La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó al ex titular de la SIDE durante parte del menemismo, a dos ex agentes de Inteligencia y al titular del Seprin por pinchar e-mails de funcionarios y a los periodistas Carlos Pagni y Roberto García como “encubridores”.
Entre agosto de 2006 y junio de 2008 una “compleja organización clandestina de espionaje” hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno, desde secretarios y ministros hasta la propia presidenta Cristina Kirchner, también en su etapa previa de senadora. El “propósito” era “hacerse y comercializar datos, noticias e información” “de orden político, social, militar o económico” que “debían permanecer secretos en función de la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores”. Sin embargo, el material arrebatado pasaba por varias manos y muchas veces terminaba saliendo a la luz en medios periodísticos, como si fuera fruto de una intensa búsqueda o proviniera de fuentes calificadas.
Esa red ilegal tenía como líder a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, según definió la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al procesarlo ayer, después de seis años de investigación, como jefe de una asociación ilícita y por hacer espionaje. Según la resolución, el trabajo de detectar y capturar e-mails lo hacían dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Iván Velázquez –prófugo– y Pablo Carpintero, al igual que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, los tres imputados como parte de la misma banda. En otro grupo, el de quienes consumían y difundían el contenido hackeado a sabiendas de su “origen espurio”, fueron procesados por encubrimiento y revelación de secretos el periodista de La Nación Carlos Pagni, el director del portal Urgente 24 Edgar Mainhard y el periodista Roberto García (columnista de Perfil, antes director de Ambito Financiero). El empresario Néstor Ick y el general Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, también fueron considerados encubridores.
“El objetivo primordial de Yofre era el de conocer en tiempo real información acerca del rumbo y las estrategias del gobierno nacional en sus principales áreas. Pero no cualquier tipo de información, sino aquella vinculada con las decisiones que estaban al exclusivo cargo de los altos estratos del Poder Ejecutivo nacional”, advierte el fallo de Arroyo Salgado, de 354 páginas. Allí definió que hay que aplicar al caso la Ley 13.985, que prohíbe el espionaje y lo castiga con hasta 10 años de prisión. A Yofre le trabó un embargo de medio millón de pesos; a Carpintero y Alderete les embargó 300 mil y a los hombres de medios, 200 mil pesos a cada uno. No dispuso detenciones porque la mayoría se ha mostrado a disposición de la Justicia, excepto Velázquez, quien huyó a Uruguay, donde tuvo problemas con la ley por el mismo tipo de maniobras cibernéticas y sigue allí porque el país vecino no quiere extraditarlo.
Según Arroyo Salgado, el hackeo y pishing de e-mails no sólo violó la “privacidad” de sus titulares, sino que “se vio afectado un bien jurídico sensiblemente más relevante”, “la seguridad nacional”, ya que algunas “víctimas” enviaban información “trascendental por ese medio”. En los delitos aplicados fue más dura que el fiscal Sebastián Basso, quien pidió procesamientos sólo por asociación ilícita. La jueza citó como ejemplo la divulgación de “datos de alta sensibilidad sobre la investigación relacionada con la desaparición de Julio López” como las “medidas de investigación que se estaban desarrollando”. Otras situaciones, sostuvo, podrían haber “afectado seriamente las relaciones exteriores” con ciertos países, al ventilar las “estrategias” ante la comunidad internacional y “valoraciones” sobre conflictos con otros países. Se refería a cuestiones como el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y el conflicto con Uruguay por las papeleras.
La causa judicial comenzó a tramitar en agosto de 2006, con una denuncia de la ex SIDE. Cuando se hizo pública, se mezclaban las noticias sobre hackeo a personajes de la farándula, como Susana Giménez, y a los funcionarios públicos. El rubro de los artistas tramita aparte, por ser delitos de acción privada. La lista de “víctimas” que consideró Arroyo incluye a Cristina Kirchner, Daniel Scioli (como vicepresidente), Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), Nilda Garré (cuando estaba en el Ministerio de Defensa), Jorge Taiana (ex canciller), Héctor Timerman (cuando era cónsul en Nueva York), Jorge Argüello (como diputado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores), Fabián Gutiérrez y Jorge Bounine (secretarios de Néstor Kirchner y luego de Cristina), Alicia Castro (embajadora en Venezuela), José Scioli (como funcionario en el Ministerio de Planificación), Carlos Bettini (embajador en España), Alberto Dalotto (ex jefe de Gabinete de Cancillería); Héctor Icazuriaga (titular de la Secretaría de Inteligencia), Alessandra Minnicelli (ex síndica general adjunta) y a la División de Delitos Económicos de la Policía Federal.
