar.
El portavoz de la Corte, Anja Alsen, le dijo ayer a la agencia Efe que la sentencia podría ser divulgada a mediados de diciembre, teniendo en cuenta el funcionamiento habitual del tribunal. El caso de la fragata es el número veinte en la historia del organismo.
Existe la posibilidad, según trascendió, de que pese a tratarse de la máxima instancia sobre Derecho del Mar, su fallo no sea una resolución definitiva sino que pueda ser apelable. Por otra parte, también se deberá analizar la competencia sobre la constitución de un tribunal arbitral para dirimir en la cuestión de fondo.
Fundado en 1994 como órgano de la Convención de la ONU, el Tribunal Internacional de Hamburgo está integrado por 21 miembros, entre ellos, la juez argentina Elsa Kelyy. En el caso de Mensah, fue designado como juez "ad hoc" para Ghana, por no haber un titular de esa nacionalidad entre sus miembros.
La Argentina apeló el martes contra una decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa, que la semana anterior había ordenado el pago de 1300 millones de dólares a NML y Aurelius. Esos fondos buitre exigen el reintegro del total de los bonos soberanos argentinos en su poder, tras rechazar acogerse a reestructuraciones de deuda planteadas en 2005 y 2010 por el gobierno, después de la suspensión de pagos de 2001.
(Diario Tiempo Argentino, jueves 29 de noviembre de 2012)
