Las bancas del Congreso tienen en sí una multiplicidad de usos. Agunos las utilizan como forma de vida y para cuidar sus intereses personales. Por eso es posible verlos saltar de bancadas y querencias partidarias sin muchas razones de peso. También están las que se alcanzan en pos de un programa político a futuro que se expresan en los bloques opositores con aspiraciones de gobierno.
El oficialismo, como siempre, tiene la mayor responsabilidad, sobre todo en tiempos de una crisis internacional que se empecina en hacer llegar sus consecuencias por estas tierras. El Frente para la Victoria tiene entonces la imperiosa necesidad de aprovechar la mayoría en ambas Cámaras, para desde allí impulsar leyes que afiancen aun más el proceso de producción e industrialización, pero que también garanticen el aporte interno con dinero genuino que se escapa de la elusión y evasión impositiva.
El gobierno kirchnerista nunca vivió etapas fáciles y tranquilas. Una vez que se superó un desafío, apareció uno nuevo o se autogeneró inmediatamente otro. Derrotado en las elecciones parlamentarias de 2009, no dudó en avanzar por una ley que otro gobierno habría guardado tal vez para siempre: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Recuperó terreno y nuevamente avanzó con más programas sociales, medidas económicas y más leyes. Enfrentó la muerte de su conductor y, una vez más, superado el trance, siguió para adelante, no sólo renovando mandato y sumando mayor cantidad de votos, sino también garantizando derechos a sectores históricamente postergados y discriminados.
Durante el período que perdió la mayoría en las Cámaras parlamentarias, luchó a brazo partido para resistir los embates opositores. Con el recambio de diciembre pasado, aprobó todas las leyes que el entonces Grupo A había evitado promover. Hubo más actividad en el Congreso en estos últimos seis meses que en los dos años del reinado opositor. Pero siguiendo con el estilo de gobierno y de uso del poder que concede el pueblo a través de las elecciones, hay riesgo de enfriar las bancas y no aprovechar a fondo esa ventaja.
La crisis global, cuyas complejas consecuencias llegan a las tierras latinoamericanas, obliga a los que conducen el gobierno, pero también a los legisladores del oficialismo, a aguzar la inteligencia y el instinto para proteger el modelo económico político y social que se aplica desde 2003 o, lo que es lo mismo, proteger al pueblo que, dicho sea de paso, incluye también a los que rechazan o combaten al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Es posible y conveniente que en esta segunda parte del año parlamentario, el Frente para la Victoria renueve desafíos, de esos que le gustan al kirchnerismo, para avanzar en una reforma del sistema financiero e impositivo, que otorguen herramientas que terminen o reduzcan sensiblemente la evasión y elusión de impuestos con la que engordan sus cuentas los sectores de mayores ingresos. Es verdad que con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se abrieron alternativas para implementar medidas sobre el abroquelado mundo financiero. Pero la crisis internacional obliga a buscar más y mejores herramientas que permitan mantener en movimiento permanente este círculo virtuoso que integran la producción, el empleo y el consumo interno, algo que el otrora aliado Hugo Moyano parece empeñado en desconocer y, peor, combatirlo.
Tal vez es hora que los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella, de Nuevo Encuentro, desempolven el proyecto de servicios financieros y así se recalienten las bancas en pos de respaldar al modelo que recibe ataques externos e internos cada vez más fuertes.
Es claro que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno central y sus representantes en el Congreso Nacional. Pero no son los únicos. Los gobiernos provinciales y sus legislaturas no pueden estar exentos de estas batallas. Un ejemplo es el de la provincia de Buenos Aires.
Si tanto se alardea de pertenecer al gobierno y adherir a sus postulados, entonces por qué fue necesario que Cristina presionara para que Daniel Scioli se atreviera a implementar una modesta modificación al impuesto inmobiliario rural que, teniendo en cuenta la riqueza que hay en las tierras bonaerenses, debería ser una de las fuentes genuinas de ingresos a las arcas públicas.
Ser parte del modelo implica enfrentar intereses y por eso la situación del gobernador bonaerense es menos comprensible que la de otros mandatarios provinciales, sobre todo por el poderío económico de Buenos Aires, que es muy superior al resto. De todas maneras, los gobiernos de provincias deberán tomar nota de que si bien el modelo se aplica en todos lados y los beneficios se distribuyen, no es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional enfrentar los intereses y corporaciones que se niegan al cambio; también esos gobiernos provinciales deben hacer lo mismo en sus distritos y para ello replicar leyes y normas que se aprobaron con mucha dificultad en el Congreso Nacional.
(Diario Tiempo Argentino, lunes 16 de julio de 2012)