La Cámara en lo Civil y Comercial designaba jueces subrogantes sin atenerse a la ley. En esa nómina aparecen tanto Carbone, que dictó la cautelar sobre la Ley de Medios, como Tettamanti que podía dictar sentencia.
Foja por foja, van saliendo a la luz las maniobras con que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial venía nombrando a los jueces subrogantes de ese fuero estratégico, donde se tramita la causa del Grupo Clarín contra la Ley de Medios. La operatoria aplicada para las subrogancias fue denunciada por múltiples irregularidades y dejó ante un posible pedido de juicio político al camarista Ricardo Recondo y a los otros miembros del tribunal, que ya fueron citados por el Consejo de la Magistratura.
Tiempo Argentino pudo acceder al primer cuerpo del expediente Nº 2770/2009, origen de toda esta trama que tiene contra las cuerdas a nombres emblemáticos de la "familia judicial": allí, dejando de lado el mecanismo establecido por la normativa vigente, se dispuso la designación como juez subrogante de Edmundo José Carbone, quien pocos días después dictó el amparo que aún hoy, y hace casi tres años, le permite a Clarín evadir el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El 7 de octubre de 2009, Carbone, con 79 años, había presentado su renuncia al Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1. Faltaban pocas semanas para que la Ley de Medios se debatiera en el Senado, donde todos los pronósticos daban por descontada su aprobación. La renuncia del juez fue aceptada por decreto presidencial Nº 1654, del 3 de noviembre. Carbone seguiría en funciones hasta el 31 de diciembre, cuando dejaría el cargo. Sin embargo, en un cambio notable de actitud, apenas seis días después de que obtuviera su jubilación, el magistrado se ofreció para ser convocado como juez subrogante, a partir del primero de febrero de 2010. Su ofrecimiento era específico: sólo para volver a ocupar el Juzgado Nº 1, donde ya estaba iniciada, desde el primero de octubre, la causa de Clarín.
La Cámara no encontró objeciones, tanto que en 24 horas dio el visto bueno a la prematura designación de Carbone para subrogar el juzgado que aún no había dejado vacante. Para eso, apelaron a la acordada Nº 16/2007 de la Corte Suprema de Justicia, que habilita el llamado a jueces jubilados, pero sólo cuando no se puede aplicar la Ley 26.376, que establece el reglamento de subrogancias. De acuerdo a esta norma, el cargo debe ser cubierto por el titular del juzgado siguiente. En este caso, como el Nº 2 estaba vacante, la tarea le hubiese correspondido al juzgado Nº 3. Y, si por alguna razón no se pudiera emplear este criterio, la ley ordena realizar un sorteo electrónico entre todos los integrantes del fuero. A pesar de esto, sin mediar explicaciones y con gran velocidad, teniendo en cuenta que la vacancia ni siquiera se había producido, los camaristas, con Recondo y la entonces presidenta María Susana Najurieta a la cabeza, optaron por dejar de lado esta norma y elevar la propuesta del jubilado Carbone para su aprobación por parte de la Corte. El 30 de noviembre, Alfredo Jorge Kraut, secretario general y de Gestión del máximo tribunal señaló que la designación de un magistrado jubilado como subrogante es correcta pero sólo "de resultar imposible la aplicación de la Ley 26.376".
El 7 de diciembre, el juez dictó el fallo habilitando la medida cautelar en favor del Grupo Clarín contra dos artículos clave de la Ley de Medios, incluida la cláusula de desinversión. Tres días después, con la acordada Nº 17/2009, la Cámara oficializó la subrogancia de Carbone. Durante todo 2010 y gran parte de 2011, su amparo se transformó en la última línea de defensa judicial del multimedios.
El 15 de septiembre del año pasado, el magistrado tuvo un déjà vu: volvió renunciar. "Motiva mi solicitud, entre otras razones, la avanzada edad, dado que el pasado 10 de junio cumplí 81 años", escribió Carbone y la Cámara lo supo entender.