La mayoría reconoció como propios ante la jueza los e-mails detectados en las computadoras secuestradas o impresos en los domicilios de Yofre y su grupo. Fernández, Timerman, Garré y Argüello precisaron que “muchas ocasiones vieron que cierta información relativa a la función que cada uno de ellos ocupaba en el ámbito del Poder Ejecutivo y que la manejaban exclusivamente vía mail era publicada en Seprin, Urgente 24, Ambito Financiero y La Nación”. El ex jefe de Gabinete dijo que Pagni publicaba notas con el contenido de sus correos electrónicos.
La jueza explica el modus operandi de la organización. Yofre, por propia iniciativa o a pedido de sus clientes, establecía los “objetivos de interés”, o sea los funcionarios a espiar, y les pedía “a sus brazos ejecutores”, Velázquez, Carpintero y Alderete, que detectaran las cuentas de correo y las interceptaran. A veces hackeaban directamente, otras hacían pishing, enviando mensajes falsos que requerían al usuario la clave de seguridad. Para enviarse entre ellos el material obtenido creaban una cuenta de correo (a veces de proveedores radicados en otros países) y “depositaban” los e-mails robados en la bandeja “borrador”. Yofre tenía abiertas varias de esas cuentas y compartía las claves con sus socios. “Centralizaba” y “repartía” la información. Lo mismo hacía con quienes entraban en escena en la “segunda etapa”: los clientes que recibían los correos electrónicos obtenidos.
La pesquisa se nutrió del análisis de los mensajes que Yofre, sus aliados y sus clientes se mandaban a través de esas cuentas “receptáculo”, de escuchas telefónicas y de lo incautado en allanamientos, como software de hackers para captar “pantallas, pulsaciones de teclado y toda la actividad desarrollada en otra computadora”.
“Después te paso los blancos. Por el momento seguí con Pepe Scioli; Jorge el neoyorquino; el ruso Héctor y el vasco impronunciable. También los santiagueños y los riojanos”, le indica Yofre a Alderete. “Estimadísimo Tata: te comunico que en el día de la fecha pudimos encontrar al tío Alberto”, se reporta Iván Velázquez, quien trabajaba en tándem con Carpintero (incluso en la consultora Inteligence Consulting Group), según definió la jueza. “Sacá a Vilma de circulación. Parece una pérdida de tiempo”, indica Yofre en alusión a Vilma Ibarra. “La mensualidad está disponible el viernes a primera hora”, le hablaba al espía del pago. Del lado de los “consumidores”, Urgente 24 publica la información sobre la investigación de Julio López, Pagni reclama datos de las “valijas” de Antonini Wilson, García pide y publica acerca de un reunión de Cristina Kirchner en la Unión Industrial, entre muchos ejemplos.
Todo este tráfico ilegal de información, dice Arroyo Salgado, tenía fines “netamente económicos”, afirmó la jueza, aunque no se pudo establecer cuánto cobraba o pagaba cada quien. En la casa de Alderete fue hallado un diskette con una propuesta de servicios tarifados: 12 mil pesos mensuales por información de coyuntura política y económica; 15 mil informes clasificados (comerciales, patrimoniales, entradas y salidas del país, antecedentes, información negativa) y el control de correo electrónico 3500 por cada objetivo. “Alerta amarilla”, advirtió un mensaje supuestamente de Yofre, en 2008, cuando Página/12 comenzó a hablar de esta historia de espías.
“Mejor que decir...”
Juan Bautista “Tata” Yofre no sólo fue procesado como jefe de una asociación ilícita y por el delito de espionaje (ambos de suma gravedad), sino también por instigar al ex espía Iván Velázquez a que sustrajera los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y añadiera una prohibición de salida del país a su ex mujer, Andrea Luz Sanguinetti de Ridder. “Estoy en emergencia con una mina que me quiere chantajear”, le dijo Yofre a Velázquez, según figura en el expediente de la causa. Su pedido se concretó para el 2 de enero de 2008, aunque pidió que tuvieran en consideración “la salida del hijo menor, de nombre Jerónimo Yofre”. Velázquez trabajaba entonces en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y concretó la misión utilizando la clave de acceso de otro funcionario de la fuerza. “Mirá este boletín, mejor que decir es hacer... ¿no?”, le mandó un mensaje a Yofre, donde le adjuntaba constancias del sistema de Migraciones.
(Diario Página 12, martes 18 de septiembre de 2012)
