(viene de la edición de ayer)
La propaganda negra continúa
Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo Chávez.
En el año 2005, el ex presidente de la SIP , Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual acusó de “manejar la publicidad de manera selectiva” y “tratar con desconsideración” a los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios pequeños, medianos y grandes.
Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias comunidades.
En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica al presidente Correa como “hostil a la prensa”, sólo por sus expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.
Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual estaría en peligro la libertad de expresión.
En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión —conocida como Ley Resorte— en el año 2004, la SIP , fiel a su precepto de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa, cuando en realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero gobierno de facto.
Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP , apoyar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial.
La SIP defiende el viejo orden
La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Así ocurrió en los años setenta contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer políticas comunicacionales.
En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (Noei) que superara las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este Noei, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el Noal al sistema informativo existente como un instrumento de dominación.
La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información[7], en lo cual de nuevo la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la concentración mediática.
Las denuncias contra ese “libre flujo” encontraron una aliado en el informe “Un solo mundo, voces múltiples”, presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por la Unesco y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz , Sean MacBride. En ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información, así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.
La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al Nomic y a la implementación de políticas nacionales de comunicación (PNC), en una actitud reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación, que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.
El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el Nomic fue el más trillado de toda la época de la Guerra Fría : ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba impulsado por la Unión Soviética.
Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la Unesco , organismo que bajo la conducción del senegalés Amadou M’Bow había decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo.
El acoso contra la Unesco no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su retiro del organismo, denunciando la politización de este foro; y se obtuvo el nombramiento del español Federico Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más dócil ante los intereses dominantes. De allí que el investigador venezolano Oswaldo Capriles concluyera:
El castigo sufrido por Unesco es una de las principales lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas. (1996, p. 42)
Los encargados de esta campaña fueron principalmente The New York Times, las agencias de noticias AP, UPI y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.
La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en contra de la Conferencia de San José de Costa Rica, donde los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no haber solicitado el estatus de observador en la Unesco, no fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se rehuía el debate y, en un golpe de efecto, anunció una reunión paralela en San José, “bajo la gritona dirección de un periodista dominicano, ex portavoz del fenecido dictador Trujillo”, como señalaba Capriles.
En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR contra la Unesco, Capriles indica que ambas patronales lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de una “tesis Unesco”, inspirada por la “extrema izquierda” y atentatoria contra la libertad de expresión. Adicionalmente, los ataques se concentraban contra aquellos países que apoyaban la conferencia, mientras que en los grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los países que se mostraban dispuestos a colaborar.
Los comunicados emitidos por la Unesco no eran publicados por casi ningún periódico, mientras que cualquier documento emitido por el llamado “Comité para la Defensa de la Libertad de Información”, creado por la SIP y por el International Press Institute (IPI) como uno de sus frentes de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados. La campaña de la SIP era repetida en Estados Unidos por los periódicos del grupo Hearts y el New York Times[8]. Entretanto, desde “El Noticiero de la SIP ”, se mezclaban hechos sin conexión, acusaciones de antisemitismo, denuncias de maniobras de la “aplanadora rusa-Tercer Mundo” para arremeter contra la Unesco.
(continua en la edición de mañana)