Este caso fue el puntapié para otra serie de designaciones similares en el mismo fuero. Ya el 5 de septiembre de 2012, sólo con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Farrell –otro juez jubilado– y de Recondo, se volvió a establecer, sin justificación aparente, un mecanismo de subrogancia al margen de la Ley 26.376. Ese día, Recondo y Farrell dispusieron que los jueces Raúl Tettamanti –también jubilado–, a cargo del Juzgado Nº 4, y Francisco Asís Soto, del Nº 6, dictaran sentencias en los expedientes de los juzgados vacantes Nº 1 y Nº 7, respectivamente. Fue, según se consigna el acta, con un sorteo "mediante un procedimiento manual".
El 11 de septiembre, quizás en un intento por "emprolijar" lo hecho en el acta anterior, Farrell y los camaristas Ricardo Víctor Gurarinoni y Guillermo Alberto Antelo le dieron una vuelta de tuerca al asunto, insistiendo con que las vacantes en el fuero "no han podido ser objeto de una subrogación regular debido a que, por un lado, es inviable la aplicación del art. 1 inc. a) de la Ley 26.346." Los camaristas dijeron que venían aplicando "un régimen de subrogaciones rotativo", donde todos los magistrados de primera instancia ocupaban los juzgados acéfalos a razón de uno por semana. Pero estos jueces, que apenas podían tener las causas unos pocos días, sólo se ocupaban de los trámites. Para dictar sentencia se estableció la asignación por "sorteo informático". La Cámara dijo que esta solución terminó "puesta en crisis", responsabilizó a la demora en la selección de jueces titulares y se lamentó por los efectos negativos de su propia creación: "Sobrecarga de tareas" y "multiplicidad de criterios". Como solución, luego de haber "consultado las estadísticas de cada juzgado e intercambiado opiniones con los distintos magistrados", el tribunal concluyó que Asís Soto y Tettamanti –quien acabaría renunciando, en medio de los cuestionamientos a su nombramiento– "están en mejores condiciones para colaborar con el dictado de las sentencias definitivas". Por último, se menciona el acta del 5 de septiembre y se habla de un "sorteo pertinente" realizado con la asistencia de Recondo.
A pesar de en todo este tiempo haber repetido una y otra vez la supuesta imposibilidad de llevar adelante lo establecido por la ley, el 18 de octubre pasado, mientras el escándalo de los jueces subrogantes se hacía público, la Cámara dio marcha atrás. Y lo que pocos días atrás era "inviable", dejó de serlo. "Las repercusiones que el aludido sistema de subrogaciones ha generado en las últimas declaraciones oficiales aconsejan al Tribunal a seguir, en adelante, el procedimiento establecido por el artículo 1º inc. a) de la Ley 26.379".
El documento lleva la firma de cinco camaristas, pero no la de Recondo. Donde sí deberán estar todos presentes es frente a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. «
"No está en juego la libertad de expresión"
¿Usted cree que está en riesgo la libertad de expresión en la Argentina en esta puja gobierno-Clarín?– le preguntó ayer el diario Perfil a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Eleha Highton de Nolasco.
–No, no creo que esté en riesgo la libertad de expresión, y francamente la libertad de expresión no está mencionada en el expediente ni en nuestra resolución; se mencionan otros derechos, pero no la libertad de expresión– responde la magistrada, e insiste: "No veo como un riesgo la libertad de expresión, porque ustedes hablan de la libertad de expresión. En este expediente (Clarín) no está en juego la libertad de expresión".
Highton apeló ayer a su moderación habitual para sortear las preguntas del matutino que buscaban legitimar la idea de una intervención política inédita sobre la justicia, a partir del conflicto por la designación de jueces. "Hay una especie de intervención muy fuerte para solucionar un problema que ha parado un concurso en este momento o una designación, porque el concurso ya había avanzado, terminado o casi terminado, y era el plenario el que tenía que resolver", dijo, y aclaró que el máximo tribunal no puede actuar sobre el Consejo de la Magistratura.
(Diario Tiempo Argentino, domingo 21 de octubre de 2012)
